Problemática
Un informe de mayo último de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información (Secai), de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), tomó una muestra y señala que hasta ese momento el 49.4% de las comunas no tenía sitio web oficial.
El estudio revela que el 72.72% de las comunas incumple con la publicación de información de oficio establecido en el artículo 10, de la Ley de Acceso a la Información Pública, y del 27.28% que sí publica, solo 6.49% lo hace de forma “aceptable”.
La práctica de las municipalidades de guardar información implica que la ciudadanía desconozca los ingresos reales de los concejos municipales.
Conseguir esa información en otras plataformas también es inviable. Por ejemplo, en el Portal de Gobiernos Locales, aunque se puede acceder a información de ejecución presupuestaria mediante la elección de un departamento y otras opciones, no es posible encontrar el reglón 061 que aparece en el artículo 1 del Acuerdo Ministerial 35-2006 que se refiere a egresos por dietas pagadas a miembros de juntas directivas, asesoras o consultivas de instituciones del Sector Público y de comisiones y concejos reconocidos legalmente, por asistir a sesiones ordinarias y extraordinarias.
Lo mismo ocurre en el Sistema de Contabilidad Integrada, pues sin los códigos y guía de técnicos es imposible acceder a la información de pago de dietas o salarios nominales de las municipalidades.
“Campeonas” en incumplimiento
“Los campeones en incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información son precisamente las alcaldías”, afirma Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana.
“En gran medida esto se da porque los poderes de sanción y fiscalización quedaron muy vagos y reducidos. Al ser tantas unidades no hay quién los supervise y controle como debería ser”, refirió y aseveró que muchas veces los alcaldes “se valen de un liderazgo autoritario y no creen en la participación ciudadana”.
El procurador de los Derechos Humanos, Jorge De León Duque, agregó que también influye el hecho de que la población no se siente empoderada para exigir sus derechos y que la justicia no da castigos.
El magistrado de conciencia recordó que el funcionario tiene la obligación de cumplir la Ley.
