El proyecto buscaba reformar el artículo cien de la Ley del Servicio Civil del Organismo Legislativo y otorgar amnistía ante todo lo actuado.
“Se reconoce la validez jurídica de todos los actos legislativos de 2008 a la fecha. Asimismo se reconoce la validez jurídica, administrativa y laboral de todos los contratos laborales y/o administrativos realizados bajo los renglones presupuestarios 011, 022 y 029 suscritos por el Congreso con el personal administrativo”, mencionaba la moción.
Agregaba: “Además, se valida y reconoce como legales todas aquellas acciones desarrolladas por junta directiva, bloques legislativos, comisiones de trabajo y parlamentarios en particular dentro del marco del ejercicio constitucional de intermediación y/o fiscalización, especialmente las reuniones, citaciones y/o interpelaciones desde 2008 a la fecha”.
La moción estaba firmada por nueve diputados, sin embargo la mayoría de las firmas eran ilegibles. Solamente se logró establecer que una de las firmas correspondía al diputado de la bancada Movimiento Reformador (MR), Jaime Regalado.
La diputada Nineth Montenegro y el legislador Carlos Chavarría dijeron que no sabían sobre qué promovía la moción privilegiada y no recibieron copias del proyecto de reforma.
Al ser sometida a votación la mayoría de diputados rechazó la moción. Solamente 20 legisladores la apoyaron.
Juan Carlos Sanabria, analista político, calificó lo hecho por los diputados como un descaro total. “No puede ser… diputados buscando impunidad. ¿Cómo lo explican o intentan justificar esto? Ya no más”, tuiteó.
La amnistía habría abarcado las legislaturas de personajes cuestionados que ocuparon la presidencia del Congreso, como Eduardo Meyer, condenado por el caso MDF; Gudy Rivera, condenado por tráfico de influencias; Luis Rabbé, prófugo por plazas fantasmas; Pedro Muadi, preso por peculado y lavado, y Arístides Crespo, exintegrante del PP y miembro de la junta directiva de Rabbé.
