La Comisión Presidencial de Diálogo, registra al menos 14 focos de conflicto en los que está trabajando actualmente, entre ellos el problema derivado al Anillo Regional y las empresas hidroeléctricas en San Marcos.
Este miércoles campesinos desarraigados durante el conflicto armado interno bloquearon rutas importantes del país, de esta forma exigen el pago del resarcimiento, un compromiso asumido por el Estado en los acuerdos de Paz.
El doctor en Sociología y profesor universitario en políticas públicas, Caryl Alonso Jiménez, recordó que el actual Gobierno asumió compromisos para atender conflictividad, pero los diálogos han consumido tiempo sobre eventuales soluciones y se distancia de dar respuestas.
“Las respuestas a las demandas de la conflictividad siempre se deben de encontrar sobre las bases del Gobierno y el modelo de políticas públicas. Cuando no se tienen canales, que puedan darle seguimiento a procesos de demanda, generalmente se provocan colisiones y se termina en lo que ocurre hoy –protestas en el interior del país-”, señaló Alonso Jiménez.
El experto indicó: “Este debería ser el momento justo para poner a pruebas los canales de diálogo, y poner a atender con respuestas a corto y mediano plazo a los ministerios o entidades del Estado”.
Para el coordinador de la Comisión Presidencial de Diálogo, Rokael Cardona Recinos, el problema de resarcimiento se deriva de la asignación presupuestaria, por lo que se abrió una mesa de diálogo entre los campesinos, el Ejecutivo y representantes del Congreso de la República.
Sin recursos
La entidad encargada de cubrir y garantizar la indemnización a víctimas del conflicto armado interno es el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), pero el proyecto se ha visto debilitado por falta de presupuesto y está cerca de cerrar.
El futuro del PNR será decisión del Gobierno, explicó Alonso Jiménez; además indicó que los problemas financieros se arrastran por las asignaciones presupuestarias aprobadas en 2015.
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“Deberían de explicarle a la población que reclama su resarcimiento cómo están las finanzas de las instituciones. Dialogando deberían determinar las políticas para el presupuesto 2017, y se tendría que ver reflejada la postura del Gobierno”, recomendó Alonso Jiménez.
El PNR se debilitó en abril, luego de que la dependencia se quedó sin personal, al no recontratar a 239 trabajadores y haber cerrado las sedes en el interior del país.
Según Cardona, los pobladores deben entender que existe un déficit presupuestario en el PNR, por lo que se planifican reuniones para definir los mecanismos que permitan ampliar la asignación de recursos.
