En la ONU, Iván Velásquez, dijo que en Guatemala aún persiste una “corrupción sistémica” que se ha apoderado de varios partidos y del propio Estado.
Durante la reunión anual de países donantes de la entidad en la sede de la ONU en Nueva York, el colombiano aseguró que “no se puede negar la existencia de una corrupción sistémica en el Estado de Guatemala que ha logrado cooptar a los partidos políticos y al propio aparato estatal”.
Esto ha conseguido sustituir, en períodos de la historia reciente, los intereses nacionales por intereses privados y sectoriales “tendientes al enriquecimiento ilícito de grandes redes político- económicas”, indicó en un comunicado la Cicig, con sede en Guatemala.
Velásquez destacó la necesidad “urgente” de atender los desafíos aún existentes junto con otras unidades del Sistema de Justicia para generar “procesos eficientes y rápidos y de esta manera lograr más sentencias en los procesos iniciados”.
El abogado colombiano insistió en la necesidad de hacer una “reforma estructural” que modifique las formas de acceso y ejercicio del poder judicial, porque si no los resultados “serán siempre los mismos”.
Velásquez pidió además un nuevo “despertar ciudadano”, como el que en 2015 terminó con la denuncia del exbinomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti -ambos en prisión preventiva por varios casos de corrupción-, pero “más profundo y más consciente” para contribuir a la construcción de una cultura de “legalidad”.
El comisionado Velásquez explicó en su informe que en nueve años de la Cicig en el país ha podido conocer y entender la lógica de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (Ciacs), los cuales se han enquistado y dañado al sistema económico, político y judicial de Guatemala, según se lee en la página en línea de la Comisión.
Desde 2015, la Cicig y el Ministerio Público (MP) han emprendido una cruzada contra la corrupción y han desarticulado más de una docena de casos que involucran a exmiembros del Ejecutivo.
Entre estos destaca el caso de la La Línea una estructura de defraudación aduanera supuestamente dirigida por el expresidente Pérez Molina y la exvicepresidenta Baldetti, ambos en prisión preventiva acusados de cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera.
Las dos entidades han revelado varios casos que implican a unas 300 personas, entre exfuncionarios, empresarios, políticos, diputados, alcaldes y particulares, entre otros.
Los países donantes de la entidad son Alemania, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Holanda, Inglaterra, Italia, Noruega, Suecia y Suiza, además de organizaciones internacionales como la Unión Europea, Fosi y Soros.
Los Gobiernos de Alemania, Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia, España, Italia, Francia, Suecia, Suiza y Uruguay contribuyen con personal especializado en seguridad e investigación criminal para las operaciones en Guatemala.
El mandato de la Cicig, de dos años, vence en septiembre próximo, pero el presidente Jimmy Morales, solicitó el año pasado por adelantado una prórroga hasta septiembre de 2019.
Velásquez fue nombrado para dirigir la Cicig el pasado 31 agosto de 2013, después que el costarricense Francisco Dall'Anese estuviera al mando por tres años.
En febrero de este año, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, a través de uno de sus voceros, Farhan Haq, manifestó su apoyo al trabajo del Comisionado Velásquez al frente de la Cicig.
En ese entonces Guterres afirmó que no tenía conocimiento de algún requerimiento para remover a Velásquez, a pesar de que se han denunciado diversos esfuerzos, de diversos sectores, para cabildear ante la ONU sobre la salida de Velásquez.
Velásquez ha sido auxiliar de la Corte Suprema de Colombia, donde coordinó investigaciones de alto perfil sobre los vínculos entre grupos paramilitares y funcionarios públicos.
También tiene amplia experiencia de fiscales e investigaciones en la Procuraduría General de Justicia de Colombia y como Director Regional de la Fiscalía General del Departamento de Antioquia.
La trayectoria de Iván Velásquez Gómez*
- Nació en Medellín, Colombia, estudió Derecho en la Universidad de Antioquía, Medellín.
- Ocupó el cargo de Procurador Departamental de Antioquia entre 1991 y 1994.
- En esos años consolidó la Oficina de Derechos Humanos de la Procuraduría Departamental, la cual atendía denuncias de violaciones a los Derechos Humanos.
- En 1996 fue magistrado auxiliar en el Consejo de Estado, y un año después fue electo como Director Regional de Fiscalías en Medellín (1997-1999).
- En 2000 fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia.
- Del 2006 hasta agosto del 2012, coordinó la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal a cargo de investigar las relaciones entre miembros del Congreso de la República y el paramilitarismo. Logró la condena de más de 50 congresistas y la vinculación de 130 diputados.
- La International Bar Association (IBA) le otorgó el Premio Mundial de Derechos Humanos en el 2011.
- La Asociación de Jueces Alemanes lo reconoció por su compromiso en la lucha contra la impunidad.
- En el 2013 fue designado como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
