¿Cómo se está abordando el proceso electoral en la Fiscalía de Delitos Electorales?
Con respecto a la preparación lo estamos haciendo a través del plan operativo que la fiscal general María Consuelo Porras emitió, el cual es guiar al personal del Ministerio Público durante las elecciones generales 2019. Este plan operativo contempla la creación de una red fiscal que desde el 4 de febrero empezó a funcionar. Son 395 personas que están en el Ministerio Público atendiendo el turno especial de delitos electorales.
¿Quiénes encabezan la red fiscal?
Está capacitado el jefe de la fiscalía, el encargado de la Oficina de Atención Permanente, dos auxiliares fiscales y el encargado de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (Dicri) en cada una de las fiscalías y oficinas a nivel nacional, en coordinación de la Fiscalía de Delitos Electorales, bajo la coordinación directa de la Secretaría Técnica de Política Criminal.
¿Cómo se abordará una denuncia?
Una vez se tiene conocimiento de una denuncia de delitos electorales se hace una comunicación inmediata con la fiscalía de Delitos Electorales. Se desarrolla un protocolo de 24 horas en donde se deben de realizar diligencias que se consideren urgentes, y 48 horas después otras diligencias como el plan de investigación e hipótesis y, obviamente, la supervisión del jefe y del agente fiscal encargado de la investigación en ese lugar. Posteriormente se hace una reunión para verificar los avances de la información, verificar que se haya cumplido con las diligencias urgentes y posteriormente otra reunión de 72 horas para poder tomar una decisión. Si nos encontramos ante un delito electoral o un delito de otra índole, correspondería llevar otro tipo de protocolo.
¿Se consideran otros delitos que no sean electorales?
Obviamente tenemos una visión de género, una visión con otros delitos porque obviamente no podemos invisibilizar dentro de las actuaciones que recibe el MP otro tipo de delitos, como lo sería la violencia contra la mujer, discriminación o delitos contra la vida, el honor o delitos de discriminación. Se está verificando obviamente en base a las buenas prácticas que se han venido recabando.
¿Ya se abarcó todo el país?
El plan operativo contempla un antes, un durante y un después de las elecciones. Dentro del plan operativo del antes ya se tiene la totalidad de las metas cumplidas, como la instauración de las capacidades necesarias en cada una de las fiscalías, así como la Fiscalía de Delitos Electorales. Se contrataron a tres personas más para apoyar el trabajo de la fiscalía y ya se coordinó y la red fiscal, y se socializó tanto la guía como el plan operativo. Ya estamos en el durante, con la creación de los listados de las personas que van a participar en el centro de llamadas que estará atendiendo ese día, aparte estamos creando otro listado en base a los centros de votación y estamos tomando como un parámetro los de la consulta popular. Cuando ya tengamos los nuevos centros de votación se sustituirán para poder distribuir al personal a nivel nacional.
De uno a uno a cien, ¿cómo se podría decir que está ejecutado el plan?
El plan operativo ya se cumplió en un 75 por ciento porque ya está cumplida toda la parte del antes; el 25 por ciento que resta es para el día de las votaciones, el 16 de junio, y para lo que suceda después.
¿Los fiscales saldrán a la calle para verificar cómo se desarrollan las votaciones?
La fiscalía estará atendiendo durante 72 horas en la sede central, así como a nivel nacional. Cada sede tendrá un turno especial que estará atendiendo cualquier situación que se pudiera dar durante los días previos, el día de la elección y después. Estaremos trabajando en las coordinaciones con la mesa de seguridad con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el día de las elecciones, estaremos implementado el centro de llamadas y también la atención a través del correo electrónico y la aplicación de reportes. Todo el personal fiscal del Ministerio Público estará de turno ese día con el objetivo de acercarnos a la ciudadanía y estar presentes para cualquier eventualidad con respecto a una denuncia.
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¿Se va a descuidar el trabajo de otras fiscalías?
Es importante decir que no. Por el hecho de que existen turnos especiales en delitos electorales no se van a descuidar otros aspectos, ya que los turnos ordinarios en otro tipo de especialidad se están respetando.
¿Cómo avanza la mesa para evitar la conflictividad?
Básicamente se están elaborando mapas de prevención y análisis de la prevención para establecer cómo movilizar de manera estratégica al personal a los centros de votación donde se considere que existe algún riesgo.
¿Ya se tiene un dato preliminar de denuncias?
Hay información procesada y está sirviendo para tomar decisiones respecto a la conflictividad. Esos datos se compartirán con la mesa de seguridad y los fiscales a nivel nacional.
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Algunos delitos electorales
Artículo 327 A. Agravación electoral. Comete delito quien falsifica, altera, usa, destruye, oculta y suprime en parte o en su totalidad un documento verdadero para la elección.
Artículo 338 Uso ilegitimo de documentos de identidad. Comete delito quien utiliza documento personal de identificación como propio, siendo ajeno. Será sancionado con prisión de uno a tres años. La sanción se incrementará con la mitad, cuando el uno ilegitimo del documento de identidad sea para fines electorales.
Artículo 407 A. Turbación de acto eleccionario. Comete delito quien altere o interrumpa con violencia, intimidación o amenaza la votación o el escrutinio de una elección nacional o municipal. Será sancionado con prisión de dos a ocho años.
Artículo 407 B. Coacción contra elecciones. Comete delito quien, con violencia, intimidación o amenazas, obliga a que se vote de una manera que no desea l apersona. Será sancionado con prisión de uno a cinco años.
Artículo 407 C. Coacción del elector. Comete delito quien pague con dinero u otra manera para no votar, o hacerlo por determinado candidato, partido político o comité cívico electoral.
Quien acepte dinero u otra cosa, para no votar o hacerlo por determinado candidato, partido o comité cívico electoral. Serán sancionados con prisión de dos a ocho años y se aumentará en la mitad, cuando la conducta sea realizada por un funcionario o empleado del Estado.
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