Diversos sectores del país han solicitado a Giammattei un diálogo para salir de la crisis generada por la aprobación del Congreso al presupuesto del 2021, que asciende a Q99 mil 700 millones, pero hasta ahora el mandatario anunció que entablaría el diálogo para analizar la asignación presupuestaria del siguiente año.
También la solicitud del mandatario llegó luego de que la mayoría de los sectores y organizaciones representativas del país la pidieron , incluso algunas ofrecieron participar en el proceso para evitar el enfrentamiento violento y buscar una opción para modificar un presupuesto sin prioridades, desfinanciado y opaco en cuanto a la fiscalización.
No obstante, el comunicado del gobierno informa que, los “actos de violencia” registrados en los últimos días han alterado la “paz pública” y ponen en “grave riesgo” la institucionalidad democrática, así como también el ejercicio del poder de las autoridades electas de forma democrática.
El pasado 21 de noviembre, se registraron enfrentamientos entre grupos de manifestantes y agentes antidisturbios de la Policía Nacional Civil (PNC) en cercanías del Congreso, el cual tiene daños en su infraestructura a causa de un incendió que fue provocado por un grupo de personas que protestaban frente al Palacio Legislativo.
El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, mostró su preocupación por la actuación de la PNC durante la primera jornada de protestas, porque considera que se evidenció el uso desproporcionado de la fuerza policial y lo cual violó el amparo que le fue otorgado por la Corte de Constitucionalidad (CC) en favor de los manifestantes.
Diputados de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) solicitaron un inventario para cuantificar los daños ocasionados por el incendio provocado en el Legislativo, durante manifestación del 21 de noviembre. Orlando Blanco, jefe de la bancada, señaló que personas “infiltradas” cometieron los hechos delictivos y enumeró varios factores que considera sospechosos para incendiar el lugar, como que la PNC no actuó en el momento preciso.
No obstante, en el Centro Histórico también se registraron más concentraciones de personas y en la Plaza de la Constitución las protestas fueron pacíficas, hasta que la PNC lanzó bombas de gases lacrimógenos al centro del lugar para dispersarlos y disolverlos, después de que llevaban más de tres horas haciendo reclamos al gobierno.
“Los actos de violencia sistemática en contra de las instituciones nacionales, de los cuales hemos sido testigos todos los guatemaltecos en los últimos días, no representan formas legítimas de ejercer la libertad de expresión. Por el contrario, dichos actos no son sino un medio a través del cual grupos minoritarios buscan forzar un verdadero golpe de Estado”, se lee en el comunicado compartido por el Ejecutivo.
La OEA, mediante un comunicado, informó que apoya los esfuerzos del gobierno guatemalteco por un diálogo inclusivo, por lo que el presupuesto 2021 debe asegurar los máximos compromisos para garantizar la transparencia, rendición de cuentos y los más altos estándares de la lucha contra la corrupción, como prioridad la lucha contra la desnutrición infantil.
“La Gobernabilidad y estabilidad del país deben asegurarse, los gobiernos de ‘notables’ que no han sido electos por el pueblo son por esencia antidemocráticos y antidemocratizadores. Los mandatos que otorga el pueblo en elecciones democráticas deben respetarse, ese es el sentido de la democracia. Asimismo, Gobernabilidad no implica impunidad, sino todo lo contrario, la misma debe reafirmarse sobre patrones absolutamente claros de lucha contra la corrupción”, concluye la organización.
Posibles inconvenientes
Anamaría Diéguez, exvicanciller y embajadora de carrera, opinó que, al otorgarle al secretario de la OEA, Luis Almagro, todo el poder que implica aplicar la Carta Democrática puede traer inconvenientes, ya que, se le concede la capacidad de convocar al ese diálogo e invitar a los participar, lo cual no garantiza que todas las voces de toda la sociedad guatemaltecas estén incluidas.
La exfuncionaria también resaltó que no se debe retroceder en los avances democráticos que ha alcanzado el país, porque el uso excesivo de la fuerza policial en contra de los manifestantes debería orillar a que el ministro recién nombrado, Gendri Reyes y el director de la PNC, José Tzuban, deban ser cesados de sus cargos, debido a los abusos que se cometieron contra los derechos humanos de los ciudadanos en las protestas pacíficas y por contravenir el amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad (CC) al PDH, garantizando el derecho a la manifestación pacífica.
El comunicado del gobierno condena que, el carácter antidemocrático de las acciones violentas, y la “grave amenaza institucional” que se supone representan, obligan a que las autoridades recurran a la comunidad internacional para que, por medio de “mecanismos regionales apropiados” puedan preservar la democracia.
Hartazgo ciudadano
Para la politóloga del Instituto 25ª, Gabriela Carrera, llama la atención de que, Giammattei dé por hecho que se está fraguando un golpe de Estado en su contra y lo cual es equivocado, porque las demandas de la ciudadanía son distintas y es el rechazo a toda institucionalidad que pareciera que está en contubernio para los mismos intereses. Además, advirtió que podría estar siendo utilizado por diputados o sectores ligados al Gobierno.
Señaló sentirse sorprendida que la OEA sea el mediador de este diálogo y respalde de manera acrítica la lectura que hace el Ejecutivo. “Creo que hay una tremenda intención de leer mal la situación de Guatemala para tildarla de golpe de Estado, cuando es realmente, un hartazgo ciudadano”, agregó.
Carrera afirmó que, aunque el presidente ha informado que se ha sentado a dialogar para analizar el presupuesto, se desconoce con qué sectores ha dialogado y también no se ven los resultados. Por lo que cuestiona con que sectores se va a sentar a dialogar el mandatario.
