The Guardian consigna que uno de los socios directivos de la empresa, Robert Grand, fue miembro principal del grupo de finanzas de la campaña de Donald Trump y Pence, y vicepresidente financiero del comité de inauguración presidencial. En el mismo ramo se desempeña en el equipo de liderazgo del Comité Republicano Nacional.
“Otros empleados de B&T han trabajado para el vicepresidente, incluyendo Stephen Simcox, quien fue consejero general adjunto cuando era gobernador de Indiana, y el socio Matt Morgan, quien representó a Pence en la campaña por la gobernación y ahora es asistente y consejero general”, reporta el diario.
Firmante
En los documentos de declaración en el registro del Departamento de Justicia de EE. UU. aparece la firma de Grand.
En uno está su firma, a mano, y en el otro es una firma electrónica. Estos documentos son conocidos como Exhibits y están acompañados por los contratos firmados por Craig S. Burkhardt, de B&T.
Nota al MP
El canciller Carlos Raúl Morales evitó opinar en cuanto a la vinculación de la empresa de cabildeo con Pence, debido a que el contrato no fue emitido por el Gobierno.
Agregó que la Cancillería dirigió, en nombre del Ejecutivo, una nota al Ministerio Público, en la cual informa lo sucedido, para que se determine si los hechos son causales de delito.
El canciller descartó cualquier intento de comunicación con B&T. “La firma no fue del Ejecutivo, así que no se buscará contactar a la compañía”, manifestó, y aclaró que no es necesaria la contratación de ese tipo de empreas.
La Embajada de EE. UU. en Guatemala no quiso emitir comentarios sobre la vinculación de Pence con Grand y la firma.
“No tenemos detalles, y si hay una investigación, debe ser una investigación transparente y según la ley”, dijo una fuente de esa misión diplomática.
Los funcionarios del Ejecutivo que se han pronunciado sobre la firma de Mérida han coincidido en que su actuación tuvo que ser personal, porque si bien tuvo rango de embajador, no podía suscribir ningún contrato en representación del Estado, debido a que esa función la cumple la Cancillería.
Cuatro diputados guatemaltecos reconocen haber firmado un contrato para ese cabildeo, aunque se niegan a revelar quién aportó el dinero.
Thelma Aldana, fiscal general, informó que se encuentran en la recolección de información del caso para ver si de oficio se abre una investigación. “Es muy reciente para tomar una decisión. Mayra Véliz se encuentra en la verificación de los datos.
Por el momento no podemos abrir un expediente e investigar porque los señores diputados gozan de inmunidad”, precisó Aldana.
Aseveró que, de contar con los indicios suficientes, solicitarán los antejuicios.
