Aizenstadt dijo que esa cantidad debía ser pagada por APM Terminals, que se convirtió en dueña de TCQ al comprar la empresa Terminal de Contenedores de Barcelona.
El contrato del Estado con TCQ, para la ampliación del Puerto Quetzal, valorado en US$255 millones –unos Q1 mil 929.8 millones-, fue el objeto de una trama corrupta supuestamente liderada por el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.
Debido a que para las operaciones de este año se necesitan US$18 millones, el interventor dijo que la situación de TCQ es “critica”, agregó que la empresa tiene una deuda de US$126 millones.
Nuevo contrato
Junto al pago, la recomendación del interventor es anular el contrato y firmar uno nuevo, con APM Terminals; mientras esto ocurre, al contrato vigente se le añadió una clausula anticorrupción, afirmó.
El nuevo contrato, debería ser aprobado por el Congreso, según Aizenstadt, quien propone que la concesión sea por un plazo de 21 años y, al terminarse, todo el equipo de TCQ debe pasar a ser propiedad del Estado.
El interventor afirma que, de ser aprobadas sus propuestas, no habría repercusión en el proceso penal y que todo debe hacerse de forma jurídica.
Aizenstandt aseguró que no es él el encargado de comenzar negociaciones con APM y dijo que espera que mañana viernes, esta empresa de una respuesta sobre las propuestas.
