Del techo se dejarían de percibir Q780 millones; es decir, 55% menos.
La exoneración vigente en el acuerdo 10-2017, que permitió la exoneración del 100 por ciento de multas y moras por cuotas atrasadas de empresas privadas, instituciones descentralizadas y municipalidades, concluye el 31 de julio próximo.
No son ingresos
“El problema no es de ingresos. Hace unos dos años había un fuerte superávit que se evaporó durante la presidencia de Juan de Dios Rodríguez, y eso es lo que está pagando el IGSS”, afirmó Linares.
Agregó que ese superávit bien empleado hubiera servido para ampliar y mejorar las instalaciones, y por eso se vieron en la necesidad de captar ingresos por este método, pero en el mediano plazo los ajustes deberán ser otros.
Un ejemplo es hacer ajustes paramétricos como aumentar las cuotas patronales, número de años de contribución y edad de jubilación para aplazar el punto de desequilibrio financiero proyectado por la institución.
En el 2010, el IGSS aprobó un ajuste en las cuotas patronales y, de 180, los afiliados deben aportar en la actualidad 240.
Javier Rivera, subgerente financiero del IGSS, coincide con Linares y dijo que para salvar a la institución se deben hacer cambios estructurales.
Recordó que es el Estado el mayor deudor y que para este año no se cumplió con el presupuesto solicitado.
Rivera dijo que para el 2017 se solicitaron Q5 mil millones, pero se aprobaron solo Q710 millones, lo que significa el 14.2% de lo que necesitan para funcionar.
Jaime Matus, presidente de la Cámara Empresarial de Comercio y Servicios, duda de que la exoneración sea productiva porque el mayor deudor del IGSS es el propio Estado y los empleados públicos son los que más gozan de la seguridad social.
Matus manifestó que es un tema amoral, porque si el Estado, las municipalidades y entidades descentralizadas pagaran la deuda, esto se podría traducir en mejores servicios y atención.
Rivera aseguró que la tabla de distribución a donde irá lo recaudado incluye, en porcentajes equitativos, mejoras de infraestructura, capacitación de personal, abastecimiento de medicamentos y para los programas de Enfermedad, Maternidad y Accidentes (EMA), Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS) y el Programa Especial de Protección para Trabajadoras de Casa Particular (Precapi).
Según datos del IGSS, el IVS podría tener un quiebre financiero en 2024, mientras que el desbalance de EMA comenzó en 2015.
Hasta finales de mayo, cinco mil 344 empresas han solventado su situación, 84 comunas de 340, y 36 entidades descentralizadas.
Rivera refirió que el pago de las más de cinco mil empresas permitió que se les pueda brindar servicio a 67 mil 811 afiliados.
Alcaldes Dudan
Edwin Escobar, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, afirmó que los alcaldes dudan en acercarse porque hasta hace un mes recibieron la notificación del estado de cuenta enviado por el IGSS. Dijo que otra razón es que algunos jefes ediles solicitan exoneración por costas judiciales de casos sentenciados. Javier Rivera, subgerente financiero del IGSS, recordó que la ley orgánica de esa institución estipula que la exoneración no se aplica a los casos en que ya hay sentencia.
