“Los líderes corruptos apuntan contra activistas y consolidan su poder, al tiempo que se atacan los derechos de la prensa, la libertad de expresión y la libertad de asociación”, denunció Delia Ferreira Rubio, presidenta de esta oenegé.
Desde 1995, el Índice de Percepción de la Corrupción de TI clasifica a 180 países y territorios en una escala de cero (muy corruptos) a cien (muy limpios).
Dinamarca (88), Finlandia (88) y Nueva Zelanda (88) son los países menos corruptos del mundo, según este informe, y Somalia (13), Siria (13) y Sudán del Sur (11) registran los índices de corrupción más elevados.
Muy cerca de estos países sacudidos por las guerras está Venezuela (14), cuya nota, la peor de América Latina, no deja de empeorar desde 2013 y donde la “gran corrupción causa graves violaciones a los derechos sociales, incluyendo la educación, la salud y la alimentación”.
La oenegé lamenta que pese a la existencia de abundantes leyes sobre el tema y un compromiso regional de actuar contra este flagelo, “la corrupción sigue debilitando la democracia y los derechos humanos” en la región y se necesitan “acciones contundentes para revertir esta tendencia” y proteger a la sociedad civil, insiste la organización.
En su fotografía general de 2021, TI critica que algunos presidentes, como Jair Bolsonaro en Brasil o Nayib Bukele en El Salvador, usaron la lucha contra la corrupción como bandera de campaña para atraer a un electorado decepcionado de los políticos tradicionales y “cansado de la corrupción”.
Pero estos líderes “no han presentado avances en su lucha contra la corrupción y sí han tomado medidas antidemocráticas” y “regresivas”.
En América Latina, el país mejor calificado es Uruguay (73), “un ejemplo de cómo la estabilidad y solidez de las instituciones democráticas (…) son claves para que la corrupción no permee las instituciones públicas”, dice TI, considerando que este contexto institucional ha permitido que el país enfrente de forma más eficaz la pandemia de coronavirus.
Los últimos de la lista son, además de Venezuela, Nicaragua (20), Haití (20) y Honduras (23).
Argentina (39) fue el país de la región que más retrocedió (cuatro puntos) en 2021, debido a la injerencia del poder político en la justicia y “los abusos de poder” durante la pandemia, como una vacunación preferente para funcionarios y allegados o compras y contrataciones “poco transparentes”.
América Central, en su punto más bajo
En Centroamérica, la lucha contra la corrupción está en su punto más bajo, afirma TI.
Nicaragua es el ejemplo más flagrante. El país “no cuenta con la transparencia y el contrapeso al Ejecutivo necesarios para combatir la corrupción”, según la oenegé.
Honduras (23) no se queda atrás. Desde 2015 perdió siete puntos en la lista y su presidente saliente, Juan Orlando Hernández, fue acusado de narcotráfico.
Transparencia Internacional señala que también preocupa la situación en Guatemala (25), donde “élites económicas y políticas” e incluso sectores del “crimen organizado” se han apropiado del poder judicial y “han forzado al exilio a fiscales y jueces reconocidos por luchar contra la corrupción”.
Por último, el autoritarismo también amenaza a El Salvador (34), según TI, donde el gobierno toma medidas que socavan la independencia del poder judicial. Además, se sospecha que altos funcionarios del Ejecutivo participaron en “esquemas de corrupción multimillonarios” vinculados con fondos destinados a la lucha contra la pandemia del coronavirus”.
De acuerdo con Edie Cux, director ejecutivo de Acción Ciudadana (AC), el Gobierno de Guatemala ha ensayado con una comisión de transparencia y anticorrupción que no tiene las capacidades operativas ni de independencia para abordar los casos de corrupción.
“Frente a lo monumental que fue el gasto público en 2020 en el que el Gobierno ha tenido una cantidad inimaginable de recursos vemos que ahora no hay ningún resultado, todo lo contrario, las instituciones están debilitadas, en lugar de prevenir la corrupción es la misma, hay mucha opacidad, mucha intolerancia a la crítica y eso impacta directamente en la percepción de corrupción que tenemos”, dijo Cux..
Añadió que “es evidente la forma opaca en que se llevaron los programas sociales -por la pandemia- y no se entregó información adecuada sobre los beneficiaros finales”. También dijo que la adquisición de vacunas no ha sido clara porque las autoridades no entregaron los contratos de compra.
“Vale la pena comparar que los países que estamos entre los cinco peores lugares: Guatemala, Honduras, Haití, Venezuela y Nicaragua son países que tienen retos muy fuertes en democracia y derechos humanos. Se nos compara con estados tan complicados como Haití que ya ni salir a la calle se puede o Nicaragua que ya tiene un gobierno ampliamente autoritario y que Guatemala pues va en ese camino con algunas de las restricciones a la prensa a activistas y un asedio constante al sistema de justicia”, señaló Edie Cu.
Añadió que la población está consciente de la corrupción que hay en Guatemala y que sabe que “a más corrupción mayor pobreza y desigualdad, lo que se refleja con que en el país hay 49 mil niños que tiene problemas de desnutrición aguda y 12.5 millones de personas tienen problemas de acceso a los alimentos”.
Además, dijo que uno de los primeros pasos es rescatar las instituciones de justicia y destacó que la elección de fiscal general es un primer paso para dar.
Postura del Gobierno
De acuerdo con el Gobierno de Guatemala, durante los dos años de la administración de Alejandro Giammattei se han emprendido acciones en contra de la corrupción.
“El Gobierno de Guatemala durante estos dos años ha impulsado acciones para la contención de este flagelo, y es consciente de la necesidad de continuar luchando contra la corrupción en todas sus aristas, ejemplo de ello son los esfuerzos realizados por la Comisión Presidencial Contra la Corrupción (CPCC)”, refiere el Gobierno.
Agrega que “en el marco del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), estas son las acciones el Gobierno ha realizado:”
- Plataformas digitales y herramientas electrónicas de denuncia anónima de actos de corrupción y campañas de sensibilización.
- Acciones de concientización y socialización del Código de Ética y Conducta en instituciones públicas.
- Mesas de cooperación en instituciones público-privadas.
