“En realidad el problema no es mi permanencia ni la de la Cicig. El problema es que requieren garantizarse impunidad a como dé lugar y para ello requieren recuperar el control absoluto de la Fiscalía y del organismo judicial. Si el Gobierno garantiza que la Cicig pueda continuar cumpliendo cabalmente su mandato, yo no tengo problema en renunciar”, dijo Velásquez, quien permanece en el extranjero desde que el Gobierno prohibió su ingreso, algo que la Corte de Constitucionalidad (CC) dejó sin efecto.
Según Velásquez, el convenio de Cicig termina el 3 de septiembre de 2019. Por su parte, el Gobierno ha dado por terminado el convenio, algo que dejó suspendido provisionalmente la CC.
“Así es la situación”, expresó el comisionado respecto a que el presidente Jimmy Morales y la canciller Sandra Jovel han dicho que no van a aceptar órdenes ilegales.
Preguntado sobre el inconveniente de no poder dirigir la Cicig en Guatemala y ser parte de la lucha contra la corrupción, Velásquez respondió que hay un propósito de procurar impunidad. “Muchas personas en Guatemala están haciendo todo lo posible para que no se pueda continuar el trabajo de la Comisión. Desde el segundo semestre del 2016 empezó una muy agresiva campaña de desprestigio y de desinformación a través de redes sociales y lobbies que se hicieron en Estados Unidos por parte de empresarios, como lo documentó la prensa guatemalteca”.
Velásquez adelantó que las investigaciones de la Cicig no se podrán terminar antes de septiembre y agregó que para fortalecer el sistema de justicia es necesaria una “voluntad fuerte” del Gobierno, “que no existe ahora”.
Aparte, cuestionado por la situación de los derechos humanos en Guatemala, el comisionado dijo que desde febrero del año pasado hay una escalada en muertes de líderes sociales y miembros de organizaciones campesinas e indígenas. “Hay temor porque afirmaciones como las del Gobierno respecto de la decisión de la Corte puedan conducir a una fractura constitucional”, reflexionó.
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