La sesión comenzó con un quórum mínimo de 74 diputados, pero el interpelante, Álvaro Velásquez, nunca pudo retomar las preguntas al funcionario, debido a que para ello se requiere de la presencia mínima de 80 diputados.
El presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, solicitó a dos diputados buscar a sus compañeros en los pasillos del Palacio Legislativo para solicitarles que ingresaran al pleno, pero la búsqueda fue infructuosa.
Momentos después la Directiva del Congreso decidió levantar la sesión. No se convocó para una nueva reunión extraordinaria, aunque Chinchilla aseguró que convocará para la próxima semana para continuar con otros temas.
Velásquez señaló al Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), de “boicotear” la interpelación, para evitar que le haga cuestionamientos sobre las condiciones de la red vial nacional.
Según el interpelante, acordó con el jefe de la bancada de gobierno, Javier Hernández, que las preguntas básicas se reducirían a cinco, con el propósito de avanzar. A cambio, FCN-Nación no bloquearía la interpelación. “Me mintió, yo insistiré, porque es un derecho y una obligación. Fiscalizar es uno de los mandatos más importantes de los diputados y no lo dejaré de hacer”, dijo Velásquez.
El juicio político comenzó el 4 de mayo, y Velásquez anunció que serían 26 preguntas para García, además de los nuevos cuestionamientos que pudieran surgir.
En esa ocasión la interpelación terminó 55 minutos después de haber comenzado, cuando los oficialistas se retiraron y el pleno no tenía la mayoría para continuar la sesión.
Velásquez no pudo hacer ninguna pregunta ese día, ya que los diputados tomaron la palabra para opinar sobre el juicio político. Además de la controversia causada por no permitirle a García el ingreso de sus asesores.
