El 2 de noviembre de 2019 miembros de la Gremial de Transporte Pesado de Guatemala hicieron una movilización de camiones y cabezales que inició en la ruta al Pacífico y terminó en la Plaza de la Constitución, como una demostración de fuerza al gobierno y su “poder” de paralizar la economía del país.
Para este 7 de noviembre se tenía previsto otra manifestación similar, pero con la medida tomada por el gobierno esta podría quedar suspendida.
Rony Mendoza, presidente de la referida gremial, dijo este 6 de noviembre que ve con buenos ojos la prórroga que les dio el gobierno porque tendrán más tiempo para pelear contra esta ley “absurda”.
La Ley para el fortalecimiento de la seguridad vial fue propuesta en el 2016 pero el reglamento fue publicado hasta este año con el acuerdo gubernativo 39-2019.
Afirmó que la movilización anunciada para mañana no es del colectivo que representa, sino de los importadores de vehículos.
“Quiero hacer la aclaración que el día de mañana nosotros como gremial no pensamos hacer ninguna manifestación. La caravana que va a salir de los lugares que están mencionando es de los importadores de vehículos. No es el transporte pesado que piensa salir a manifestar mañana”, afirmó el dirigente.
El Acuerdo Gubernativo 38-2019 obliga a los transportistas a instalar un dispositivo limitador de velocidad en los tráileres para que desarrollen hasta un máximo de 80 kilómetros por hora, a lo que la gremial se opone, según Mendoza, no a regular la velocidad sino al costo que les representaría cumplir con la medida.
Mendoza afirmó que el costo de implementar la ley se trasladaría al consumidor final y, según él, lo que hay detrás de la normativa es un negocio de las empresas que ya compraron los reguladores.
El objetivo es evitar tragedias como las que han ocurrido en carreteras donde se ven involucrados vehículos del transporte pesado que viajan a excesiva velocidad.
“Como piloto, estoy de acuerdo que al piloto que lo encuentren a excesiva velocidad que lo multen y si es posible que le quiten la licencia para que entienda que no es carrera de caballos en lo que andamos”, dijo Mendoza el día de la manifestación.
“Estamos en contra de la estafa porque las unidades se pueden gobernar por medio de una computadora y gastar Q100 o Q150, cuando las empresas que están certificadas quieren cobrar hasta Q4 mil por regular una unidad. A todas luces es una estafa y es un negocio”, manifestó a la prensa.
Este es el reglamento de la Ley Para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial:
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