“Pido al Congreso de Guatemala que tome en consideración estos argumentos que me impiden sancionarla”, expresó Giammattei en su cuenta de Twitter.
El mandatario también llamó a los diputados a corregir “las inconsistencias y vacíos legales para que Guatemala pueda contar pronto con esta Ley”.
El Congreso informó a principios de febrero que aprobó la Ley de Vacunación “con el objetivo de garantizar a la población, en general, la inmunización contra enfermedades inmunoprevenibles de una forma gratuita, universal y voluntaria”.
De acuerdo con el Congreso, en el decreto queda establecido que la vacunación de menores e interdictos no podrán ser vacunados sin la autorización expresa de sus padres, madres, tutores o representantes legales a su cargo, de conformidad con los principios rectores contenidos en el artículo 2 de la normativa y el Esquema Nacional de Vacunación.
Otra de las bondades de la normativa, dijo, es que, facilita la adquisición de dosis para el combate de enfermedades inmunoprevenibles y establece un esquema de vacunación y otorga un carné para el registro de dosis para cada usuario, mecanismo que se viene manejando en el Plan Nacional de Vacunación contra la Covid-19, impulsado por el Ministerio de Salud.
También en la ley “se designa a la cartera de Salud la elaboración del Esquema Nacional de Vacunación, con la participación de la sociedad civil organizada para impulsar los programas de inmunizaciones, que será revisada por el Programa de Inmunizaciones, al menos cada dos años”.
Si embargo, el Gobierno argumentó que la ley tiene varias inconsistencias y contradicciones, como que no observa los principios de igualdad regulados por la Constitución, “e involucra a entidades que no tienen relación con la vacunación”.
Además, cree que la normativa se contradice y “genera falta de certeza jurídica”.
“La Ley de Vacunación incurre en una extralimitación de funciones del Ministerio de Salud, al no tomar en cuenta a otras instituciones como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y las municipalidades”, expresó el Gobierno en un comunicado.
Advirtió de que “las funciones atribuidas al Programa de Inmunizaciones, tal y como están en la ley, implican una modificación de la estructura orgánica y presupuestaria de toda la cartera ministerial”.
Giammattei dijo que “hay una contradicción al presentarlo primero como una recomendación y luego convertirlo en obligación”, enfatiza el texto.
Además, “la ley aprobada por los legisladores hace un mes abre la puerta para acciones de inconstitucionalidad al no establecer una fuente de financiamiento de la iniciativa”, agregó.
