El incremento de plazas de empleo en todo el Estado, según el análisis de los presupuestos aprobados, representó un aumento en el rubro de sueldos y salarios de Q1 mil 858 millones. De haberse aprobado el presupuesto del 2018, el aumento en tres años hubiera alcanzado los Q5 mil 95 millones.
Los presupuestos publicados en el portal del Minfin tienen las cifras de plazas existentes en el Organismo Ejecutivo, pero no las de los otros poderes del Estado, ni de las municipalidades.
De las dependencias del Gobierno, es el Ministerio de Salud el que refleja mayor aumento de puestos de trabajo en tres años, con 15 mil 322, la mayoría de ellos generados en el 2017. Le siguen los ministerios de Gobernación, con cuatro mil 852; Defensa, con dos mil 142, y de Cultura y Deportes, con 179.
Además, en el mismo lapso, las 16 secretarías generaron 341 nuevos empleos.
Injustificables
El analista de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Asíes), Luis Linares, comentó que el incremento de personal en algunos casos, como en Salud, es necesario por la implementación de programas de atención primaria; no obstante, al hacer la relación del aumento de plazas y la calidad de los servicios que esa cartera presta, considera que no sirve de mucho si se crean nuevos puestos de trabajo, además de que no se les destinan los insumos necesarios ni la capacitación.
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El ministro de Salud, Carlos Soto, afirmó que el incremento de trabajadores “no es ni siquiera un 20 por ciento de lo que necesitamos”, y que el aumento ha sido en personal operativo en los tres niveles de atención, ya que ha tratado de reducir el administrativo.
Q21,379.3 millones era lo destinado para el 2018, pero al no aprobarse el presupuesto, la cifra quedó en Q18,141.80 millones.
Como ejemplo citó que recientemente se contrataron cuatro mil enfermeras para el nivel de atención comunitario, pero en cada centro de Salud solo hay asignada una —cuando lo ideal deberían ser cuatro—, porque no hay presupuesto para más.
Linares consideró “injustificables” los aumentos, por ejemplo, en las secretarías “que no realizan funciones sustantivas”, y criticó y el número de plazas destinadas a la Presidencia, que es de mil 266, ya que eso significa que “más de mil personas están al servicio del presidente y del vicepresidente”.
“El incremento de personal se justifica o no en la medida en que sirva para aumentar la capacidad de cobertura y servicios esenciales de parte del Estado, y no para inflar la burocracia en las plantas centrales de las secretarías”, explicó Linares.
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Se amplió cobertura
El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, expuso que el incremento de plazas en el Ejecutivo obedece a la implementación de reglamentos internos de cada dependencia, la ampliación de la cobertura de servicios, hallazgos de la Contraloría General de Cuentas o al cumplimiento de sentencias judiciales.
Q16,283.10 millones fue lo destinado para sueldos y salarios en el 2015.
Precisó que el mayor aumento se dio en el Ministerio de Salud por el traslado de personal que prestaba servicios profesionales o técnicos a un renglón permanente (011).
Brito aseguró que el incremento de puestos de trabajo se traduce en una atención inmediata de los servicios que requiere la población, así como en la agilización de procesos. Destacó que con los nombramientos se han fortalecido las instituciones.
En cuanto al alza de plazas en las secretarías, el funcionario indicó que la principal variación se dio en la Secretaría de Bienestar Social, ya que se fortalecieron los centros de atención integral y otros programas que atienden a los menores en conflicto con la ley penal.
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Censo no se concreta
En el 2016, el Gobierno anunció el levantamiento de un censo de empleados públicos cuyo fin sería suprimir los puestos innecesarios y eliminar las plazas fantasmas. Los resultados se ofrecieron para ese mismo año, y aunque el proyecto ya cuenta con financiamiento, no se conocen los avances.
Prensa Libre solicitó información de cómo avanza ese censo al Instituto Nacional de Estadística (INE) y a la Oficina Nacional del Servicio Civil (Onsec), pero no se obtuvo respuesta.
Una portavoz del INE indicó mediante un mensaje de correo electrónico que “todas las energías, tiempo y recursos en este momento están destinados al Censo Nacional de Población y Vivienda”, por lo que no pueden abordar el tema hasta después del 16 de agosto.
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El último dato estadístico de empleados públicos se obtuvo en el 2007 y reveló que en el Estado laboraban 385 mil personas; sin embargo, se calcula que en la actualidad podrían ser más de un millón.
No es prioridad
El exasesor presidencial en el proyecto del censo, Luis Velásquez, consideró que este no se ha concluido porque no ha sido una prioridad de las autoridades, ya que cuando él dejó la asesoría había un cronograma establecido y se tenía listo el programa informático para la recopilación de datos y hasta una boleta censal, por lo cual se tenía previsto que el proyecto finalizara en octubre del 2016.
Según Velásquez, el censo es “urgente” para ordenar la administración pública y eliminar los posibles casos en los que una persona tiene dos o más contratos en instituciones del Estado, estandarizar los salarios y establecer el otorgamiento de plazas por meritocracia.
“En una empresa, tener el desorden que tiene el Estado es inconcebible”, apuntó el exfuncionario.
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