Ahora, el Congreso tendrá 40 días para aprobar la concesión, explicó el secretario General de la Presidencia, Carlos Martínez, al entregar la iniciativa.
El aval del Parlamento es necesario de acuerdo con el convenio firmado por la Procuraduría General de la Nación (PGN), como Estado de Guatemala, y APMT.
Los diputados decidirán si la propuesta es enviada a comisión o si se discute directamente en el pleno.
La iniciativa contempla la entrega de una parte del terreno en la Empresa Puerto Quetzal (EPQ) por 21 años.
Si el Congreso lo aprueba y entra en vigencia la concesión, el Estado ya podrá desembolsar los recursos para el proyecto.
APMT depositó US$32.7 millones en el banco del Crédito Hipotecario Nacional, en concepto de reparación al Estado.
Además, está el convenio que establece que por los 21 años desembolsarán US$10.5 millones, un aproximado de US$500 mil por año, para beneficiar a las comunidades cercanas a la TCQ, con proyectos como construcción de escuelas, centros de salud y obras de saneamiento.
La PGN informó que el 6 de septiembre recién pasado las partes involucradas firmaron el memorando, en el cual se acordó que APM Terminals, como accionista mayoritario de TCQ, pagará al Estado US$32.7 millones en concepto de reparación civil, además de US$10.5 millones en inversiones anuales de por lo menos US$500 mil en proyectos de desarrollo en Escuintla.
¿Qué es una concesión y un usufructo?
La concesión es la acción de otorgar en administración a particulares el derecho para explotar bienes o servicios del Estado, durante un tiempo determinado, y el usufructo consiste en disfrutar el fruto del bien, en este caso TCQ.
Camino a seguir
En las manos de los diputados está la facultad de aprobar la concesión.
- TCQ y EPQ deben desistir de la excepción de incompetencia en el juicio de nulidad absoluta para allanarse y se declare la nulidad del contrato de usufructo oneroso.
- EPQ pide que la Presidencia presente la iniciativa para dar la concesión directa a TCQ hasta por 21 años.
- El accionista mayoritario de TCQ pagaría al Estado US$32.7 millones más US$10.5 millones en inversiones anuales.
- Los empresarios seguirán cooperando con la información de la auditoría forense de documentos de TCB.
- Hasta que se sancione el decreto de concesión, el Gobierno accede a la reparación civil.
- Se debe quitar la intervención de TCQ.
- Al formalizarse la concesión, TCQ obtendrá permisos pendientes de Marina de la Defensa y Comisión Portuaria Nacional.
- TCQ instalará una máquiona de rayos X para inspeccionar la carga de los contenedores.
