En el 2010, luego del paso del huracán Mich (1998) y las tormentas tropicales Stan (2005) y Ágatha (2010), Pachauri visitó el país y solicitó crear conciencia sobre el impacto del cambio climático y tomar acciones a corto plazo. “Se ha visto cómo la población guatemalteca ha sufrido las consecuencias de los fenómenos climáticos, pero tardará años en recuperarse”, dijo en aquella ocasión.
Once años después del vaticinio de Pachauri, Guatemala sigue en la lista de los países del mundo más vulnerables ante los riesgos climáticos. Nuestros problemas ambientales, que se observan en el agotamiento, degradación y contaminación del ambiente natural y que repercuten en el bienestar social y la estabilidad del país “han alcanzado dimensiones críticas, porque para la mayoría de estos, manteniendo el esfuerzo actual, está en duda la posibilidad de modificarlos y cesarlos”, asegura Raúl Maas, director del Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad (Iarna).
Maas, al igual que Alfredo Castellanos, director del Observatorio Económico Sostenible de la Universidad del Valle de Guatemala; Jorge Mario Molina, experto en Agua y Lourdes Molina, máster en Economía Ecológica e investigadora del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), además de estas consecuencias debidas a la variación global del clima de la Tierra, Guatemala enfrenta una dura batalla por la deforestación y el manejo de los recurso hídrico y desechos sólidos.
“Hay que recalcar que en esta ecuación ambiental incide sobremanera un actor, el Gobierno, ente que regula las actividades económicas que, “además de injusta y segregadora en lo social, se desenvuelve en coordenadas de desorden funcional y de alto impacto ambiental: un panorama de abuso y saqueo de los recursos, de debilitamiento persistente de estructuras naturales y de corrosión incesante del medio ambiente”, explica el director del Iarna.
Lourdes Molina agrega que no se cuenta con monitoreos para saber cuál es el estado del ambiente del país. “Se trabaja solo percepciones, porque con las mediciones concretas no se cuenta. Hay algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que han hecho este ejercicio, pero no es un trabajo constante”.
La pregunta aquí es ¿cómo asignan un presupuesto para remediar los problemas ambientales si en realidad desconocen las dimensiones del problema?
La responsabilidad de proteger los sistemas naturales, fomentando una cultura de respeto y armonía con la naturaleza, promoviendo la protección, conservación su uso racional, con el fin de lograr el desarrollo sostenible en el país le corresponde al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Análisis
Para los doctores Castellanos y Maas “es elemental que en Guatemala el balance entre lo bien hecho y lo malo, favorece lo segundo. Sin embargo, es importante recalcar que la trayectoria negativa de los indicadores que reflejan la calidad de nuestros componentes ambientales no va a cambiar de la noche a la mañana, pero los contextos y las dinámicas que los definen sí”.
“Estos elementos son los que pueden darle sustento a un escenario deseable –optimista–, dentro del cual se establezcan las bases para detener y revertir trayectorias negativas de desempeño ambiental”, especifica Maas.
Maas, Castellanos, Jorge Mario Molina y Lourdes Molina analizan los 4 retos ambientales; Mario Roberto Rojas Espino, ministro del MARN, informa lo que desde su cartera se ha logrado. “La gestión ambiental en Guatemala, históricamente, no ha estado organizada, llamémosle así, y si bien el MARN es por ley el rector de la gestión ambiental, no tiene la atribución legal sobre muchos temas”, refiere.
Para lograr una gestión ambiental más fortalecida, debemos de imitar a los países de la región que han integrado todos los entes que velan por los recursos naturales bajo el paraguas del ministerio de ambiente, Costa Rica lo hizo hace muchos años y El Salvador va avanzando muy bien, dice.
Rojas Espino se refiere así a los ministerios, secretarías o institutos que tienen las atribuciones legales de los recursos naturales en el país en los cuales el MARN “tiene voz, pero casi nunca voto”. “Y le pongo ejemplo, bien sencillo, el Lago de Amatitlán, es un caso que necesita atención urgente, pero que no depende del ministerio, sino de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA), una secretaria totalmente independiente del MARN que durante el Gobierno del partido Patriota dependía de vicepresidencia de la república, por eso tuvimos el famoso caso de la agüita mágica”, expone.
No obstante, dice Rojas Espino, el ministerio ha “impulsado una agenda de trabajo que da cumplimiento a las leyes que rigen el tema ambiental, hemos buscado y hemos puesto en marcha alianzas interinstitucionales que impulsen mecanismos y herramientas que reviertan el daño de los eventos climáticos pasados, pero con la visión de prevenir y mitigar los efectos del cambio climático”.
“Nuestro plan de trabajo gira alrededor de líneas de acción puntales tomando como base el Plan Nacional de Desarrollo Katún 2032 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de esa cuenta nuestros compromisos o pilares estratégicos son: Cambio Climático, Gestión Ambiental, Gestión de los Recursos Naturales y Educación Ambiental.
Cambio climático
Lo que entendemos por cambio climático consiste en un fenómeno ambiental de carácter esencialmente atmosférico perceptible de forma tangible desde el último tercio del siglo XX, y que se expresa de forma visible y rápida como consecuencia de la intervención directa o indirecta de los humanos y las sociedades industriales en el medio ambiente planetario.
“Teniendo en cuenta la estabilidad secular de la temperatura en la superficie de la Tierra, los cambios producidos desde el asentamiento de la Revolución Industrial en el mundo, con un recalentamiento progresivo, se vinculan al proceso económico, porque son generados por este”, afirma Maas.
En todo caso, “el cambio climático es una cuestión transversal, que incide en numerosos aspectos: ante todo los físicos ambientales, pero seguidamente y como consecuencia, los económicos, sociales, éticos, culturales”, indica Castellanos.
“Estos problemas ambientales deben preocupar en primer lugar a quienes gobiernan, porque cobran vidas; ejemplos recientes, las tormentas Eta e Iota”, sostiene Maas.
Eta e Iota (2020) dejaron evidencia de cuán indefensos somos; decenas de personas murieron y otras desaparecieron. Las pérdidas fueron por más de Q6 mil millones en viviendas destruidas, daños agropecuarios y el costo que requirió la atención a la emergencia, según cálculos del Gobierno.
De acuerdo con el reciente informe de Pérdidas y Daños por efectos del Cambio Climático (2021) “desde 1949, al convertir al tipo de cambio al mes de julio de 2021, el equivalente en quetzales por los daños ocasionados por los huracanes, depresiones y tormentas tropicales asciende a Q48,536.92 millones. Muy importante es señalar que durante este período se perdieron aproximadamente 1,905 vidas humanas”.
Para Lourdes Molina, “un promedio de 30 muertes al año se debe a fenómenos asociados al cambio climático”.
Por estas y otras cifras es que este tema forma parte del discurso político de muchas naciones en el mundo, los líderes hablan de lo catastrófico que es, pero muy poco toman acción para revertir los embates. “De hecho, el presidente Alejandro Giammattei en repetidas ocasiones ha dicho que es un tema prioritario para el país y para su Gobierno, sin embargo, no le asigna un digno presupuesto”, manifiesta Castellanos.
“Es que no hay un interés muy marcado, digamos, por resolver la crisis ambiental, como tampoco lo hay para remediar la crisis en educación o en salud”, dice Maas.
“Estamos perdiendo la oportunidad de obtener la ayuda internacional, porque financiamientos hay, pero estos se obtienen a base de proyectos y creo que el MARN no cuentan con la suficiente capacidad técnica para armarlos. Las Universidades podrían colaborar con el Ministerio para captar el apoyo de países amigos”, expone Castellanos.
Desde el Acuerdo de París los países ricos iban a dar US$100 mil millones al año y no los han logrado dar, pero en la reciente cumbre de Glasgow Cop26 se acordó, de nueva cuenta, que los comenzarán a dar, entonces, dinero hay, pero Guatemala tiene que ponerse más agresiva como país para acceder a esos fondos, indica Castellanos.
“Pero estos tienen que utilizarse de buena manera, que lleguen a las regiones prioritarias”, expone Maas.
En esta arista de los problemas ambientales, sin embargo, hay buenas nuevas. “Desde el 2013, con la aprobación de la ley de Cambio Climático se creó un Consejo, al cual pertenezco como representante de universitario, pero este estuvo inactivo cuatro años, sin embargo, este año el MARN lo reactivó. Además, publicó La tercera comunicación de Cambio Climático, documento que valora la situación nacional sobre este problema; logros muy positivos”, comenta Castellanos.
De acuerdo con Rojas Espino, las referencias de Castellanos son dos logros del MARN, pero no los únicos. “Aunque tenemos ciertas limitaciones de acción, en materia de cambio climático trabajamos a diario. Le puedo hablar de la reciente participación de Guatemala en la COP26. Allí con el equipo técnico fortalecimos dos posiciones no solo del país, sino de la región porque tenemos la presidencia pro tempore de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), el ente que aglutina a los ministros de ambiente del Sistema de la Integración Centroamericana y República Dominicana, ratificamos nuestra condición de región altamente vulnerable, tal como lo refleja el Índice de Riesgo Climático Global de Germanwatch, y esto lo dictamos nosotros, en este foro en frente de más de cien países, se posicionó la idea pero además solicitamos puntualmente que se agilicen el acceso a los fondos internacionales para mitigar el cambio climático, porque actualmente hay mucho dinero en las grandes agencias y los bancos, pero hay demasiada democracia. La respuesta fue positiva”, según Rojas Espino.
Deforestación
Para Maas, la deforestación no solo es la tala de árboles, se trata del despojo de un territorio de plantas forestales para darle otros usos a esa tierra. “Ocurre en espacios donde muy difícilmente se volverá a establecer una cobertura arbórea porque para dinamizar la economía, según el modelo económico de nuestro país, se obliga, de alguna manera, a sustituir los ecosistemas naturales para, por ejemplo, cultivos de agroindustria, como palma africana, caña, café, pero también cultivos de subsistencia -maíz frijol- o para construir carreteras, complejos residenciales tendidos eléctricos, terrenos para la ganadería o para la narcoactividad que tanto nos está afectando”.
La deforestación impacta, casi en su totalidad, a bosques naturales densos y, en mayor proporción, a bosques maduros. “Estos se ubican, en su mayoría, en el departamento de Petén, y buena parte de ellos dentro de las áreas protegidas”, indica Maas.
Las cifras que se manejan en este rubro son del 2006 en las que se asegura que 132,000 hectáreas cada año son amenazadas, señala Lourdes Molina.
“Continuamos perdiendo demasiados bosques. En 40 años hemos perdido la mitad de estos; dos terceras partes del territorio tenían cubierta forestal, hoy solo tenemos una tercera parte con estas características. Aproximadamente, 40 mil hectáreas se pierden al año, refiere Castellanos.
Estos ritmos de pérdida de bosque natural también tienen efectos en cadena en todos los componentes ambientales del ecosistema y a nivel local amenazan con intensificar las crisis en el ciclo hidrológico en la disponibilidad de energía, en la estabilidad de las tierras, sobre todo en el periodo lluvioso, y consecuentemente, en la producción de alimentos, entre otros.
La pérdida de bosques, que también es un indicador de la merma en la capacidad de fijación de gases con efecto invernadero unida a la intensificación e incremento de los procesos productivos contaminantes, otorgan ahora, una condición de país emisor neto de gases con efecto invernadero.
“Recientemente el país recibió el ofrecimiento de un apoyo internacional de US$50 millones para implementar la estrategia nacional para reducir la deforestación, ese dinero no ha entrado, pero el reto será que su destino sea el acordado. Personalmente veo muy difícil acabar con la deforestación”, dice Castellanos.
Según Rojas Espino, aunque los encargados de esta área son el Instituto Nacional de Bosques (INAB) y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) el MARN también ha trabajado en esta arista y apuesta, por ejemplo, con la ejecución de Proyectos de Canje de Deuda por Adaptación al Cambio Climático y han reforestado áreas en más de 15 departamentos del país. “Nos pusimos como meta sembrar 3 millones de árboles para lo cual hemos contado con la colaboración del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación y el sector privado. Creo que la vamos a lograr”.
Se refirió, asimismo, a los proyectos de educación ambiental, para los cuales cuenta con campañas en redes sociales en la que participan influencers. “Creemos que, para evitar, por ejemplo, incendios provocados por ciertos malos guatemaltecos, tenemos que concientizar a nuestra población”, apunta.
Recurso hídrico
Analistas ambientales, como Jorge Mario Molina, quien lleva 40 años en esta área, advierten que, en Guatemala, hasta el momento, hay agua suficiente, pero su capacidad de gestión es muy débil. “Lo ideal sería regular sus usos, una ley”, remarca Molina.
“No hay una legislación en torno al uso del agua, porque, desde 1950 a la fecha, más de 50 iniciativas que han llevado al Congreso; ninguna ha pasado. Esto es una muestra de que, probablemente, no interesa que haya una ley y que las aguas, pues se sigan empleando basados en la ley del más fuerte”, señala Maas.
“El recurso hídrico es un elemento que aporta un porcentaje muy importante en el Producto Interno Bruto ya que se utiliza para muchas de las actividades y no solamente para el consumo humano; sin embargo, siempre que se hace un análisis de este no se vincula con el efecto y el impacto que tiene en la calidad de vida y por lo tanto su aprovechamiento no tiene una valoración; esto es uno de los señalamientos que siempre he hecho”, declara Jorge Mario Molina.
Guatemala tiene 38 ríos principales distribuidos en tres vertientes hidrográficas: la del Pacífico, con 18 ríos; la del Atlántico, con 10; y la del Golfo de México, con 10. Desde el 2009 se sabe que, al menos, 14 ríos principales y cuatro lagos -Amatitlán, Atitlán, Petén Itzá e Izabal-presentan altos porcentajes de contaminantes físicos, materia orgánica, microorganismos, contaminantes tóxicos y materiales cancerígenos, lo que implica riesgos importantes por usar esas aguas para consumo humano y riego.
“Se sabe, además, que gran parte de la contaminación de los cuerpos acuíferos en el país proviene de las aguas residuales de los centros urbanos, las cuales son vertidas en los cauces de los ríos, por lo general, sin ningún tipo de tratamiento. Este tipo de descargas son ricas en nutrientes, bacterias y patógenos, lo que favorece la proliferación de algas en los cuerpos receptores, factores de riesgo para la salud humana, como lo ilustran los ejemplos del Lago de Amatitlán y las recientes evidencias del Lago de Atitlán y el Río Motagua”, explica el experto en aguas.
El Acuerdo Gubernativo 236-2006, Reglamento de las descargas y reúso de aguas residuales y de la disposición de lodos “que surgió para forzar a las municipalidades y a los entes privados a tratar su agua, enfrenta dos problemas, por un lado, el MARN no tiene capacidad para controlar a todos los entes emisores de aguas negras, y por otro, a las municipalidades se les ha otorgado prórrogas para cumplir con el reglamento, de tal cuenta, desde el 2006 no se ha hecho nada”, refiere Castellanos.
Hasta el momento, ninguna municipalidad, comenzando por la más grande del país y la que más contamina, la de Ciudad de Guatemala, cuenta con plantas de tratamiento, expone Molina”.
La gestión de la cuenca es una de las materias pendientes para el Gobierno, lo que implica un proyecto muy sensible, porque alrededor de estas hay viviendas, comercio, industria, agricultura, bosques, flora, fauna; esto no es nada nuevo a nivel internacional hay países europeos que regulan hasta el 80 por ciento de su recurso hídrico, nosotros apenas regulamos el 4 por ciento, dice Molina.
“Si queremos resolver en un futuro cercano problemas sobre la escasez, contaminación tenemos que pensar en infraestructura. Lo que pasa con el Motagua o en el Lago de Amatitlán se pudo haber evitado”, concluye Molina.
Respecto a este tema, Rojas Espino pone otro ejemplo, el MARN logró el establecimiento de Viceministerio del Agua”. Según el Acuerdo Gubernativo 18-2021, publicado en febrero de este año en el Diario de Centro América, está vigente la dependencia a cargo del ingeniero Martín Méndez y Méndez, quien formulará proyectos, programas y acciones concretas relacionadas con los recursos hídricos del país.
“Este fue un gran paso, y, obviamente, como está arrancando, no se han visto resultados, pero el hecho de que haya un viceministro de agua es muy importante”, indica Castellanos.
Desechos sólidos
“La gestión inadecuada de los desechos está produciendo la contaminación de los ríos, lagos y mares, obstruyendo los drenajes y causando inundaciones, transmitiendo enfermedades, aumentando las afecciones respiratorias por causa de la quema, perjudicando a los animales que consumen desperdicios”, afirma Lourdes Molina.
“En este tema es en el que estamos más débiles y donde el MARN tiene, no sé si una mala calificación, pero por lo menos no ha estado tan bien como en los anteriores temas. Acaban de publicar un nuevo reglamento de desechos sólidos – por ley, los guatemaltecos están obligados a clasificar la basura en sus hogares- y lo promocionaron como un avance, como algo muy positivo pero la realidad es otra, ejemplo, el río Motagua”, dice Castellanos.
Y es que cada guatemalteco, en promedio, genera 1 libra de basura al día. ¿Qué pasa con esas más de 16 millones de libras de desechos que se producen en el país cada 24 horas? Según el Código Municipal, el gobierno local de los 340 municipios tiene la responsabilidad de su manejo.
“No estamos ni cercanamente listos para solucionarlo. Lo de las biobardas es ponerle una curita a una apuntación; no hacen mayor cosa, cada cierto tiempo se rompen y se intensifica la problemática”, manifiesta Castellanos.
Aunque el doctor Castellanos no le apuesta al Acuerdo Gubernativo 164-2021, Rojas espino sí. “Es histórico, por ley, los guatemaltecos estamos obligados a clasificar la basura, durante los primeros dos años la separación de residuos y desechos sólidos se debe realizar de acuerdo con la clasificación primaria, es decir, orgánico e inorgánico. Pero a partir del 11 de agosto del 2023 la comenzaremos con secundaria – papel, cartón, plástico, metal, multicapa entre otros-“.
