Las tres iniciativas también tienen caminos distintos en el Congreso, puesto que la de la vida y la familia ya fue aprobada en segundo debate es la que más posibilidades tiene de convertirse en ley, mientras que la de identidad de género tiene dictamen desfavorable y la de protección a las niñas sigue en análisis, pero con posibilidades de recibir el mismo tratamiento en contra, según mencionan los diputados.
Además de los parlamentarios, sectores conservadores y progresistas han emitido críticas, condenas, elogios y aplausos a dichos proyectos de ley.
Lea también: Pesquisidora en contra del presidente queda en manos de la oposición
Contra el aborto
La iniciativa 5272 fue presentada en abril del año pasado por un grupo de parlamentarios que se autodenominan “provida”.
Después de avanzar en sus primeros dos debates, aparecía en la agenda para que ayer se aprobara en tercer debate, por artículos y redacción final, pero la sesión plenaria fue suspendida a los pocos minutos de comenzar, ante la amenaza de que maestros encerraran a los legisladores.
La iniciativa propone una serie de medidas que, según sus ponentes, “buscan proteger el derecho a la vida, la familia, la libertad de conciencia, el derecho de los padres a educar y orientar libremente a sus hijos en el ámbito sexual, y al matrimonio como base de la sociedad”.
El dictamen de la iniciativa afirma: “Se plantea la necesidad de incrementar la pena y reestructurar figuras penales relacionadas al aborto, además de realizar una definición de matrimonio, que es acorde y continuista con criterios constitucionales, y que busca evitar que dicha institución pueda ser desvirtuada en sus elementos y fundamentos”.
Los detractores de la propuesta critican dos puntos, el primero es el endurecimiento de las penas y conceptos de aborto, es decir, el aborto procurado, que actualmente es punible con uno a tres años de cárcel, se sancionaría con cinco a 10 años de prisión.
Asimismo, la tentativa y aborto culposo -los que ocurren por accidentes y que actualmente son impunes para las madres- se penalizaría con prisión de dos a cuatro años.
El segundo foco de críticas es la prohibición de la declaratoria de unión de hecho de las personas del mismo sexo.
Sandra Morán, diputada del bloque Convergencia, aseguró que la iniciativa es una contradicción en sí misma porque, si bien hablan de la familia, “estarían castigando a las mujeres enviándolas a la cárcel y por lo tanto destruyendo las familias”.
En su artículo 2, por ejemplo, la propuesta de ley define que “diversidad sexual” es “el conjunto de pensamientos y prácticas por las que determinados grupos adoptan una conducta sexual distinta a la heterosexualidad e incompatible con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano”.
Opción que polariza
En noviembre del año pasado se presentó la iniciativa de protección a niñas, y en las últimas semanas se han efectuado mesas técnicas para su discusión, pero ha resaltado el rechazo porque en su artículo 7 se plantea que las niñas menores de 14 años puedan interrumpir el embarazo si han sido víctimas de violación sexual.
Organizaciones como Gente Positiva y Mujeres Transformando el Mundo señalaron que un embarazo forzado puede ser catalogado como una tortura para las niñas.
Lea también: Cicig: la corrupción se vale de la falta de mecanismos de control
Por el contrario, Abogados Por Guatemala y la Asociación por el Derecho a Vivir, indicaron que el artículo 7 es inconstitucional, porque contraviene el artículo 3 de la Constitución, que establece que el Estado debe proteger el derecho a la vida desde la concepción.
El presidente de la comisión de la Mujer, Aníbal Rojas, explicó que la propuesta todavía está en análisis para realizar un dictamen.
Identificación
Finalmente, la iniciativa sobre identidad de género se presentó el 1 de diciembre del 2017, y contempla que toda persona transexual, sin discriminación alguna, tenga el derecho de solicitar la ratificación de su partida de nacimiento cuando esta sea contradictoria a su identidad de género, pero fue dictaminada desfavorablemente el recién pasado 29 de agosto.
El diputado Érick Lainfiesta, de la comisión de la Mujer, dijo que ese dictamen fue por razones técnicas. “Por ejemplo, si alguien muere calcinado, a la hora de un reconocimiento con ADN, este dirá que era hombre, pero si estaba reconocido en su DPI como mujer, hay problemas”, explicó.
Contenido relacionado
>TSE recibe solicitud para cancelación de Encuentro por Guatemala
>Presidente Jimmy Morales asegura que fue electo “limpiamente”
>Felipe Alejos denuncia en Washington supuesta persecución política