En una carta enviada por el ministro de la Defensa el 9 de julio pasado a su par de Argentina, este acepta que hubo fallas en la comunicación estratégica previo a la suscripción del Convenio. Además, que la información vertida a la opinión publica por medios argentinos, antes de la firma del convenio generaron una reacción contraria en Guatemala motivas por publicaciones que a la fecha no han cesado.
Varios tweets originados por diferentes personas a lo interno de la República Argentina en los que daba a conocer la ‘compra’ de los aviones Pampa III por parte del Gobierno de Guatemala antes del intercambio de carpetas entre los mandatarios de Argentina y Guatemala.
“Las publicaciones de Infobae sobre procesos de corrupción por parte de esa Empresa estatal todos estos acontecimientos generaron una reacción contraria al Convenio en Guatemala, motivadas por publicaciones de ese tipo, que fueron replicadas por diferentes medios que a la fecha no han cesado, por el contrario, han provocado un grave daño en la credibilidad de todo el proceso”, señala el escrito.
El informe agrega: “Lo que dio lugar a especulaciones variadas y reacciones políticas como legales, basadas en información falsa sobre valores y características de las aeronaves (…) situación que ha provocado que el ente fiscalizador de Guatemala de active y pida la documentación certificada completa del Convenio”.
El 10 de julio el entonces subcontralor de Calidad del Gasto Público de la Contraloría General de Cuentas, César Elías emite una resolución en base a un estudio jurídico efectuado en la que “recomienda desistir del actual procedimiento para la adquisición de dos aeronaves Pampa III y cumplir con el ordenamiento jurídico interno vigente”.
Otorgan amparo
Con 4 votos a favor y 1 en contra, la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional a Acción Ciudadana por lo que ordena al presidente Jimmy Morales a abstenerse a adquirir o comprar los aviones militares sin agotar lo que establecen las normas vigentes internas.
El amparo tuvo los votos favorables de los magistrados Bonerge Mejía quien preside, Gloria Porras, José de Mata Vela y Neftaly Aldana, mientras que el voto disidente fue de Dina Josefina Ochoa Escribá, magistrada que ha votado siempre en favor de los intereses del Ejecutivo, quien fue quien la nombró.
La resolución señala que si bien consta que se tuvo el aval de diversas instituciones estatales para la celebración del Convenio Específico de Cooperación Técnico-Militar con el Ministerio de la Defensa de Argentina, a través de la Fabrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín, S.A.” -FAdeA- para el suministro de equipo y material militar; el Ministerio de la Defensa adquirió compromisos sin contar con las asignaciones presupuestarias para su cumplimiento.
A pesar de que se cuenta con el espacio presupuestario requerido, sin embargo, al redirigir el presupuesto se afectarían considerablemente los programas sustantivos del Ministerio, así como los productos y subproductos que se tiene planificados, lo que pondría en riesgo la continuidad de los servicios que por misión constitucional se prestan a la población.
“Que el presidente de la República y las otras autoridades denunciadas en esta acción deben abstenerse de realizar la adquisición de aeronaves de tipo militar precisada en los actos reclamados, sin agotar previamente los requisitos regulados en las leyes aplicables, en atención estricta a lo que recomendó el subcontralor de Calidad de Gasto Público”, finaliza el amparo provisional.
Contenido relacionado
>Mientras Jimmy Morales andaba en Argentina, el vicepresidente Jafeth Cabrera firmaba un acuerdo de ampliación presupuestaria para el Instituto de Previsión Militar
> La Fadea fue señalada de corrupción por hechos que se habrían cometido entre el 2010 y el 2014
