En una declaración a los medios, la Cancillería afirmó que con el retiro de sus privilegios “cada uno de los funcionarios se convierte en un extranjero más en el territorio nacional, lo que significa que deben sujetarse a las leyes y normas del país”.
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La información oficial señala que este procedimiento era el paso administrativo siguiente al retiro o revocatoria de las visas de cortesía y que el acuerdo de creación de la Cicig continúa vigente.
El vicepresidente Jafeth Cabrera afirmó este miércoles que se intentó durante 15 meses tener una respuesta de la ONU pero no se tuvo. “Tenemos la potestad jurídica para poder hacer esas cosas”, indicó.
El vicemandatario se retiró de una actividad con Secatid porque tenía que participar en una reunión del Consejo Nacional de Seguridad, aunque afirmó que en este caso no se abordará el tema de Cicig.
“Me quitan las herramientas”
En un comunicado a los medios de comunicación el titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, afirmó que con la no revocatoria de visas “me quitan las herramientas”, y calificó la acción del gobierno como “deleznable”.
Aseguró que gracias a la Cicig, el Ministerio Público ha descubierto cuáles son las raíces de la distorsión democrática.
Por la tarde de este martes, la organización Acción Ciudadana, capítulo Guatemala de Transparencia Internacional, presentó un memorial en la Corte de Constitucionalidad (CC), para solicitar que se determine si procede o no la destitución de la canciller Sandra Jovel.
La organización también pidió abrir un proceso penal en contra de la funcionaria por los delitos de abuso de autoridad y desobediencia pues al retirar las visas y credenciales de los expertos de la Cicig no estaría acatando la orden de la CC sobre negociar con la ONU para resolver cualquier conflicto respecto a la Cicig.
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También el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, se pronunció y afirmó que el revocar y denegar las visas de trabajo al personal de Cicig es “una clara obstaculización de la justicia por parte de funcionarios del Ejecutivo”.
Rodas, dijo que los funcionarios parecen no comprender los alcances de las decisiones de la Corte de Constitucionalidad, sobre que no se tiene que poner ningún obstáculo a los personeros de la Cicig en cuanto a su estatus migratorio.
Según el PDH, “evidentemente estamos ante una clara actitud de que se vaya la Cicig, de que no sean investigados, que la impunidad prevalezca”.
La decisión de la Cancillería traerá como consecuencia, según el PDH, “un deterioro de las condiciones de vida y de los Derechos Humanos para los guatemaltecos, porque la corrupción significa que todo ese recurso que se va para bolsillos de malos funcionarios que en contubernio con algunos malos empresarios, lejos de dar más salud, más educación, mejor infraestructura, queda impune y eso es un mal mensaje”.
Más críticas
Por su parte, los diputados que integran el Frente Parlamentario contra la Corrupción emitieron un comunicado de prensa en el que señalan su “total desacuerdo” con la acción del Ejecutivo pues esto representa “una violación al compromiso adquirido por el Estado de Guatemala en el Acuerdo de Creación de la Cicig”.
Los diputados hacen referencia a que este acuerdo “tiene por objeto colaborar, atender y proporcionar toda la asistencia de todo lo requerido por la Comisión”.
Además, señalan una grave preocupación por las implicaciones que estas medidas puedan tener sobre los casos que los profesionales de Cicig tienen bajo investigación, en conjunto con el Ministerio Público, pues esto podría representar un atraso en los mismos.
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Los congresistas se comprometieron a solicitar a la Cancillería, a través de los diferentes recursos y funciones legislativas, que se esclarezcan “estas acciones opacas y que se rinda cuentas sobre los motivos de éstas”.
Mientras tanto, la Fundación Libertad y Desarrollo explicó a través de un comunicado de prensa que, si bien el Gobierno de Guatemala anunció que no renovaría el acuerdo que da vida a la Cicig, este se mantiene vigente hasta septiembre del 2019.
La asociación expuso que la acción de la Cancillería está en contra de los artículos 6,8 y 10 del Acuerdo de Creación de la Cicig, el cual Guatemala firmó.
“Es indispensable que el gobierno sea respetuoso de la Constitución, leyes y tratados internacionales suscritos y ratificados por Guatemala”, señala.
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Además, la organización reconoce que “acciones como estas debilitan el Estado de Derecho, favorecen los intereses del Estado capturado y fomentan la impunidad”.
También en EE. UU.
La decidión de no revocar las visas a los investigadores de Cicig también generó reacciones en EE. UU., donde congresistas coincidieron en que la misión internacional ha contribuido en la lucha contra la corrupción.
La Congresista Norma Torres calificó la labor de la Cicig de “muy exitosa”. Mientras que otro congresista, Albio Sires, expuso que sigue de cerca la revocatoria de visas y afirmó que el personal trabaja en algunos de los casos de corrupción más importantes en el país.
“Si el presidente —Jimmy Morales— piensa que puede engañar a la comunidad internacional e impedir la justicia, debe saber que el mundo está observando”, advirtió Sires en su cuenta de Twitter.
Iván Velásquez: decisión es arbitraria
Antes de que se hiciera público que el Ejecutivo dio 72 horas a los 11 profesionales extranjeros para abandonar el país, el comisionado Iván Velásquez dijo que lo hecho por la Cancillería es un atentado contra el estado de Derecho.
“No renovar visas a funcionarios de la Cicig carece de fundamento legal y, por lo tanto, es arbitraria”, declaró Velásquez, según un comunicado de prensa de la Cicig.
“La única razón expresada, tanto por el presidente de la República -Jimmy Morales-, como por la ministra -Sandra Jovel-, señalando de terroristas a esos funcionarios, con investigaciones pendientes en sus países de origen, es absolutamente falsa como se demostró oportunamente con los certificados de carencia de antecedentes penales que fueron aportados a la Cancillería”, afirmó el comisionado.
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El 17 de octubre, el presidente Jimmy Morales afirmó que esas visas se denegaron o no se renovaron atendiendo la seguridad del país. “Nosotros no vamos a aceptar dentro de nuestro territorio personas que hayan sido señaladas en otros países por haber puesto bombas en instituciones y edificios del Estado”.
Según el jefe de la comisión, “la decisión que tomó el Ministerio de Relaciones Exteriores el día de ayer – 17 de diciembre-, y publicada este martes en el Diario de Centro América, es igualmente injustificada y desconoce el Acuerdo de Constitución de la Comisión, que es del que se derivan las inmunidades otorgadas a los funcionarios extranjeros de la Cicig”.
Velásquez aseguró además que la decisión tomada por la Cancillería guatemalteca “desconoce la Constitución Política del país, constituyen un atentado al estado de Derecho”.
Además, señala el comisionado, estas decisiones “podrían significar el preludio de acciones de fuerza contra los funcionarios de la Cicig”.
Ante la situación, el jefe de la comisión dijo que ya se presentaron acciones legales para revertir las acciones de la Cancillería y no descartó que se puedan presentar otras.
Por último, Velásquez hizo un llamado a la comunidad internacional y a la ciudadanía guatemalteca “para que exijan el respeto de la Constitución Política y se preserve el Estado de Derecho”.
Cuestiona retiro de acreditaciones
La Cicig declaró ante lo actuado por el Gobierno que los funcionarios a quienes revocó visas y acreditaciones han participado en casos de alto impacto.
“La medida busca afectar la independencia en su trabajo contra los -cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad- CIACS, sea en la investigaciones o varios litigios en curso; además de constituirse en una oportunidad de eventual persecución penal contra los funcionarios”, afirma en un comunicado.
Además, subrayó: “Las inmunidades a las que se refiere el acuerdo de Cicig derivan del Convenio de creación de la Comisión, no de la acreditación ni de las visa de cortesía. Según el acuerdo de creación de Cicig es solamente el comisionado -Iván Velásquez- quien puede retirar la inmunidad prevista para los funcionarios internacionales”.
“La Cicig sigue trabajando en el marco de lo expresado en su acuerdo de creación que señala que es mediante el diálogo entre el gobierno de Guatemala y la Secretaría General de Naciones Unidas la vía para solucionar cualquier diferendo”, concluye.
Cacif se pronuncia
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) expresó en un comunicado que respeta las decisiones adoptadas por el Gobierno, siempre que se enmarquen dentro del estado de Derecho.
El Cacif expresó que toda resolución debe estar fundamentada en la Constitución y leyes de la República, así como en la Convención de Viena respecto de las relaciones diplomáticas.
“Toda decisión de Estado debe asumirse en el marco de un compromiso reiterado de los guatemaltecos por fortalecer la institucionalidad, la lucha contra la corrupción, y preservar la unidad nacional. El Sector Empresarial Organizado reafirma su convicción y su compromiso de apoyo a estos tres objetivos”, dice el texto.
Finalmente, el conglomerado llama a que se mantenga la objetividad y el respeto a las instituciones, y evitar especulaciones o actitudes “que puedan fomentar una mayor polarización”.
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