Horas más tarde se difundió la carta enviada por la vicecanciller Alicia Castillo Sosa, en la que enviaba el siguiente mensaje al comisionado.
“Debo recordarle que los privilegios e inmunidades de que ha gozado en el país de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del referido Acuerdo -de la Cicig-, no le eximen de obligación de respetar la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes del Estado, así como abstenerse de inmiscuirse en asuntos internos mientras se encuentre en territorio guatemalteco”, cita la misiva.
La semana pasada, cuando el comisionado se disponía a presentar el informe de labores del último año, la Subdirección de Privilegios e Inmunidades del Ministerio de Relaciones Exteriores notificó a Velásquez que su visa había sido revocada.
En la carta de notificación de la revocaciòn de la visa, firmada por Myriam Pinto, se leía: “la solicitud de visa no fue formulada por la persona competente”, en otra parte de la misiva decía: “Le ruego informar esos extremos al interesado y dar las debidas consideraciones a lo aquí comunicado, en virtud de que las autoridades migratorias del país han sido notificadas de esta situación”
El requisito
Según una fuente informada sobre el caso, cuando algún colaborador de la Cicig, que sea de nacionalidad extranjera, debe hacer el trámite de renovación de su visa, el proceso se inicia a partir de una solicitud enviada por el superior, en esos casos, Iván Velásquez.
El mismo protocolo se establece para los permisos del comisionado Velásquez, cuyo superior es el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, por lo que la solicitud de renovación de la visa debió llegar por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), pero quien la hizo en el primero proceso, fue un subalterno de Velásquez.
Ante tal extremo, se notificaron y corrigieron los errores en el proceso, lo que permitió la emisión de la nueva visa oficial para la permanencia del comisionado.
