La CEG publicó un comunicado y ofreció una conferencia de prensa para tratar sobre temas religiosos y también sobre temas de interés nacional.
Al final de la conferencia, Gonzalo de Villa, arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, también se refirió a la coyuntura nacional y señaló que les preocupa la forma en la que la el Ministerio Público (MP) ha actuado.
Expresó que son preocupaciones de largo plazo, que el país ha tenido por años y que aún cambiando a distintas administraciones, los problemas siguen y, en algunos casos, se han ido agravando.
“Creo que el año 2023 ha sido un año enormemente complejo y de lo no visto nunca en la historia de Guatemala”, dijo De Villa y que eso hacía la esperanza que el 2024 se pudiera salir de un atolladero.
“Llevamos doce días con el presidente -Bernardo Arévalo-, y ya se empiezan a ver escaramuzas en el Congreso, gente que saca las uñas y, obviamente, hay temas que uno quisiera como forzar, el que se acabe de alguna manera las mañocerías en la vida política y supuestamente jurídica del país, pero no es fácil, Tenemos también muchos personajes que la verdad es que a lo que se han dedicado es a manipular la ley más que administrarla”, señaló De Villa.
Se le preguntó sobre el papel de las autoridades ancestrales en la crisis política reciente en Guatemala y dijo que los pueblos originarios, autoridades ancestrales, en su capacidad de presionar han sido fundamentales para que no se rompiera el orden constitucional en Guatemala, algo que mucha gente buscaba hacer, sobre todo personas en posiciones de poder.
Renuncia de la fiscal general
A De Villa se le consultó su postura ante la petición de la población y del mismo presidente Arévalo de pedirle la renuncia a la fiscal Porras.
El religioso expresó que las modificaciones a la ley del Ministerio Público -cuando estaba al frente Thelma Aldana e Iván Velásquez en la extinta Cicig- hace que un presidente no pueda pedirle o exigirle la renuncia a la fiscal.
Señala que el que Porras no quiera renunciar tiene una lectura en el sentido de que ella dice que fue reelecta para cumplir un segundo período, pero que cuando se escruta, cómo fue reelecta, hay mucho que hablar, porque hubo manipulación evidente para que lograra retener su cargo.
“Las actuaciones del Ministerio Público, de junio, desde la primera vuelta para acá, han sido en muchos sentidos muy lamentables, y eso creo que la gente en Guatemala es consciente, entonces la figura de la fiscal está muy marcada y muy gastada. Eso creo que ella también debería reflexionar”.
De Villa reconoce que sí debe haber un encuentro entre Arévalo y la fiscal Porras, pero que qué va a pasar, de qué van a hablar eso no se sabe.
“Si eventualmente renunciara -Porras- por ley tienen que buscar entre los cinco candidatos que se presentaron hace dos años, no se puede presentar una nueva lista hasta el 2026 de manera que no se pueden esperar transformaciones mágicas, pero con paciencia se puede ir también viendo qué queremos, con amor al país, con amor a la ley, con amor a la gente, como criterio fundamental para tomar esta u otra decisión”, señaló De Villa.
El comunicado de la CEG
En el comunicado, la CEG señala que sigue siendo un reto el fortalecimiento de un Estado democrático, pues es muy débil el que se vive en Guatemala.
Mencionan que este año en que la política marca una nueva etapa, con nuevos gobernantes a nivel nacional y municipal.
“Luego de un proceso electoral marcado por la incertidumbre, se ha logrado respetar la voluntad popular expresada en las urnas electorales e integrar una Junta Directiva plural en el Congreso, esto ha producido un ambiente de esperanza y buenas expectativas para Guatemala”, se lee en la información.
Expresan que quieren hacer eco “de los sentimientos más genuinos de esperanza que han surgido en la población al haber llegado a la toma de posesión del nuevo gobierno que ha manifestado su voluntad de que prevalezca la ley sobre cualquier otro tipo de interés”.
Consideran que con esto se ha dado un paso adelante en la consolidación de un sistema democrático que requiere el apoyo de toda la población, y el apoyo sostenido de la solidaridad internacional, como ya se ha mostrado.
Expectativas deben hacerse realidad
El comunicado también menciona que tiene conocimiento que las expectativas ante el nuevo gobierno son grandes y que es un signo de la esperanza que se renueva en el pueblo, pero que deben también pasar a hacerse realidad.
“Esperamos que todo el pueblo esté atento y vigilante y que los planes de gobierno muestren su eficacia en los campos que consideramos prioritarios en las necesidades del país, como son la inversión en la red vial y la seguridad, la educación y salud para todos, especialmente la lucha contra la desnutrición infantil, la promoción de condiciones que ofrezcan igualdad de oportunidades para todos, la mejora de las condiciones de trabajo que incidan en el descenso de la migración forzada y, por supuesto, la lucha contra la corrupción en todos los ámbitos de la sociedad y no sólo en las instancias estatales”, se lee en el mencionado comunicado.
Batalla legal
Los obispos también señalaron que les preocupa que se siga librando una guerra legal al utilizar la ley e interpretarla o manejarla al ritmo de intereses particulares, meramente políticos o de grupo.
“Nuestro país requiere en estos momentos de leyes sabias y justas, y de autoridades honestas, capaces de hacerlas respetar”, se lee.
Se menciona también que la construcción de un Estado democrático “requiere la confluencia de actores y de carismas diversos y capaces de superar diferencias a través del diálogo, el consenso y la tolerancia”.
En ese sentido reconocen y agradecen “el papel fundamental que los pueblos originarios, representados en sus autoridades ancestrales, han jugado en el proceso de transición política, conservando una actitud de apoyo a la democracia y a la voluntad popular expresada en las urnas”.
Migración
En cuanto a la migración, la CEG señala que el drama de este problema, a nivel nacional, ha provocado separaciones familiares, cambios culturales, sufrimientos de todo tipo.
“Es una verdadera paradoja, pues justo esa población migrante generó, en el 2023, alrededor US$20 mil millones, que son el principal rubro de ingreso de divisas y factor fundamental para la estabilidad de la economía, del tipo de cambio y del control de la inflación. No obstante, es prioritario que haya en nuestro país oportunidades y condiciones de vida que hagan que nuestra juventud tenga condiciones dignas para trabajar y vivir en su país y que se superen así la frustración y la desesperanza que a muchos invade y que les obliga a migrar”.
Lucha contra la corrupción
En el comunicado también los obispos hacen una recomendación al Organismo Ejecutivo, que su lucha contra la corrupción inicie con un proceso de total transparencia en el mismo Gobierno.
“Hacemos un llamado a construir una cultura de honestidad, transparencia y rendición de cuentas. En la designación de funcionarios y responsables de dependencias clave de la administración, de gobernadores departamentales, de supervisores de Educación y Salud. Sin admitir, por razón alguna, anomalías en contrataciones de compras o servicios en todo nivel”, se lee en el comunicado.
También le pide al Gobierno que con base en su plan, se espera que se elabore una estrategia que “privilegie la descentralización de la inversión pública, para atender las necesidades más sentidas por la población rural, contando para ello con adecuada coordinación con autoridades locales, Consejos Departamentales y Municipales de Desarrollo”.
Petición al Congreso
Al Congreso la CEG le pide que elabore una agenda legislativa que responda a las necesidades prioritarias del pueblo.
También que convoque en tiempo a la Comisión de Postulación que debe proponerle listas de candidaturas a la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones, quienes deben asumir en octubre 2024, sin excusa alguna.
Dardo al Colegio de Abogados
En el comunicado también los obispos se refieren al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, y afirman que “el penoso el silencio de esa entidad debe superarse y deben pronunciarse con ética y responsabilidad, tomando en cuenta el peso que este gremio tiene en diversas entidades del sector público, en designación de magistrados, fiscal general y Comisiones de Postulación”.
