Política
Guatemala baja cinco puntos en evaluación internacional sobre derechos políticos y libertad civil
Freedom in the World (Libertad en el Mundo) destaca que la política guatemalteca es inestable y la corrupción es un problema grave.
El país recibió bajas calificaciones en cuanto a derechos políticos y libertades civiles. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Guatemala bajó cinco puntos en cuanto a derechos políticos y libertades civiles, según la evaluación de dicha organización, que le otorgó 46 puntos sobre 100. En libertades políticas el país tuvo una calificación de 17 puntos sobre 40 y en libertades civiles, 29 sobre 60. Ambos criterios se distribuyen en diferentes aspectos y el punteo total en el 2022 fue de 51/100.
Freedom in the World es un informe global anual sobre derechos políticos y libertades civiles, compuesto por calificaciones numéricas y textos descriptivos para cada país y un grupo selecto de territorios.
La edición de 2024 cubre los desarrollos en 195 países y 15 territorios desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2023.
La entidad evalúa los derechos y libertades del mundo real de los que disfrutan los individuos, en lugar de los gobiernos o el desempeño del gobierno como tal. Los derechos políticos y las libertades civiles pueden verse afectados tanto por agentes estatales como no estatales, incluidos los insurgentes y otros grupos armados.
“Freedom House no cree que las garantías legales de los derechos sean suficientes para el cumplimiento de esos derechos sobre el terreno. Si bien tanto las leyes como las prácticas reales se tienen en cuenta en las decisiones de calificación, se hace mayor hincapié en la implementación”.
Consideraciones importantes
Dentro de lo evaluado se cuestiona si el presidente fue electo mediante elecciones libres y justas, remarca que el período electoral guatemalteco se vio empañado por importantes irregularidades. “Durante el período preelectoral, a varios candidatos presidenciales se les prohibió participar en las elecciones por motivos arbitrarios”, cita el informe.
Agrega que previo a la segunda vuelta electoral hubo hechos que develaron repetidos ataques al estado de Derecho por parte de las autoridades en ejercicio, que intentaban perturbar el proceso electoral.
Sobre si los diputados fueron electos mediante “elecciones libres y justas”, la organización destaca que los legisladores en ejercicio han afirmado que la suspensión del Movimiento Semilla descalifica a los legisladores electos de ese partido para asumir roles de liderazgo en el nuevo Congreso.
Respecto a si las leyes y el marco electoral son justos y los órganos de gestión electoral pertinentes los implementan de manera imparcial, se menciona que durante los años 2022 y 2023 hubo decisiones controvertidas de los tribunales guatemaltecos que favorecieron al partido gobernante y a otros partidos conservadores, mientras que en 2023, a aproximadamente el 10% de los candidatos se les “impidió arbitrariamente participar en elecciones por motivos dudosos, lo que redujo la competencia genuina”.
Sobre si el pueblo tiene derecho a organizarse en diferentes partidos políticos, indica que la mala aplicación de las regulaciones financieras de los partidos ha permitido a algunos candidatos y partidos acceder a vastos recursos.
En cuanto a si existe una oportunidad realista para que la oposición aumente su apoyo o gane el poder a través de las elecciones, se indica que “la política guatemalteca es inestable y el poder rota con frecuencia entre los partidos, lo que puede disuadir a una oposición tradicional de unirse. Los nuevos partidos han ganado sistemáticamente importantes cuotas de poder en los últimos años”, refieren.
Freedom in the World destaca que el “acoso verbal y la violencia física contra los votantes son comunes durante las elecciones en Guatemala” y la aplicación “débil y arbitraria” de las regulaciones de financiamiento de campañas permite ventajas desequilibradas en materia de recursos, así como el financiamiento de candidatos con intereses especiales y grupos criminales organizados.
“Es común la compra directa de votos y el uso de fondos públicos para influir en el resultado de las elecciones. Los observadores informaron que grupos armados y organizaciones criminales han intentado influir en los resultados de las elecciones locales”, destaca.
Respecto a si los diversos segmentos de la población, en los que se incluyen grupos étnicos, raciales, religiosos, tienen plenos derechos políticos y oportunidades electorales, se indica que estos luchan por ejercer plenamente sus derechos políticos, debido a que según la organización, no existen medidas afirmativas para promover la elección de representantes de los pueblos indígenas y están subrepresentados a pesar de representar aproximadamente la mitad de la población.
De los 30 partidos políticos que participaron en las elecciones de 2023, solo uno se identificó como indígena. De un total de 160 escaños legislativos, solo 12 estarán ocupados por miembros indígenas, señalaron.
Influencias
En relación a si el presidente y los diputados determinan las políticas del gobierno, se afirma que en efecto, lo hacen, pero con frecuencia están sujetos a la influencia de intereses externos y los exoficiales militares siguen ejerciendo un poder significativo.
“Los grupos empresariales siguen ejerciendo una importante influencia en todas las ramas del gobierno y forman parte de los órganos rectores de diversas instituciones públicas. Los grupos del crimen organizado han penetrado las instituciones estatales”, subrayan.
También refieren que la corrupción a menudo está relacionada con el crimen organizado, y sigue siendo un problema grave.
“Las autoridades continúan obstruyendo la lucha contra la corrupción, paralizando procesos y desmantelando casos presentados por organismos anticorrupción como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Jueces, fiscales, periodistas y actores de la sociedad civil comprometidos con la lucha contra la corrupción han sido blanco cada vez más de ataques físicos, amenazas, demandas maliciosas y campañas de difamación”, destacan.
Además, destaca que el gobierno no interfiere con la libertad académica, pero los académicos han recibido amenazas de muerte por cuestionar abusos de derechos humanos en el pasado o injusticias continuas. También afirma que muchos guatemaltecos toman precauciones al hablar de temas sociales y políticos fuera de sus hogares debido al alto nivel de inseguridad que vive el país.
Derechos organizacionales
Sobre si ¿existe libertad de reunión? Indicaron que es un derecho que no siempre está protegido y la policía amenaza con frecuencia y, en ocasiones, utiliza la violencia contra los manifestantes. “Las protestas relacionadas con los derechos ambientales o indígenas han encontrado una dura resistencia por parte de la policía y los grupos armados. El poder judicial se ve obstaculizado por la corrupción, la ineficiencia y la intimidación de jueces, fiscales”, refiere.
“La Fiscal General Consuelo Porras ha bloqueado repetidamente investigaciones de corrupción de alto perfil y ha utilizado cada vez más el sistema de justicia como arma contra fiscales, abogados y jueces involucrados en la lucha contra la corrupción",destacaron.
Expertos opinan
Para Francisco Quezada, analista político del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), esta calificación refleja un retroceso para Guatemala en democracia. Sin embargo, considera que ello ocurre en diversos países.
“Nos colocan en un rezago de la democracia liberal. A nivel centroamericano están más comprometidos Nicaragua, El Salvador y Honduras. Costa Rica es el que más nos aventaja”, afirmó.
Quezada refiere que la pérdida de la democracia se debe a que al igual que en Estados Unidos, muchos guatemaltecos le apuestan a un régimen dictatorial “porque no ven que la democracia venga a salvar de los problemas y sienten que la libertad no responde a sus necesidades básicas; por eso vemos fenómenos Bukele, la gente prefiere perder las libertades con tal de sentirse mejor. El ciudadano cree que un dictador es la solución, lo que es un fenómeno mundial y es alarmante”.
Luis Miguel Reyes, de la Fundación Libertad y Desarrollo refirió que en los últimos años, Guatemala ha tenido un retroceso en derechos humanos y libertades. “Y después de lo sucedido el año pasado cuando se puso en riesgo la institucionalidad tras las elecciones, es lógico que el país se vea afectado en calificaciones internacionales”.
No obstante, al lograrse la transición, considera que el panorama vuelve a cambiar positivamente. “Que lográramos una transición de poder nos rescata de esa situación y la organización. Es un país que da cierta esperanza de que hay una posibilidad de un rescate institucional”, afirmó.
Reyes enfatiza que todo deterioro institucional tiene un efecto en el país y puede ser que con esas calificaciones, se convierta en un país no atractivo para la inversión. “En la medida que no se preocupen por rescatar el sistema de justicia que es clave de la institucionalidad, es muy poco lo que podemos hacer para traer inversión extranjera”, sentenció.
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