Ambas iniciativas buscaban lo mismo, reformar el Código Procesal Penal con la intención de simplificar los procesos para que la aplicación de la prisión preventiva sea la excepción y no la norma, como lo señalan los parlamentarios.
El otro argumento de peso es que con el proyecto se busca desahogar el Sistema Penitenciario que en la actualidad está hacinado en más del 300 por ciento de su capacidad y poco más de la mitad de los reclusos son personas que se encuentran con prisión preventiva.
El dictamen favorable consta de seis artículos, de los cuales cinco modifican artículos del Código Procesal Civil. Entre los cambios de fondo destacan los que se proponen al artículo 268, donde se agrega como causal de excarcelamiento cuando una persona sea mayor de 70 años. Actualmente este artículo permite que se hagan prórrogas indefinidas para que las personas ligadas a proceso continúen en prisión preventiva, pero el proyecto propone que la prórroga de la prisión preventiva sea una sola vez y no podrá exceder los seis meses.
Se agrega una condicionante, referente a que se puede ampliar la prisión preventiva si hay acciones legales presentadas por el procesado, procesados u abogados defensores.
Otro de los temas cruciales es que se adiciona el artículo 321 Bis, que dice que cuando sea ordenada la libertad del procesado mediante desistimiento, sobreseimiento o archivo, el Estado de Guatemala los indemnizará con entre 10 y 25 salarios mínimos mensual vigente para las actividades no agrícolas.
De la misma forma propone que el Estado de Guatemala indemnice al procesado cuando sea absuelto en sentencia firme, debidamente ejecutoriada, con entre 30 y 50 salarios mínimos vigente para las actividades no agrícolas.
Habrá reformas
Juan Ramón Lau, afirmó que es muy importante que la ley sea aprobada para ayudar a disminuir el hacinamiento de las cárceles.
“Hay personas que ya hubieran salido si se les hubiera condenado, las personas se enferman y mueren en las cárceles. El espíritu del Código Procesal Penal era la celeridad procesal y el excarcerlamiento, porque la prisión era la excepción y eso se revirtió”, explicó el congresista.
Lau afirmó que no está de acuerdo con los cambios que hizo la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales en el dictamen conjunto de la iniciativa y analiza la posibilidad de proponer enmiendas al proyecto.
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“Por ejemplo, no estoy de acuerdo con el tema de la edad, en principio porque no existiera ni necesidad, porque si el juez es una persona objetiva tendría que darle medida sustitutiva a alguien de la tercera edad”, explicó el legislador.
Consideró que es necesario hacer algunas enmiendas y confirmó que hay algunos diputados que le han propuesto que la iniciativa regrese a comisión para analizar si es prudente hacer cambios.
“Mientras una ley sea más platicada y dialogada, es más fácil que sea aprobada, y una vez no se cambie el fondo de la ley, está bien. No se trata de sacar a todo mundo de la cárcel, porque hay delitos que no son excarcelables bajo ningún motivo”, acotó Lau.
El congresista defendió que se pague una indemnización a las personas que sean acusadas sin fundamentos, lo cual consideró que es algo justo.
Luis Hernández Azmitia reconoció que ninguna iniciativa es perfecta y todo es susceptible de ser perfectible, pero consideró innecesario que la iniciativa sea enviada de nuevo a una comisión de trabajo.
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“Tengo entendido que para el dictamen conjunto hay al menos tres enmiendas que no requieren que el dictamen regrese a comisión. Regresarlo a una sala de trabajo simplemente retrasaría su aprobación”, afirmó el parlamentario.
El legislador dijo que la sobrepoblación en el Sistema Penitenciario le cuesta al país alrededor de Q230 millones anuales, por lo cual es algo que es “urgente legislar”.
Sobre las críticas que ha recibido este proyecto, referente a que podría ayudar a los exfuncionarios corruptos, Hernández Azmitia respondió: “En la última citación se cuestionó al Sistema Penitenciario de cuántos casos de políticos corruptos había del universo de 24 mil presos, y la respuesta fue 92, de los cuales ni siquiera serán beneficiados con esta iniciativa”.
“Hablar de privados de libertad en el país es un tabú, pero hoy el Estado de Guatemala viola los derechos humanos de los privados de libertad y que no cumple su función. Es algo que se tiene que abordar, es difícil, pero se debe hacer”, puntualizó el congresista.
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