También ordena que sean admitidos como terceros interesados al Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales y a la Procuraduría General de la Nación.
Desde le momento que la organización política fue notificada del proceso de cancelación, ha presentado cuatro acciones legales: una revocatoria, una ampliación y aclaración y dos apelaciones, la cuales han sido rechazadas.
Integración de la Sala
La Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo está integrada por Carlos Ramiro Contreras Valenzuela quien la preside; Helio Guillermo Sánchez González, vocal I y Héctor Orlando González García vocal 2.
Durante el segundo proceso de postulación a fiscal general en noviembre del 2010, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), presentó un informe a la Comisión de Postulación sobre cada uno de los candidatos.
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En ese informe la Fundación Sobrevivientes denunció que Contreras Valenzuela actuó como abogado defensor de la empresa Proyecto de Obra Civil S.A., que pertenece al coronel retirado Jacobo Esdras Salán Sánchez y sus hermanos.
Salán Sánchez fungió como Asesor de seguridad del presidente Alfonso Antonio Portillo Cabrera en el año 2000 y es sindicado de peculado por la Cicig y el Ministerio Público, por la sustracción de fondos del Ministerio de la Defensa Nacional en el 2001.
Proceso de cancelación
El pasado 13 de junio los magistrados del TSE, ordenaron que se empezara el proceso de cancelación del partido oficial Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) por haber incurrido en financiamiento electoral ilícito en la campaña de 2015.
Sin embargo, por un error, el Pleno de Magistrados, acordó reiniciar el proceso debido a una enmienda de procedimiento, por lo que el proceso empezó de nuevo y los 30 días hábiles finalizarán el 20 de agosto próximo,
FCN Nación es el tercer partido político que enfrenta un proceso de cancelación por no acatar la normativa electoral, anteriormente, los partidos Líder y PP fueron cancelados por esa misma razón.
Financiamiento ilícito
El 15 de mayo pasado, en una conferencia de prensa ofrecida por la entonces fiscal general del MP, Thelma Aldana, y el comisionado Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, se dieron detalles sobre el financiamiento electoral al partido en mención.
El Ministerio Público informó que varios empresarios se acercaron a la fiscalía y reconocieron haber entregado fondos a la agrupación política por medio de una empresa de nombre Novaservicios S.A., que se habría encargado de pagar directamente a los fiscales de mesa del partido durante la contienda electoral.
La empresa habría emitido facturas por conceptos varios para justificar los aportes al partido.
El 28 de abril, el Ministerio Público presentó un audio como testimonio de anticipo de prueba en el Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de la jueza Ericka Aifán, donde Paulina Paiz, colaboradora del caso, dio detalles del apoyo que los empresarios otorgaron al partido.
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José Andrés Botrán, excomisionado presidencial contra la desnutrición, y Rodrigo Arenas, exdirector del Movimiento Cívico Nacional, también comparecieron ese día ante la jueza Aifán. Ambos señalados de financiamiento electoral Ilícito.
Botrán presuntamente giró instrucciones para hacer posible el pago de los fiscales de mesa, personas de confianza del partido que vigilan los votos emitidos el día de las elecciones, durante la primera y segunda vuelta electoral.
En ete proceso también está ligados a proceso penal otros cinco empresarios por haber financiado de manera ilegal la campaña del presidente Morales.
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