Según los analistas consultados, sin importar quién esté al frente de la cartera, aún se debe fortalecer la verificación del cumplimiento de los derechos laborales, pero tampoco debe quedarse solo como un ente fiscalizador porque también hay debilidades en previsión social y ejecución presupuestaria.
Lo anterior se confirma con la calificación promedio de 70 puntos que le dieron los centros de investigación consultados por Prensa Libre, lo cual incluye la calidad del gasto con 64 puntos; 73 puntos en cuentadancia y gerencia de cartera; y 71 en gestión de la pandemia.
Lo positivo
La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) cree que hay oportunidad de mejoras en la cartera, ya que en relación con la cuentadancia, ha habido mucha rotación de personal lo que no siempre permite cumplir a cabalidad las fechas estipuladas para presentar la información.
En tanto que sobre la ejecución de fondos, refiere que es un ministerio que necesita más presupuesto para alcanzar sus metas, las que logró en su mayoría en el 2021. “Se debe reconocer que ese ministerio tuvo a su cargo la elaboración de los manuales que se debían adoptar para la reapertura de las actividades económicas restringidas por varios meses por el gobierno, a raíz de la pandemia”, indicó el director de Fundesa, Juan Carlos Zapata.
En cuanto al impulso al empleo formal, dijo que hace falta fortalecer su presencia a nivel local porque no existen oficinas del ministerio en todo el país, y es necesario el contacto con alcaldes para ampliar oportunidades. También requiere fortalecer la capacitación técnica para el capital humano, lo que puede hacer por medio de su participación como parte del Instituto Técnico de Capacitación (Intecap).
“Se debe mejorar”
El Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac) considera que siendo un ministerio clave en tiempos de covid-19, tuvo una gestión deficiente ya que la pandemia exigió que la población llevara a cabo una gran cantidad de actividades productivas por su cuenta, a consecuencia de los cierres temporales o definitivos de miles de empresas, aparte de que no están satisfechas las necesidades de previsión social.
Además, afirma que los programas relacionados con el covid-19 y los del adulto mayor asignados a ese ministerio mostraron escasa divulgación y hubo poca transparencia en su ejecución.
También señala que hay incertidumbre sobre la política salarial que impulsa el actual gobierno y el efecto que esta tendrá. Además, que siendo un ministerio clave en todos los ámbitos de la política pública se observa escaso liderazgo en temas relacionados con la migración internacional y empleo.
Respecto a la gerencia de cartera, menciona que hay poco protagonista en materia del salario mínimo; por ejemplo, para velar por su cumplimiento, mientras se observan pocos avances en las propuestas de reformas a la Ley de Servicio Civil.
Aunque otros centros lo ven como un avance, Ipnusac considera que están pendientes temas complejos como la implementación de la Ley de Trabajo a Tiempo Parcial y el teletrabajo, además de “los salarios diferenciados que plantean algunos grupos de interés”, y hay incertidumbre acerca del impacto de esa política salarial.
Por aparte, el Centro de Investigación para el Desarrollo Regional (Cindere) criticó que el actual ministro solo tiene experiencia en la Oficina Nacional de Servicio Civil, por lo que aún no es un funcionario de carrera debido a su juventud. Aunque, a diferencia de esa opinión, Fundesa cree que es un funcionario que ha sabido delegar y confiar en su equipo de viceministros, lo que permite un mejor alcance y cumplimiento de metas.
Falta más previsión social
Otros analistas consultados, ven como un avance el impulso a las medidas de flexibilización para la contratación laboral, pues consideran que ello derivará en mayor generación de empleo formal.
Edgar Ortiz, director del Área Jurídica en Fundación Libertad y Desarrollo, menciona en este punto el impulso a la modalidad de contratación de tiempo parcial, aparte de la creación del salario mínimo por circunscripciones.
Para este último se crearon dos áreas denominadas la zona central (departamento de Guatemala) y la regional y el resto del país y para analizar el salario del 2023 ya se convocó a comisiones paritarias respectivas.
Estas son medidas principalmente apoyadas por el sector empresarial, pero no son bien vistas por todos, como los sindicalistas y otros centros de análisis.
En verificación del cumplimiento de los derechos laborales, se debe fortalecer la Inspectoría General de Trabajo (IGT), refirieron las fuentes consultadas. La actual gestión aumentó el número de inspectores y llegó a 178, adquirió suministros, equipo y 28 vehículos, pero aún no se ha logrado tener la cobertura nacional que se requeriría para ampliar la recepción de denuncias y la solución más ágil de estas.
Edgar Balsells, analista de Ipnusac, aclaró sin embargo que no está de acuerdo en la posibilidad de crear la IGT como un ente autónomo.
Sin embargo, hace la observación de que a ese ministerio “no solo se le debe ver como fiscalizador de trabajo, sino como parte de la política salarial y previsional” por lo que se deben fortalecer otras áreas, pues de acuerdo con esquemas renovados, una de las labores más importantes de los ministerios de trabajo es impulsar una política de empleo que sea posible concretar y la previsión social respectiva.
A su criterio, la Ley del Organismo Ejecutivo limita el potencial que debería tener dicha cartera.
El tema de previsión social, según el analista, ha estado descuidado en las diferentes administraciones y los dos primeros años del actual gobierno no fue la excepción; también lo observa débil en la política social. Por ejemplo, el investigador es de la opinión que el Programa del Adulto Mayor, el más grande a cargo de esa cartera, ha sido desatendido.
También opina que aunque el Ministerio adquirió notoriedad durante el 2020, primer año de la pandemia, este gobierno tenía el potencial de empujar esos temas desde sus funciones y la relación que tiene con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el Instituto de Recreación de la Empresa Privada (Irtra) y el Intecap, pero en el 2021 volvió a su rutina normal, enfocada en la inspección de trabajo.
Rodríguez: Hubo avances y retos
Consultado sobre todo lo anterior, el ministro Rafael Rodríguez prefirió no autocalificar su gestión “y que sea la población en general y los analistas quienes lo hagan”, dijo. No obstante, catalogó a su equipo de trabajo como personas muy comprometidas en su labor que se puede comprobar en los resultados que están generando, con avances en programas, rendición de cuentas y mayor transparencia.
Respecto al tema de previsión social, explicó que se logró hacer un diagnóstico y reenfocar el Programa del Adulto Mayor, pues detectaron que la forma como se ejecutaba en años anteriores no atendía criterios de priorización relacionados con los niveles de pobreza extrema.
“Esto permitió atender a más personas de departamentos que tenían pocos beneficiarios, como Alta Verapaz, San Marcos, Huehuetenango, Quiché y la parte norte de Izabal, explicó. Para el 2022, se logró un incremento de Q170 millones al presupuesto, del cual se destinará el 10% para funcionamiento y mejorar la atención a los beneficiarios, mientras que el 90% servirá para incluir a 31 mil 895 nuevos beneficiarios en un año, añadió.
Ante los señalamientos de la necesidad de fortalecer la participación del Mintrab en la política de empleo, expuso que el gobierno aprobó la creación de la Comisión Nacional de Empleo Digno donde se coordinará con los ministerios de Economía, Educación y Desarrollo Social, para fortalecer esa política.
Rodríguez mencionó como otro logro, el fortalecimiento de la Inspección General de Trabajo (IGT), además de fortalecer el programa de movilidad laboral para que más guatemaltecos viajen para trabajar de forma temporal a otros países, pasando de 15 personas en el 2019 a 119 en el 2020 y 906 en el 2021. Esperan duplicarlo en el 2022.
Para la recuperación de empleos, luego de que la caída del 2020, dijo que se apoya por medio de ferias virtuales y enlaces entre empresas y aspirantes.
Programas del Mintrab
- Programas permanentes
Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor (PAM)
De Trabajo Temporal (para movilidad laboral) se oficializó con acuerdo ministerial 163-2021
De intermediación laboral (contactando empresas y aspirantes) como ferias, portal Tu empleo, pero desde el 2020 con enfoque más virtual.
Programa de empléate inclusivo (oportunidades empleo o pasantías laborales para personas con discapacidad)
De formación y capacitación (incluye becas de formación en Intecap, Escuelas Taller y ampliación de estas)
- Programas nuevos
Programa de Constancia de buenas prácticas laborales
Programa de Trabajo Temporal (para movilidad laboral) aunque existía se oficializó con acuerdo ministerial 163-2021
Programa de Beca mi primer empleo (antes estaba el el Mides), se empezará a implementar en el 2022
- Programas temporales
El Fondo de Protección del Empleo fue aprobado por el Congreso Decreto 13-2020, Mintrab no manejó fondos, pero fue encargado de autorizar la suspensión temporal de contratos de trabajo.
Ampliación de fondos por Q50 millones (sumados a los Q500 millones que ya maneja cada año) en el Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor (PAM) para ampliar cobertura por emergencia del covid-19 en el 2020. Además tendrá una ampliación de Q170 millones para el 2022 en el presupuesto del Estado aprobado.
- Metas programáticas
(Datos del plan operativo multianual 2021-2025)
Aumentar en un 4% la cobertura del aporte económico del adulto mayor al finalizar el 2023 como parte del PAM.
Aumentar anualmente en 5% las pasantías laborales de personas con discapacidad.
Incrementar en un 15% anual el número de personas beneficiadas con becas de formación y capacitación técnico profesional para propiciar la formalización de la fuerza laboral y la creación de unidades productivas formales
Aumentar en un 5% anual las visitas de verificación del cumplimiento de la legislación laboral, citaciones para la verificación del pago de prestaciones laborales y verificación del cumplimiento de la legislación laboral en las unidades productivas
Aumentar en un 1% la cobertura y el acceso de los trabajadores del estado a los centros recreativos y vacacionales al finalizar el 2023.
