Mientras que el Ministerio de Gobernación presentó un memorial de aclaración y un recurso de anulación de actuaciones, y el de la Defensa Nacional, otro de nulidad.
Todos los recursos buscarían que el máximo tribunal de justicia del país revoque la resolución provisional que emitió el pasado 16 de septiembre, en donde señala que el gobierno debe permitir el ingreso al país del comisionado o comisionada de la Cicig, resolución que posteriormente aclaró, hacía referencia al actual titular de esa comisión, Iván Velásquez.
Pese a la resolución de la CC, el gobierno sostiene que no permitirá el ingreso al país de Velásquez. Este martes el vicepresidente Jafeth Cabrera rechazó la resolución emitida por la Corte al asegurar que los magistrados actuaron fuera de la ley.
Debe acatar
El abogado Alfonso Carrillo, quien presentó el amparo en favor del ingreso del titular de la Cicig, expuso que contra las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad solo procede la aclaración y la ampliación. Y Afirmó que la obligación del Gobierno es acatar lo dispuesto por la máxima judicatura.
“El presidente debe cumplir y velar porque se cumpla la Constitución y eso incluye acatar el amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad”, expuso el abogado en un comunicado difundido en su cuenta de Twitter.
Agregó que con la postura gubernamental se ataca “no solamente a la Cicig, sino a la justicia y la verdad, pues el poder de las mafias depende de manipular las leyes y las instituciones del Estado”.
Son intrascendentes
Para el abogado constitucionalista Alejandro Balsells los recursos que presente el Ejecutivo o cualquier parte en contra del amparo provisional son intrascendentes puesto que existe una resolución de la CC que debe cumplirse.
“Llama la atención que el presidente en Naciones Unidas hablara de respeto al derecho cuando acá en Guatemala lo que hace es un evidente abuso de derecho”, afirmó Balsells.
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Añadió que el Gobierno puede pedir la revocatoria de un recurso “mil veces”, pero eso no quiere decir que no cumpla una sentencia de la máxima judicatura, por lo cual considera que está litigando “de mala fe”.
Al abogado añadió que el vicepresidente Jafeth Cabrera pudo haber incurrido en el delito de desobedecer una resolución de la CC con las declaraciones que ofreció este martes.
Si es legal
El abogado Raúl Falla, integrante de la junta directiva de la Fundación contra el Terrorismo, manifestó que los recursos legales interpuestos en la CC son “totalmente legales”.
“Todos los guatemaltecos tenemos la obligación de exigirle a la Corte de Constitucionalidad que emita resoluciones fundamentadas en ley”, añadió Falla.
El objetivo de los recursos, precisó el abogado, es que la resolución sea reestudiada y examinada de nuevo para que los magistrados verifiquen que están cometiendo una ilegalidad. “Se les está dando una oportunidad, previo a que les podamos presentar una acción de antejuicio por prevaricado”, indicó.
Según Falla, si el Gobierno no acata la resolución provisional de la CC no caería en la ilegalidad porque lo dictado por esa judicatura no es en forma definitiva y aún hay recursos pendientes de ser resueltos y notificados al respecto.
Polémica por visas
La tarde de este martes surgió una controversia por la cantidad de visas que la Cancillería ha facilitado a los integrantes de la Cicig y sus familiares.
El portavoz de esa institución, Matías Ponce, afirmó que hasta el día de hoy solo han sido renovadas 11 de 42 solicitudes, 28 días después de haber pedido la renovación.
Una portavoz de la Cancillería respondió que ya se han autorizado otras cinco y que se avisó vía telefónica a la Cicig el pasado viernes. Los documentos habrían sido recogidos en la Cancillería la tarde de este martes.
Ante la consulta de periodistas la portavoz indicó que se envió un correo electrónico para reafirmar el aviso telefónico que se efectuó el viernes puesto que las visas ya están listas, el resto de documentos seguirán el “trámite correspondiente”.
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