El acuerdo 5-2018 establece que según el Decreto 63-94 del Congreso de la República y la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, el presidente del Congreso está facultado, en caso de “urgencia”, para designar comisiones que atiendan funciones determinadas.
La comisión creada por Alejos está integrada por los diputados Estuardo Galdámez, Fernando Linares Beltranena, Delia Bac Alvarado, Edna Soto Juárez y Juan Ramón Lau Quan.
Fernando Linares-Beltranena, diputado del Partido de Avanzada Nacional, confirmó que fue informado que integraría la comisión específica de investigación.
“La comisión es válida porque, como individualmente tenemos la función fiscalizadora del Estado, si nos juntamos dos o tres igual la tenemos, solo que un poco más poderosa”, señaló el parlamentario.
Linares-Beltranena fue consultado cuándo se reunirán todos los miembros para definir quién será el presidente y un cronograma de actividades, pero señaló que por el momento aún no se han puesto de acuerdo.
“Tenga por seguro que la semana entrante nos vamos a reunir, el lunes hay Jefes de Bloques y martes y miércoles pleno, entonces en algún momento nos reuniremos. Además el edificio no se va a ir a ningún lado”, apuntó el congresista.
La portavoz del Ministerio Público, Julia Barrera, sobre la adquisición del edificio informó que la fiscal general, Consuelo Porras tiene conocimiento de la situación y solicitó un diagnóstico de cómo fue que se elaboró esa compra.
Revanchismo
El presidente del Congreso en funciones Felipe Alejos, instaló el mediodía del viernes la comisión específica para que se fiscalice la compra de un edificio en la zona 5 por parte del Ministerio Público, la cual ocurrió durante la administración de Thelma Aldana.
Para varios diputados esta situación puede tratarse de un revanchismo, debido a que el diputado es señalado en un caso corrupción, sin embargo, los integrantes de dicha comisión niegan ese extremo.
Alejos convocó a una conferencia de prensa donde leyó el acuerdo con el que se dio vida a la comisión y dirigió la elección del presidente de dicha sala.
Por unanimidad, los integrantes de la comisión específica eligieron al diputado Juan Ramón Lau como el presidente de dicha sala de trabajo.
Andrea Villagrán, integrante del Frente Parlamentario por la Transparencia, señaló que la fiscalización a los procesos públicos es importante, pero “se pretende hacer como un tipo de revanchismo”.
“Recordemos que varios de los diputados involucrados están siendo señalados. Felipe Alejos tiene una solicitud de antejuicio. Entonces se puede interpretar y pareciera ser que es más revanchismo político que realmente buscar la fiscalización”, señaló Villagrán.
El diputado Amílcar Pop, presidente de la Comisión de Transparencia y Probidad del Congreso, indicó que esta es “una forma simplista, no solo ilegal, sino fuera de lugar” la instalación de la Comisión.
“La misma Comisión de Transparencia, a petición del diputado Linares-Beltranena, solicitó una revisión a la Contraloría de Cuentas sobre esa compras, segundo no podemos sustituir el trabajo de la Contraloría ni del Ministerio Público”, señaló Pop.
El legislador señaló que si los diputados Alejos o Linares-Beltranena, tienen duda o un indicio de corrupción debieron presentarse al Ministerio Público para presentar denuncias.
Evita declaraciones
El diputado Felipe Alejos, fue abordado al finalizar la instalación de la comisión y se intentó obtener una versión al respecto.
“El presidente de la Comisión instalada es el diputado Juan Ramón Lau, y en ese sentido él será el responsable de brindar las declaraciones. No tengo nada más que declarar”, respondió el legislador.
El presidente de la Comisión fue consultado sobre que la instalación de la comisión es una revanchismo en contra de Thelma Aldana.
“Si hablamos de revanchismos quiero contar que trabajé 25 años en el Organismo Judicial y fui compañero de Thelma Aldana y hemos mantenido una comunicación cordial yo no tendría por qué tener un revanchismo ni ninguno de los miembros de la comisión”, respondió Lau.
Estuardo Galdámez, primer secretario de la Junta Directiva y miembro de la Comisión, señaló que “esto no es una acusación sino una fiscalización sobre la compra de un edificio”.
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Al congresista se le consultó si podrían citar a declarar a Thelma Aldana y señaló que sería improcedente porque ya no es funcionaria, pero señaló que si encuentran algún indicio de corrupción pondrán las denuncias que correspondan.
El parlamentario también negó que exista algún conflicto de interés por parte de los integrantes de la comisión y que la integración de dicha comisión fue objetiva.
Los miembros de la comisión aseguraron que las reuniones de esta serán transparentes y públicas. La primera reunión se llevará a cabo el próximo martes.
El edificio fue adquirido por el Ministerio Público (MP) por Q35 millones en octubre de 2017. Está ubicado en la zona 5.
En mayo del año pasado, la Contraloría General de Cuentas ordenó una auditoría especial por esa compra.
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