Pero la decisión del Departamento de Estado de EE. UU de nombrar actores corruptos a la fiscal general Consuelo Porras y a su secretario general Ángel Pineda es precedida por una serie de eventos que motivaron señalamientos de la sociedad civil contra Porras por, presuntamente, actuar en confabulación con el gobierno para obstaculizar investigaciones por corrupción.
Uno de los primeros casos que sugirió esta conspiración ocurrió en septiembre de 2020, cuando la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) quiso pedir el retiro de antejuicio de la exsecretaria general de la Presidencia Leyla Lemus, quien actualmente es magistrada de la Corte de Constitucionalidad por designación del presidente Giammattei.
La FECI, entonces dirigida por el exfiscal Juan Francisco Sandoval, investigaba una supuesta conspiración contra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para influir en las contrataciones de esa entidad. Con el retiro de la inmunidad de Lemus se pretendía esclarecer si ella tenía o no una participación en el caso.
No obstante, las pesquisas no avanzaron luego de que la fiscal general decidiera trasladar el expediente a la Fiscalía contra Delitos Transnacionales. Porras tomó en cuenta un análisis jurídico de sus asesores que decía que el agente fiscal a cargo del caso no respetó a la Presidencia de la República por la forma en que le solicitó información.
Un año después de ello, la fiscal general general destituyó a Juan Francisco Sandoval al frente de la Feci sin mediar procedimiento alguno. Sandoval dijo posteriormente que previo a ser despedido se encontraba recabando indicios que podían involucrar al presidente en un caso de corrupción.
José Echeverría, del Movimiento Cívico Nacional (MCN), opina que el MP tiene la responsabilidad de realizar investigaciones objetivas a imparciales para determinar si hay una vinculación del presidente en actos de corrupción y si la fiscal general podría estar obstruyendo casos de corrupción.
“El MP pudiera asegurar la independencia (de la investigación) con ciertos mecanismos, como el nombramiento de una fiscalía especial. Sin embargo, yo creo que hay poco conocimiento y muy poca comunicación desde el propio MP sobre cómo se asegurará la independencia y objetividad de las investigaciones”, dijo Echeverría.
Echeverría considera que el gobierno de Guatemala debería comunicarse con el Departamento de Estado de EE. UU. para profundizar las razones que los motivaron a designar como actores corruptos a Porras y Pineda y así adoptar una postura más informada.
Por su parte, Oswaldo Samayoa, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), considera que el presidente debería pedir la renuncia de la fiscal general. Esto no implica violar la independencia del MP, ya que él tiene derecho de petición política. Sin embargo, considera que esto no sucederá.
“Siendo presidente tiene obligación de dar muestras que no va a consentir ningún tipo de procedimiento, decisión o norma contraria a derechos humanos”, dice Samayoa.
Otros actores designados
El Departamento de Estado de EE. UU. nombró el pasado 1 de julio a 20 guatemaltecos como actores corruptos en el marco de la Lista Engel. Entre estos figuran el juez Mynor Moto, el expresidente Álvaro Colom, el magistrado de la Corte de Constitucionalidad Nester Vásquez Pimentel, el diputado Jorge Vargas, el presidente de la Fundación contra el Terrorismo Ricardo Méndez Ruiz, entre otros.
