“Dicho plan se entregó el jueves a mediodía. Lo entregamos con varias autoridades, a la Procuraduría General de la Nación, Presidencia, oficina de la primera dama, y hay mucha disponibilidad de parte de Unicef y otros actores de cooperación internacional especializados en temas de niñez para poder apoyar el plan”, indicó Solórzano.
Agregó que el apoyo de las organizaciones consistirá en asistencia técnica y financiera para implementar el plan, el cual solo puede ser ejecutado por el Organismo Ejecutivo, debido a que todos los casos están bajo un proceso judicial o administrativo de protección infantil, y nadie más puede darles seguimiento porque se tiene que rendir informe al juez.
Dirección operativa
“Lo que propusimos para poder implementar el plan es que exista un comité presidencial para abordar la emergencia, que tenga un grupo de dirección operativa, que sea interinstitucional, junto con este delegado presidencial, para poder responder con toma de decisiones concretas a esta emergencia”, añadió el experto de Unicef.
“No hemos recibido todavía una fecha o respuesta. Lo que nos han dicho es que sí lo van a considerar, que sí va a ser incluido en el plan de gobierno, y lo que estamos esperando es esa comunicación, precisamente para ver en qué momento nos sentamos con ellos para trabajarlo”, insistió Solórzano.
Añadió que lo más importante es que surja el “comité presidencial para atención de crisis”, con el cual se puede comenzar a desarrollar el plan de emergencias.
Se prioriza acogimiento
El plan consta de cinco ejes, tres de los cuales están relacionados con el acogimiento y la creación de centros.
Por ejemplo, se contempla la activación de un programa de acogimiento familiar y otros especializados en atención a la niñez de acuerdo con el problema que ha padecido.
Ese acogimiento se utiliza cuando el niño, niña o adolescente no puede ser ubicado con un familiar, por lo que se entrena a una persona o familia para que lo reciba, como se aplica en otros países de América Latina.
“Esto implica que la Secretaría de Bienestar Social tiene que cambiar su modelo de intervención y no pensar solo en hogares, sino en programas no residenciales, donde se pueda atender a los padres y a los propios niños de manera ambulatoria”, expuso el experto en niñez.
También se crearían los centros de acogida de 72 horas, para que, mientras se alberga a un menor cuyos derechos humanos han sido violados, se investiga por la vía administrativa el caso y se decide si en lugar de que vaya a una institución puede permanecer con un familiar, para evitar la institucionalización al tener suficiente información cuando se llega adonde el juez.
También se establecen dos clases de acogimiento residencial; el temporal, cuya finalidad sería que los menores no permanezcan más de tres meses mientras son ubicados con un familiar, y el que toma más tiempo, para niños y adolescentes con circunstancias que exigen más atención, como discapacidad o crisis severa por ser víctima de violencia de mucha intensidad y requieren atención por más tiempo.
En todos los casos, según los estándares internacionales, no puede haber más de 25 niños en un inmueble.
Asegurar unión
En cuanto a la reunificación familiar, se pretende dar seguimiento a cada caso y vincularlos con programas de gobierno, para que no se trate solo de la simple entrega del menor a sus parientes, sino asegurar una reunificación exitosa, así como para evitar que regresen al sistema de protección del Estado.
También en ley
La Unicef también trabaja desde hace dos años en una propuesta de ley que crearía una nueva “institucionalidad” para lo relacionado con el acogimiento y abrigo de los menores, lo que supondría un cambio de funciones para varias instituciones.
“Hemos hablado mucho del ente rector de protección especial de la niñez o Instituto de Protección Infantil, que absorbe las funciones de la SBS, ls Procuraduría de la Niñez, el Consejo Nacional de Adopciones y alerta Alba Keneth”, comentó Solórzano.,
