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Por otro lado, Bran presentará el próximo viernes su línea de ropa, durante una actividad que se desarrollará en un hotel de la zona 10 capitalina. Los diseños llevan el nombre del alcalde de Mixco que busca la reelección.
Consultado sobre los dos casos, el inspector General, Óscar Sagastume, dijo que todo es susceptible de investigación, por lo que no se descartó el análisis de las acciones de los dos candidatos.
Gracias por tanto apoyo y cariño. Gracias por este vídeo que me hacen llegar. ¡Claro que voy! #NosVemosEnLasUrnas https://t.co/yieV8iCLqz
— Zury Rios (@ZuryxGuate) February 20, 2019
Según Sagastume, todo lo que se publica en los medios de comunicación es objeto de monitoreo y se somete a un análisis, además se verifica con la Ley Electoral y si se determina que se comete alguna infracción se traslada al Registro de Ciudadanos.
La campaña electoral comienza el 18 de marzo y finaliza el 14 de junio.
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Hasta este miércoles, la Inspectoría tiene registradas 120 denuncias por posible campaña anticipada, informó el jefe de esa unidad.
A esa instancia también se han presentado algunos expedientes de parte de la Unidad de Medios del TSE, para que se investigue respecto a posible campaña anticipada de candidatos.
La directora de esa unidad, Rosa María Bolaños, no precisó la cantidad de expedientes trasladados y dijo que, debido a que se trata de un análisis, no puede revelar el nombre de los candidatos o partidos políticos a los que se refiere.
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Responde al Ejecutivo
La Unidad de Medios envió el jueves una respuesta a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia en la que señala las prohibiciones al presidente Jimmy Morales en el contexto de las elecciones.
Bolaños dijo que la respuesta se basó en el Artículo 223 de la Ley Electoral, que establece en varios incisos la prohibición de usar recursos y bienes del Estado para propaganda electoral.
En este artículo se prohíbe a los funcionarios y empleados públicos “dedicarse durante la jornada de trabajo a funciones o actividades de carácter político electoral, así como emplear su autoridad o influencia en favor o en perjuicio de determinado candidato u organización política”.
También señala que “los empleados y funcionarios públicos, así como los contratistas del Estado no pueden inaugurar, dar a conocer o inaugurar públicamente obras realizadas en cumplimiento de sus funciones y participar de cualquier forma en publicidad o propaganda de las actividades, gestión u obras realizadas”.
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