“La Subdirección de Control Migratorio comunica públicamente a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) que las siguientes personas: Coriolano Marcelo Umpierrez Osorio, John Washington Gimenez Robayna, Vicenzio Caruso María Martín Quintana, Fernando Robles Reyes, Yilen Osorio Zuluaga, Roque Marcelo Veliz López, Harcio Roberto Piccardo Candia, Luis Fernando Orozco Alvarez, Fernando Washington dos Santos Oliveira y César Augusto Rincón Sabogal; el 18 de diciembre del presente año, a las 12 con cuarenta minutos, fueron notificadas las resoluciones en las cuales se ordenó el abandono del país de las personas referidas en el presente apartado en un plazo de setenta y dos horas a partir de la notificación; en caso de incumplimiento se determinará su expulsión. Guatemala, 19 de diciembre de 2018”.
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Esta es el segundo aviso que el Ejecutivo remite a la comisión. En el primero, le notifica que le retiró acreditaciones, y por tanto inmunidad, a los 11 funcionarios, que durante años han trabajado en casos de alto impacto sobre corrupción.
Según la Cancillería, el procedimiento de retiro de acreditaciones era el paso administrativo siguiente al retiro o revocatoria de las visas de cortesía y que el acuerdo de creación de la Cicig continúa vigente.
Por su parte, la comisión expresó: “Cabe señalar que los funcionarios internacionales involucrados son investigadores y litigantes de casos de alto impacto en Guatemala. La medida busca afectar la independencia en su trabajo contra los -cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad- CIACS, sea en la investigaciones o varios litigios en curso; además de constituirse en una oportunidad de eventual persecución penal contra los funcionarios”.
También cuestionó el retiro de inmunidades para los 11 funcionarios. “Las inmunidades a las que se refiere el acuerdo de Cicig derivan del convenio de creación de la Comisión, no de la acreditación ni de las visa de cortesía. Según el acuerdo de creación de Cicig, es solamente el comisionado -Iván Velásquez- quien puede retirar la inmunidad prevista para los funcionarios internacionales”, señaló.
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Recursos legales
Dentro de esta coyuntura, Acción Ciudadana presentó un memorial ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para que determine si procede la destitución de la canciller Sandra Jovel y la apertura de un proceso penal por delitos de abuso de autoridad y desobediencia, con base en que Guatemala debe negociar ante la ONU cualquier conflicto respecto a la Cicig.
El abogado Alfonso Carrillo solicitó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordenó que las visas de trabajo de los 11 funcionarios de Cicig sean otorgadas o renovadas, que les garantice la libertad de movimiento y que el Ejecutivo se abstenga de poner obstáculos o retardar la emisión de visas al personal de Cicig.
Tiene la potestad
El vicepresidente Jafeth Cabrera afirmó este miércoles que se intentó durante 15 meses tener una respuesta de la ONU pero no se tuvo. “Tenemos la potestad jurídica para poder hacer esas cosas”, indicó.
El vicemandatario hizo un cambio en su agenda porque tenía que participar en una reunión del Consejo Nacional de Seguridad, la instancia que recomendó a Morales no permitir el ingreso de Velásquez, aunque afirmó que en este caso no se abordará el tema de Cicig.
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