La visa del comisionado Iván Velásquez y varios integrantes de su equipo jurídico y técnico se vence el próximo 18 de septiembre, lo que abre la posibilidad, y la duda, de si la Cancillería renovará los documentos que permiten a los extranjeros que trabajan en la Comisión estar en el país de manera legal.
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“El amparo planteado busca que la Corte de Constitucionalidad haga cesar la amenaza de que el Presidente de la República o la ministra de Relaciones Exteriores denieguen o demoren la renovación de la visa oficial del Comisionado, en inobservancia del referido artículo 10 literal d) del acuerdo de creación de la Cicig o giren instrucciones y/o provoquen un estatus migratorio respecto al Comisionado, que permita la ejecución de actos y medidas tendientes a expulsarlo del país”, indica Carrillo en el amparo.
También señala que la amenaza de violación también atenta en contra de la independencia de la Cicig al buscar, en lo que resta del mandato vigente, el retiro de la Comisión, causando daños irreparables a los compromisos adoptados por el Estado de Guatemala.
Rechazo anterior
El año pasado, en fechas cercanas al vencimiento del documento migratorio de Velásquez, también se abrió un debate sobre la posible negación de la visa, de hecho, una primera solicitud de renovación fue rechazada y fue hasta un segundo intento que se validó de nuevo el visado de Velásquez.
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Finalmente la visa del comisionado fue renovada, sin embargo, trascendió una carta que se le hizo llegar a la sede de la Cicig, firmada por la vicecanciller Alicia Castillo Sosa, advertía a Velásquez que no debía inmiscuirse en ciertos temas.
“Debo recordarle que los privilegios e inmunidades de que ha gozado en el país de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del referido Acuerdo -de la Cicig-, no le eximen de obligación de respetar la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes del Estado, así como abstenerse de inmiscuirse en asuntos internos mientras se encuentre en territorio guatemalteco”, citaba la misiva.
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