Actos que a criterio de la bancada interpelante encuadran en una serie de cargos penales, que además tuvo costos millonarios para el Estado de Guatemala.
Pero el presidente del Congreso, el oficialista Allan Rodríguez, informó que al no haberse podido celebrar esta semana la instancia de Jefes de Bloque no se pudo acordar un orden del día para la sesión de Pleno, que por consecuencia fue suspendida.
El juicio político estaba en agenda desde hace aproximadamente dos meses, en donde los diputados interpelantes trasladaron a Dirección Legislativa el interrogatorio para Pimentel, que consta de 20 preguntas básicas.
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Esta es la tercera interpelación que se abre contra uno de los ministros de la administración de Alejandro Giammattei, el primero fue Raúl Romero, titular de Desarrollo Social, seguido de Gendry Reyes, ministro de Gobernación.
Así mismo la ministra de Salud, Amelia Flores, recibió una solicitud de interpelación para ser cuestionada por la forma en que se ha abordado la pandemia, debate político que está pendiente de programación.
La Constitución Política de la República respalda esta dinámica legislativa en sus artículos 165, 166 y 167, ejercicio político que tiene blancos y negros.
Lo bueno
Toda vez se haga de la manera correcta, la interpelación es una de las mejores herramientas que tiene el Congreso de la República para cumplir con la fiscalización.
Según el constituyente Aquiles Fallace, esta dinámica es uno de los pilares para el ejercicio parlamentario del país, “el Congreso como entidad, como organismo de Estado, tiene dos funciones primordiales que es la fiscalización del Ejecutivo y el operar del Estado, y la legislación, el poder de emitir las normas con las que se va a regir el Estado y sus habitantes”.
La Carta Magna indica que 48 horas antes de la fecha para la interpelación el ministro aludido ya tiene que contar con las preguntas básicas, en caso sea necesario para el ministro buscar datos certeros de su institución.
“Ni el Congreso en pleno, ni autoridad alguna, podrá limitar a los diputados al Congreso el derecho de interpelar, calificar las preguntas o restringirlas”, resalta parte del texto constitucional en su artículo 166.
Así mismo la fiscalización también se divide en áreas, pero para Fallace la interpelación se puede considerar como el máximo ejercicio de rendición de cuentas dentro del ámbito político, que tiene su origen en la Carta Magna.
“Dentro del poder de fiscalización existen dos áreas, las citaciones de los diputados a funcionarios y la interpelación política de los ministros, esto lo que les da es la capacidad al Congreso, no a los diputados, al Congreso como entidad el poder fiscalizar las acciones tanto administrativas como políticas del Estado. La interpelación es la máxima expresión política”, explicó.
La finalidad del juicio político para los interpelantes es poner en evidencia la mala gestión de un ministro, para que en la sesión de Pleno, con mayoría absoluta se proceda a emitir un voto de falta de confianza.
Dicha calificación haría que los ministros se vean obligados a presentar su renuncia, aunque la misma tendría que ser evaluada por el Presidente y su consejo de ministros, en caso considere que las actividades del funcionario se ajustan a la convivencia nacional y política.
El constituyente afirma que esta herramienta fue otorgada al Congreso de la República por una razón, para que sean los congresistas como representantes del pueblo quienes cuiden por el buen uso de los recursos públicos.
“Los que son los representantes directos del pueblo son los diputados, si usted mira aunque al Presidente lo elijamos directamente por voto popular los que son los representantes de cada distrito electoral son los diputados, es el Congreso el que aprueba el presupuesto y la ejecución de gastos, por lo tanto ellos tienen el derecho de poder ver que se está haciendo y como se está haciendo. La interpelación es una de las herramientas de lo más útil, bien utilizada”, indicó.
Las preguntas no se limitan solo a diputados de la bancada interpelante.
Lo malo
En los últimos años las interpelaciones han ido perdiendo calidad, a decir de Rubén Hidalgo, Director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep).
Experto en la rama política quien considera que los pocos resultados que dejan estas dinámicas de fiscalización se deben, en buena medida, a que los interpelantes no buscan el apoyo de otras bancadas.
“Lo importante en este caso es señalar los pírricos resultados que hemos obtenido en los últimos ejercicios de fiscalización ya que los diputados o los acuerdos inter partidarios que existen en el Congreso se han dado a la tarea de bloquear los ejercicios de interpelación, para que no cumplan con su cometido que será brindar transparencia al ejercicio de los ministerios”, señaló.
Precisamente esa falta de apoyo, a criterio de Hidalgo, choca con una estrategia de las bancadas oficialistas que buscan proteger a los ministros de Estado.
Estrategia que afirma ya hemos visto en la presente legislatura, en donde era imposible abrir a las sesiones plenarias para que diputados pudieran cuestionar con total libertad a los ministros de Desarrollo Social y Gobernación.
“Algunos partidos políticos se han dado a la tarea de confabular en contra de los objetivos correctos de una interpelación y han truncado, dilatando tiempos y cualquier otro tipo de artilugio a manera que las interpelaciones no rindan frutos”, recordó.
Aunque las intenciones de una interpelación puedan ser genuinas, las debilidades anteriores tendrán efectos negativos en la producción legislativa y en la cartera del ministro que está sujeto al interrogatorio.
Por ser la interpelación un tema de rango constitucional debe abarcar la parte prioritaria de la sesión, lo que impide que leyes ordinarias u otros puntos puedan seguir su dinámica.
“Los ejercicios de fiscalización frustrados ante la apatía y el desinterés, junto a la no complacencia y participación de la bancada oficial que anda haciendo alianza actualmente, termina empantanando el desarrollo de otros temas porque se dedica demasiado tiempo al tratar de llevar a puerto seguro la interpelación, pero la dinámica de bloqueos hace que estos tiempos se hagan prolongados hasta afectando el desempeño de un ministro en su cartera”, enfatizó.
Aunque los interpelantes ya no tengan dudas pero por ser un tema de fiscalización abierto, cualquiera de los 160 diputados puede tomar la batuta en la fase de repreguntas haciendo que el interrogatorio se extienda por un plazo indefinido, dañando el resto de dinámicas parlamentarias.
Algunos de los mecanismos recientes que se han observado en las sesiones plenarias, que realentizan las interpelaciones, es no llegar al mínimo de diputados para la sesión, lo que hace que la plenaria quede abierta, para finalmente solicitar una verificación de quórum.
