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El amparo también va contra lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a favor de los diputados Jairo Flores, Julio César Ixcamey, Karina Paz y Jorge Estuardo Vargas, a quienes los magistrados mantuvieron la inmunidad.
La comisión informó que en los próximos días presentará una solicitud similar ante el tribunal constitucional.
Financiamiento
El caso se originó de las pesquisas del caso Traficantes de Influencias, donde empresas pagaban por la agilización del crédito fiscal, y que prosiguió con el rastreo del dinero cobrado. En total, los aportes identificados como no reportados ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por la Unidad Nacional de la Esperanza en la pasada campaña sumaron Q19.53 millones.
Las tres empresas que concentran los aportes no registrados por el partido, según la acusación del MP, fueron: Promotora de Recursos Habitacionales (Prohabsa), Maariv y Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe, las primeras tendrían varias conexiones empresariales con Mario Leal Castillo -prófugo– y la última con Ixcamey.
Prohabsa habría canalizado fondos por Q5 millones 791 mil 824.35; Maariv, por Q9 millones 64 mil, y Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe, Q4 millones 653 mil 315.
Además, se habría conducido a través de terceras entidades Q122 mil 613.75 empleados para comprar espacios publicitarios en TVA Guatemala (TV Azteca) usados en el 2015.
Sin embargo, la CSJ rechazó a finales de febrero, en forma dividida, la solicitud de el MP y la Cicig “por no tener elementos de racionalidad suficientes”.
“El antejuicio 59-2019, cuyo denunciante es el Ministerio Público (MP), a través de la Feci y la Cicig contra Sandra Julieta Torres Casanova, quien goza de la prerrogativa de antejuicio por ser candidata presidencial, por mayoría, se rechaza in-limine por no tener elementos de racionabilidad suficientes”, informó entonces Mario Siekavizza, portavoz del OJ.
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El recurso interpuesto contra la presidenciable llega un día después de que ser reveló un audio de la conversación que Torres sostuvo con Gustavo Alejos para supuestamente recaudar fondos que el partido de la UNE no reportó en el 2015, un hecho, sin embargo, que ya Prensa Libre había publicado.
Sandra Torres y la UNE han culpado a la exfiscal Thelma Aldana y al titular de la Feci, Juan Francisco Sandoval, de orquestar una campaña para desprestigiar su candidatura.
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