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Para Hernández Franco, haber sido multados “de forma ejemplar” considera que ya fueron juzgados por lo cual no tendría por qué proceder otra auditoria.
“No sé por qué está hablando de esto —presidenta del TSE María Eugenia Mijangos— creo que es un tema de coyuntura, para salir de su presidencia con pompones y pirotecnia ya que a ella le tocó entregar la presidencia hoy”, afirmó el también diputado.
El parlamentario califica arbitraria la resolución, pero que aun así están abiertos a que se efectúen la auditoria. “Logramos rehacer la auditoria y ahí la tenemos para que nos auditen cuando quieran”, afirmó.
Caso juzgado
Para el secretario Nacional de la UNE, Carlos Barreda, el partido no tiene inconveniente con que se vuelva a hacer auditoria.
“La auditoria a la que hace referencia, ya se realizó, la documentación está ahí, en poder de ellos en su momento la revisaron, no encontraron ningún hallazgo y resolvió el pleno de magistrados cerrar el caso y archivarlo”.
Indicó que consideran que este es “un tema ya juzgado, que creó precedente y es ilegal que se vuelva a abrir”, pues a su criterio rompería la certeza y los procedimientos que deberían de haber en el TSE.
“Creemos que hay una intención velada de la expresidenta del TSE que de manera constante tiene un enfrentamiento con el partido no sabemos cuáles son sus motivaciones políticas” acotó Barreda.
El también congresista cuestionó por qué la magistrada no revisa las compras y contrataciones de los Q300 millones de la consulta popular, por qué no ha auditado a otros partidos políticos,
Indicó que no entiende por qué no presenta la denuncia en contra de la exmagistrada María Eugenia Villagrán, que es señalada de entregar el padrón electoral a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. “Hay muchas interrogantes incluyendo por qué actúa políticamente”, concluyó.
Nueva revisión
Ayer, María Eugenia Mijangos dijo que “no hubo votación nuevamente”, para reabrir la auditoria sino que varios magistrados consideraban que había que hacer una nueva revisión, razón por la cual se ordenó que se practicaran de nuevo las auditorías a los dos partidos.
La magistrada indicó que la petición se giró el 1 de marzo y que están pendientes de los resultados, pero evitó adelantar cualquier criterio que comprometa una futura resolución, por lo que no indicó cuál sería el castigo máximo a las organizaciones políticas si se demostrara que el origen de sus recursos fue ilícito.
“Lo que resulte tiene que ser sujeto de análisis, por lo que no es conveniente que yo adelante criterio”, enfatizó Mijangos.
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