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“Hay personas que han muerto en cautiverio por la demora, por la burocracia de no tener un dictamen de urgencia y que el juez les dé oportunidad para ir a un hospital público. Ejemplo —el exdiputado Manuel—Barquín y —el médico Jesús— Oliva, se entramparon en la burocracia, si una persona está en el preventivo y tiene una necesidad urgente de ir a ver a un médico, hay que agilizar”, afirmó el legislador.
El parlamentario explicó que el artículo 14 de la Ley del Régimen Penitenciario contempla la apetencia médica, pero para que un reo sea atendido se exige un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y que se pronuncie el Ministerio Público (MP).
“Para entonces, si esto ocurre en un fin de semana, —el reo— ya se han muerto. Lo que pretendemos, y tiene el apoyo del Inacif, es que cuando haya un caso médico de urgencia sea el médico del Sistema Penitenciario (SP) —quien dé el dictamen— y autorice un juez, que puede ser el de la causa o de turno”, precisó Linares-Beltranena.
Debido a esta situación, con su iniciativa de ley, el parlamentario busca hacer una reforma al artículo 14 de la referida ley para que se los dictamentes del MP y el Inacif no sean necesarios.
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“Creo que no deben ser óbice para que en un caso de urgencia un juez pueda examinar el dictamen del médico del SP y dar una autorización para que una persona sea tratada en el momento, por una emergencia”, añadió el diputado.
Linares-Beltranena afirmó que “esta iniciativa de ley salva vidas”, porque con la reforma ya solo será el médico del SP y un juez quienes intervendrán para que un reo sea trasladado a un hospital y ya no el MP y el Inacif.
“Por supuesto que cuando vayan a hacer la operación o lo que necesite por un médico —el reo— deberá ir debidamente custodiado para evitar la fuga. Creemos que esto es indispensable en el sistema actual, es humano, porque nos preocupamos de la salud de la persona”, apuntó el legislador.
Puede haber segunda opinión
El parlamentario indicó que si existe el caso donde el juez tenga una duda razonable sobre lo que dice el informe del médico del SP podrá pedir un dictamen del Inacif para estar totalmente seguro y tomar la decisión adecuada.
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El ponente de la iniciativa explicó que dejó esa probable situación pues ya ocurrió un caso “lamentable” cuando fue liberado un reo en las afueras del Hospital Roosevelt.
Según el legislador en esa ocasión el reo solo era trasladado para “ponerle una inyección”. Entonces por esa situación “el juez puede pedir un segundo dictamen, aunque en la mayoría de los casos la urgencia médica es patente y obvia”.
Linares-Beltranena concluyó que esta reforma a la Ley del Régimen Penitenciario “aplicaría para cualquier detenido” porque “cualquier detenido puede tener un infarto o cualquier cosa”.
“La idea es simplificar en caso de urgencia médica y creemos que esto es muy humano, creemos que esto favorece al SP, al MP, al resto de la justicia, pero sobre todo favorece a los detenidos”, concluyó el legislador.
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Proceso
La iniciativa fue ingresada a la Dirección Legislativa y quedará a la espera que de que sea enviada a la secretaria para que sea leída ante el pleno del Congreso en una de las próximas sesiones plenarias.
Una vez sea leída ante el pleno, se le asignará una camión de trabajo específica para que sea analizada y discutida. Allí los diputados miembros de la comisión tienen la misión de generar un dictamen, sea favorable o desfavorable.
El dictamen es entregado a la Dirección Legislativa, si este es favorable seguirá el trámite y estará a disposición de los diputados para ser incluido en el orden del día de alguna sesión plenaria.
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Si el dictamen sigue el proceso normal, deberá ser agendado como mínimo en tres sesiones distintas para que sea discutido en primer y segundo debate y aprobado con el voto favorable de la mitad más uno de los diputados que integran el pleno en tercer debate.
Posteriormente tiene que ser aprobado por artículos y redacción final. Si en caso la propuesta tiene mucho apoyo podría ser aprobada de urgencia nacional, en esta se obvian los tres debates y es aprobada en uno solo, con la diferencia de que para su aprobación se requiere mayoría calificada, es decir dos tercios del total de diputados que integran el Congreso.
Luego del trámite en el Congreso el decreto debe ser enviado a la Presidencia de la República para que sea sancionado. Por último, este debe ser publicado en el Diario de Centro América.
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