El pasado viernes, Guatemala y 25 países votaron a favor de una resolución en la 51 Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) que rechazó las elecciones en Nicaragua al advertir que no fueron “libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”.
Este voto podría tomarse como una evidencia de que el gobierno del presidente Alejandro Giammattei rechaza el régimen dictatorial en Nicaragua y los vicios en el proceso electoral, que se celebró con todos los candidatos opositores a Ortega encarcelados.
Sin embargo, a esta resolución descalificó los comicios la anteceden otros hechos que generan dudas respecto a si el gobierno guatemalteco ha sido complaciente con la dictadura orteguista.
Por ejemplo, el pasado 20 de octubre, a dos semanas de que se celebraran elecciones en Nicaragua, la OEA aprobó una resolución promovida por ocho países y apoyada por otras 26 naciones, una resolución que exigía a Nicaragua la liberación “inmediata” de los aspirantes a la presidencia que se encontraban presos.
En esta oportunidad, Guatemala se abstuvo de votar. ¿Qué significa la abstención? “Para decirlo claro: es no asumir una posición a favor. Puede ser una tibieza, pero como forma de voto existe. Es no estar totalmente a favor y no estar totalmente en contra”, respondió el viceministro de relaciones exteriores, Carlos Ramiro Martínez, al ser cuestionado por el diputado Cristian Álvarez en una citación en el Congreso.
Otro país de la región que se abstuvo fue Honduras, lo cual fue criticado por empresarios, líderes de sociedad civil y políticos por entenderse esto como un gesto indulgente del gobierno guatemalteco ante el apresamiento de los opositores de Ortega.
Al consultar sobre esta abstención, la cancillería justificó, por medio de la oficina de comunicación social, que el pasado 15 de junio Guatemala votó a favor de una resolución de la OEA que, entre otros puntos, condenó “inequívocamente el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas a los precandidatos presidenciales, a los partidos políticos y a los medios de comunicación independientes”.
Argumentaron que decidieron abstenerse porque ya se habían pronunciado y, además, debían “esperar los resultados y la forma en que se llevarían a cabo las elecciones que se celebrarían el 7 de noviembre”.
Aunado a ello, luego de las elecciones del 7 de noviembre, en la que Ortega no tuvo a ningún rival, el gobierno no se pronunció sino hasta el día siguiente. En un comunicado, el Ejecutivo dijo que “lamentaba” que no se cumpliera con las condiciones para unas elecciones libres y justas, pero no condenó lo que algunos denominaron “farsa electoral”.
“Guatemala está “preocupada”, pero no condena la farsa electoral de Ortega”, tituló el diario el Confidencial de Nicaragua.
Asimismo, el pasado 11 de noviembre un grupo de 76 congresistas votaron en contra de incluir en la agenda del día un punto resolutivo para desconocer las elecciones a ese país. Entre los diputados que se negaron a aprobar esto hay tantos de la oposición como del oficialismo.
Posiciones erráticas
María Fernanda Rivera, presidenta del Consejo Nacional Empresarial (CNE), considera que el gobierno guatemalteco no ha sido enfático al momento de rechazar las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
Rivera considera que si el gobierno votó a favor de descalificar las elecciones en ese país el pasado 20 de octubre no fue, por iniciativa propia, sino por la presión del sector empresarial y otros sectores de sociedad civil que condenaron la farsa electoral.
“Para nosotros Guatemala no ha sido enfática en su política hacia Nicaragua. El voto del pasado 20 de octubre se vio más como si el gobierno se hubiera visto presionado por la opinión pública”, dijo Rivera.
Rivera recuerda Nicaragua ha acogido a varios exfuncionarios de la región acusado de corrupción para evadir la justica en sus países de origen. Entre estos están el expresidente salvadoreño Mauricio Funes, acusado de corrupción y malversación de fondos, y el guatemalteco Gustavo Herrera, sindicado de una estafa millonaria al IGSS. Ambos recibieron la nacionalidad de nicaragüense.
De ahí el interés de algunos gobernantes de mantener buenas relaciones con el régimen Ortega-Murillo.
El excanciller Gabriel Orellana coincide con que hay políticos envueltos en casos de crimen organizado que en un futuro podrían necesitar de Nicaragua para evadir la justicia.
“Guatemala ha sido errática en sus posicionamientos porque indudablemente hay factores internos que condicionan esa actitud ¿Cuántos políticos de nueva horneada tienen inversiones en Nicaragua y no les conviene irritar a gobierno nicaragüense? Ellos saben que van a salir huyendo y donde van a encontrar refugio es en nicaragua”, dijo Orellana.
Gabriela Ríos, directora de la Unidad de Relaciones Internacionales del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), dijo que respetan cualquier decisión que el gobierno tome en su política exterior, aunque considera que la fue desafortunada la decisión de abstenerse a votar la resolución del pasado 20 de octubre que exigía la liberación de los presos políticos.
“Creemos que esto que ocurre en Nicaragua amerita un pronunciamiento claro por parte del gobierno, sector empresarial y sociedad civil”, dijo Ríos.
