El 15 de julio, el Ministerio de Relaciones Exteriores divulgó una declaración en la que “condena enérgicamente la situación en Nicaragua y la represión contra estudiantes y miembros de la sociedad civil, por lo que insta al diálogo y a la solución pacífica de controversias, basados en los principios de la consolidación de la democracia, paz, libertad y no intervención”.
Le pidió al régimen de Ortega a que “continúe su trabajo en pro de la búsqueda de una solución al conflicto respetando los derechos humanos de todos los nicaragüenses con objetividad e imparcialidad, y siguiendo las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, el organismo de la OEA que promociona los derechos humanos.
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“El Gobierno de Guatemala continuará dando seguimiento a la situación en ese hermano país y manifiesta su compromiso de apoyar cualquier solución pacífica a la crisis”, finaliza aquella declaración.
COMUNICADO OFICIAL: El Gobierno de Guatemala, a través del @MinexGt condena enérgicamente la situación en Nicaragua y la represión contra los estudiantes y miembros de la sociedad civil. Lea la nota completa ➡️https://t.co/8MUCuOgLxF pic.twitter.com/YEF6fFulZd
— MINEX Guatemala 🇬🇹 (@MinexGt) July 16, 2018
Analistas políticos criticaron la postura de Guatemala porque fue tardía ante la ola de represión desatada contra la
sociedad nicaragüense. Además, el embajador en Managua, Jaime Regalado, no fue llamado a consultas en Guatemala.
La formación de “grupo de trabajo” recibió el aval de 20 de los 34 países que son miembros activos de la OEA, lo que muestra una seria preocupación del continente americano sobre Nicaragua.
La votación se celebró durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, en Washington, donde solo cuatro Estados miembros votaron en contra, Nicaragua, Venezuela, Bolivia y San Vicente y las Granadinas.
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Para superar la barrera de los 18 votos necesarios para la resolución, los ocho impulsores de la medida (EE.UU., Canadá, México, Colombia, Chile, Perú, Brasil y Argentina) tuvieron que introducir cambios en su propuesta original, que sugería la creación de una “comisión especial” y no de “un grupo de trabajo”.
El texto establece que el objetivo del grupo será “contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se registra en Nicaragua“, y añade que eso se hará “incluso por medio de consultas con el Gobierno de Nicaragua”, una frase que no había sido incluida en la propuesta original.
No obstante, el ministro nicaragüense de Asuntos Exteriores, Denis Moncada, expresó su oposición a la que sería una de las mayores competencia de ese “grupo de trabajo”: designar una misión que visite el país, para lo que siempre es necesario el consentimiento del Ejecutivo correspondiente.
“El Gobierno de Nicaragua no va a permitir que llegue a nuestro país, a nuestro territorio, ningún grupo de trabajo creado por el Consejo Permanente” de la OEA, dijo Moncada en declaraciones a la prensa.
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Otra de las misiones más importantes del grupo será respaldar el diálogo nacional en Nicaragua, que comenzó en mayo con la mediación de la Iglesia Católica y que se encuentra estancado debido al rechazo del Gobierno a adelantar las elecciones fijadas para 2021, principal reclamo de la oposición.
En concreto, apunta la resolución, el “grupo de trabajo” dará su apoyo al diálogo con “medidas de apoyo, acompañamiento y verificación”, en coordinación con los esfuerzos en curso de la OEA, así como del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica), organismo que se baraja como nuevo garante del diálogo.
Además, el grupo entregará mensualmente al Consejo Permanente un informe sobre “sus gestiones y progresos”.
La creación de ese grupo supone un paso “innovador” en la historia del organismo, destacaron los embajadores ante la OEA de México, Jorge Lomonaco, y de Colombia, Andrés González Díaz.
“Es la primera vez que se crea un órgano subsidiario del Consejo Permanente con estas características para una situación como Nicaragua, es un mecanismo innovador”, indicó a la prensa Lomonaco, quien consideró que el “grupo de trabajo” reforzará la relevancia de la OEA en la crisis en Nicaragua.
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Por su parte, González Díaz subrayó la importancia de haber creado un “instrumento” para dar seguimiento a la crisis, más allá de las palabras puestas en las resoluciones ya aprobadas.
“Las declaraciones son importantes, pero no son suficientes, por eso en ese momento se crea un grupo de trabajo que tiene la característica de la eficiencia y la característica de poder responder a la velocidad en la que se presenten los acontecimientos”, defendió.
Los integrantes del “grupo de trabajo” serán designados como tarde el 10 de agosto.
Estará compuesto por un mínimo de cinco miembros que representan a cada uno de los grupos regionales en la OEA: el Sica, la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), la Comunidad del Caribe (Caricom), así como Estados Unidos y Canadá, países que cada uno se considera como una región propia.
A esos cinco, se sumará un número indeterminado de naciones que el 18 de julio votaron a favor de otra resolución para condenar la violencia en Nicaragua.
Las protestas contra Ortega comenzaron el 18 de abril y han dejado 317 muertos, de acuerdo a las últimas cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras que otras organizaciones humanitarias contabilizan 448 víctimas mortales y el Ejecutivo, 195.
Con información de EFE
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