No son nuevos conflictos para el país centroamericano, considerado por organismos internacionales como uno de los 10 más sangrientos del planeta y con los peores índices del continente en desnutrición crónica infantil (último según la Organización de Naciones Unidas), inversión pública en educación (penúltimo de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo) y corrupción (solo arriba de Nicaragua, Haití y Venezuela con base en un estudio de Transparencia Internacional).
El “deterioro” es tan grande, que un informe del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales aseguró en 2019 que “la pobreza extrema” en Guatemala “alcanzó el máximo registrado desde el año 2000”.
De acuerdo con datos de entidades locales e internacionales, seis de cada 10 guatemaltecos viven en la pobreza y el 23 por ciento intenta sobrevivir en condiciones de pobreza extrema.
Los últimos cinco mandatarios llegaron al poder con la misma agenda por cumplir como Giammattei. A la fecha, tres de ellos han pisado la cárcel (Otto Pérez Molina, Álvaro Colom y Alfonso Portillo) sindicados o condenados por corrupción. Solamente se salvan al momento Óscar Berger y Jimmy Morales.
Corrupción normalizada
La corrupción y el abuso de poder están prácticamente normalizadas en Guatemala de acuerdo al presidente saliente, Jimmy Morales, en palabras pronunciadas durante su segundo año de Gobierno.
“Tal vez todo eso es parte de una corrupción que se ha vivido en el país, una corrupción que, de una u otra forma, en Latinoamérica, Guatemala y muchas partes del mundo, se ha considerado como normal”, aseguró en una entrevista en junio de 2017.
Las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP) entre 2015 y 2017 desnudaron la realidad de la política guatemalteca. Las pesquisas de ambas entidades imputaron por corrupción a alrededor de 160 personas entre empresarios, funcionarios, ministros, diputados y el presidente de 2012 a 2015, Otto Pérez Molina, además de su vicepresidenta, Roxana Baldetti.
La lucha anticorrupción continúa, pero sin la jefa del MP en aquel momento, Thelma Aldada, quien cumplió su período de cuatro años en el cargo en 2018. Y también sin el titular de la Cicig, el abogado colombiano Iván Velásquez, expulsado del país en el mismo año por el presidente Morales por supuesta “injerencia extranjera”.
Aldana y Velásquez se hicieron acreedores en 2018 al premio Nobel Alternativo en Suecia, donde denunciaron que en Guatemala el “Estado se convirtió en el botín de los poderosos de todas las especies y perdió su norte, si alguna vez lo tuvo, de generador del bienestar colectivo”.
La batuta anticorrupción le fue traspasada a Juan Francisco Sandoval, abogado de 36 años a cargo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Sin embargo, según medios locales, en algunos casos la entidad ha sufrido boicots del Organismo Ejecutivo y fuga de información en allanamientos y pesquisas.
La percepción en cuanto a Giammattei con respecto al futuro no es del todo optimista para algunos sectores de la sociedad civil como por ejemplo para la dirigente estudiantil Lenina García, férrea opositora a Jimmy Morales. García le dijo a EFE que desconfiaba entre otras cosas del entorno del mandatario electo.
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Otros sectores son más optimistas, especialmente en el área urbana, donde Giammattei encontró ventaja para ganarle la elección del año pasado a la ex primera dama Sandra Torres.
Migración imparable
EE. UU. detuvo en entre septiembre de 2018 y agosto de 2019 (11 meses de su año fiscal) a aproximadamente 250 mil guatemaltecos que intentaban cruzar su frontera sur de manera ilegal, según datos de la Patrulla Fronteriza estadounidense y de su departamento de migración. En el mismo lapso fueron interceptados 230 ml hondureños, 150 mil mexicanos y 50 mil salvadoreños.
La cifra, la más alta de la historia para guatemaltecos, es el doble que en el período anterior (115 mil) entre 2017 y 2018 y prácticamente cuadriplica la cantidad de hace dos períodos (65 mil).
El aumento de migrantes no solo es significativo: también lo es la cantidad de menores no acompañados que parten rumbo a Estados Unidos desde Guatemala en busca de un futuro mejor: 27 mil en 2019, 22 mil en 2018 y 15 mil en 2017.
El nuevo presidente de Guatemala deberá enfrentar un éxodo masivo que parece no tener fin. Una encuesta el año pasado divulgada por medios locales determinó que cuatro de cada 10 ciudadanos están pensando en migrar al extranjero, en la mayoría de los casos a Estados Unidos.
Según expertos, de cada tres guatemaltecos que se van al norte de América ilegalmente, uno muere, otro logra su objetivo y el tercero es capturado por las fuerzas de seguridad fronterizas.
El legado de Jimmy Morales
“Entrego un mejor país del que recibí”, aseguró Jimmy Morales el pasado sábado en una de sus últimas actividades públicas.
Entre sus logros, de acuerdo al mismo mandatario, se encuentra la solvencia económica del país con una caja positiva de 1 mil 835 millones de quetzales (238 millones de dólares) y la erradicación de huelgas en el área de Salud. “Ahora no hay sueldos atrasados”, afirmó.
Morales se adjudicó además el aumento de salarios a médicos y maestros y el incremento en la cantidad de días de clase alcanzados en el año escolar, además de elevar cuatro veces la asignación para la alimentación de menores en las escuelas.
“Firmamos la unión aduanera con Honduras, un hito en América porque no se había dado”, añadió el presidente, quien tomó el cargo en 2016 bajo la consigna de “ni corrupto, ni ladrón”.
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Algunos sectores tienen otra opinión. Morales y su vicepresidente, Jafeth Cabrera, tuvieron “la oportunidad” de salir por “la puerta grande y convertirse en las figuras políticas que pusieron empeño en rescatar al país durante estos últimos cuatro años”, en opinión del exministro de Gobernación (Interior) Carlos Menocal.
“Pero no quisieron, no se les dio la gana y contrario a ello, en medio de viandas, se plegaron a un poder compuesto por distintos sectores que viven de la corrupción, negocian con la pobreza y se aprovechan de los recurso del Estado para hacer crecer sus negocios lícitos o no”, concluyó el exfuncionario del Gobierno de Álvaro Colom (2008-2012).
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