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El subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) de EE. UU., Ken Cuccinelli, afirmó este martes 25 de febrero que el Gobierno de Guatemala es el responsable de hacerse cargo de los migrantes de Honduras y El Salvador que lleguen al país bajo el acuerdo del ACA, incluyendo los costos.
Las declaraciones de Cuccinelli suponen un cambio en cuanto a la forma en que se ha manejado el Acuerdo porque la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió en septiembre pasado que el convenio no necesitaba ser aprobado por el Congreso de la República, siempre y cuando para su implementación no se utilizaran recursos del presupuesto nacional.
El artículo 8, en su numeral 5 del ACA, expresa que “ninguna disposición del presente Acuerdo deberá interpretarse de manera que obligue a las Partes a erogar o comprometer fondos”.
Stein también remarco que tanto Degenhart, como Jovel decían que “Guatemala solo se haría cargo de solicitantes de asilo o refugio de El Salvador y Honduras, pero que el texto que firmaron está abierto a cualquier nacionalidad”.
Jovel negó gastos para el país
El 6 de agosto del 2019 Jovel asistió a una citación de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) momento que el diputado Orlando Blanco cuestionó a la ministra y entre las preguntas destacó si Guatemala está en capacidad de cumplir con el acuerdo firmado, en relación a la atención de las personas que vendrían al país a la espera de que se analice su solicitud de asilo.
Jovel reiteró que el Estado guatemalteco no generará ningún gasto y que se analizaba viabilizar el apoyo con organizaciones internacionales como la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Carlos Barreda, subjefe de bancada de la UNE, quien estuvo en esa reunión efectuada en el Congreso de la República dice que “es evidente” que Jovel mintió. “Le hicimos ver que “ese tipo de acuerdos tienen un impacto de tipo financiero pues implica una coordinación interinstitucional entre la Dirección General de Migración, Cancillería y otras dependencias estatales”.
En cuanto a que si el Congreso de la República debió aprobar este acuerdo por los gastos que representa para el país, Barreda explicó que no, porque los recursos que se han gastado son pocos y que para que el parlamento lo apruebe tendría que significar más del 1 por ciento del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. “Es un monto pequeño, dados los pocos casos que se han registrado, que el Estado puede absorber”.
“Lo que no conocemos es el plan interinstitucional que el gobierno de Guatemala va a plantear para darle cumplimiento al acuerdo con Estados Unidos”, agregó.
Afecta los intereses del país
El experto en migraciones de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Marcel Arévalo, dijo que lo revelado por Cuccinelli confirma que es el ACA afecta los intereses de Guatemala y “que se negoció sin tomar en cuenta lo que este implicaba”.
Arévalo afirmó que este hecho evidencia que el gobierno de Morales negoció de manera irresponsable el acuerdo, y por ello lo hicieron de manera oculta hacia la sociedad, las instituciones y los medios de comunicación sin que hubiera razón para ello.
“Lo que se percibía, porque ya iban a entregar el gobierno, es que lo único que estaban resguardando era una protección del gobierno de EE. UU.”, resaltó el analista de la Flacso.
Arévalo expuso que los gastos de los procesos de recepción y atención de los solicitantes de asilo deben ser cubiertos por Guatemala, ya que las normativas y tratados internacionales de los cuales el país es signatario expresan que tiene la obligación de atenderlos en varios ámbitos como salud, seguridad y educación, entre otros.
En cuanto a los solicitantes de asilo que se queden en el país, Arévalo opina que tendrían que estar en un albergue que financie el gobierno hasta que encuentren dónde vivir, mientras le resuelven su solicitud, mientras que los que deciden no quedarse se quedan en un “limbo en cuanto a su solicitud de asilo a la cual también pueden renunciar o mantener en proceso”.
“Básicamente son los gastos administrativos de su recepción y en el caso de su estancia podría colaboras Acnur y en el caso de su traslado a Honduras y El Salvador la OIM”.
Organizaciones apoyan a migrantes
Cuccinelli está en lo cierto, Guatemala asume los costos y se hace cargo de los migrantes salvadoreños y hondureños que vienen al país bajo el Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA). Aunque el acuerdo bilateral establece que ninguna de las partes está comprometida a erogar algún gasto. En otras palabras, Guatemala asumirá a largo plazo el costo del derecho a la salud, de seguridad, de educación, y otros, de los migrantes que sean asilados por el país, ya que dicho requisito es indispensable para que pidan a Estados Unidos la figura de asilo y logren entrar y permanecer en ese país legalmente.
“No solo es una responsabilidad financiera sino de acuerdo con las leyes guatemaltecas. Es su ley, su soberanía y su dinero como están apoyando el sistema de asilo”, declaró Cuccinelli el pasado martes 25 de febrero, en una visita que realizó a Donna Texas, por la construcción del muro para impedir el ingreso ilegal de los migrantes por la frontera Sur de Estados Unidos.
Además, el acuerdo bilateral establece en su Artículo 8 numeral 5 que, ninguna de las dos naciones está obligada o comprometida a erogar algún gasto para el traslado de los centroamericanos a Guatemala, bajo el acuerdo de país receptor de migrantes, el cual fue firmado por el exministro de Gobernación, Enrique Degenhart y el exsecretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan en julio de 2019.
El padre Mauro Verzeletti, director de la Casa del Migrante, explicó que la organización se hace cargo de la protección y atención para los migrantes, lo que significa que este gasto no corre a manos del gobierno. Además, detalló que, por parte de las autoridades estadounidenses, no han recibido ningún tipo de ayuda económica para sufragar el apoyo que les brindan a los centroamericanos.
Migración informó que el gobierno guatemalteco no asume ningún costo en la recepción de los centroamericanos, ya que EE. UU., se responsabiliza de sus vuelos de retorno para Guatemala y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de los traslados para sus países de origen, si rechazan el derecho de pedir solicitud en Guatemala.
Además, la institución indicó que no existe un rubro o presupuesto distinto para costear los trámites de petición de asilo, ya que es el mismo personal que realiza dicha gestión como un proceso normal, quien se hace cargo de la solicitud de los retornados bajo el acuerdo ACA.
Para Leonel Dubón, director de la Asociación El Refugio de la Niñez, insiste que Guatemala no costea nada, ya que los centroamericanos solicitantes de asilo sobreviven con sus propios recursos y con el apoyo de organizaciones.
La organización también acompaña a los solicitantes de asilo durante su proceso, tiene asignado un equipo de 10 abogados, dos trabajadoras sociales, dos psicólogas, y una psicopedagoga, quienes brindan contención emocional, acompañamiento psicológico, alimentación, transporte, trámites jurídicos, entre otros.
Desde noviembre de 2019 hasta el pasado 25 de febrero, 716 personas han sido trasladadas de Estados Unidos bajo el ACA a Guatemala, 439 hondureños y 277 salvadoreños, según informó Migración.
No obstante, la mayoría de los migrantes retornados deciden regresar a su país de origen sin pedir asilo. Migración reportó que, hasta el 21 de febrero, habían ingresado 49 solicitudes, de las cuales solo 14 solicitantes continuaban en el proceso, ya que los demás no se presentaron a las entrevistas o a confirmar la petición.
EE.UU. trabaja en acuerdo con Honduras
El pasado martes 25 de febrero, el subsecretario adjunto para Centroamérica, Hugo Rodríguez, indicó que luego que Honduras y Estados Unidos firmaron un acuerdo migratorio –en el cual posiblemente envíen a guatemaltecos a ese país–, siguen trabajando con dicho país para saber la capacidad de recibir a migrantes para que soliciten asilo.
Además, Rodríguez agregó que todavía no tienen fecha para implementar el acuerdo, “estamos trabajando con ellos en su capacidad para recibirlos”, dijo el funcionario.
