El presidente del Parlamento dijo que intentó comprarlos al precio que están valuados; pero los dueños no quisieron, porque les han ofrecido siempre más, por lo que decidió impulsar la expropiación y pagar lo justo.
“No quisieron ser honestos. A uno de los dueños le ofrecí US$1 millón 140 mil —Q8 millones 778 mil— en el que la Dicabi —Dirección de Catastro y Avalúos de Bienes Inmuebles— avalúa su propiedad. No le gustó. Me dijo que le diera US$350 mil —Q2 millones 695 mil— más y me dio a entender que nos repartiríamos la vaca. Yo no funciono así”, detalló.
Agregó que eso le ha pasado con el resto de negocios, y culpa a los diputados.
“El mismo terreno lo intentó comprar Carlos Herrera, pero él iba a dar US$3 millones 500 mil —Q26 millones 950 mil— con su empresa personal, para luego vendérselo al Congreso en US$6 millones —Q46 millones 200 mil—”, manifestó Taracena.
Ante ello decidió impulsar la expropiación. “Primero debo declararlo de interés nacional, luego me tocará hablar con el presidente Jimmy Morales para que pida la expropiación, y finalmente se haría el decreto y se pagará lo justo”, explicó. No dio fechas, pero dijo que está trabajando en ello.
El constitucionalista Alejandro Balsells consideró viable la expropiación de los inmuebles y aplaudió la iniciativa, al recordar el gasto millonario en arrendamientos.
Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, opinó: “El negocio de los arrendamientos es aún más grande que el de las plazas. En los últimos 10 años se ha pagado hasta el doble de lo que se paga en la zona 10 por metro cuadrado. Pese a ello tampoco es una urgencia, además no lo veo ni jurídica ni políticamente factible, aunque sí necesario, por el malgasto de dinero y sobrevaloraciones”.
Otros intentos
No es la primera vez que un presidente del Congreso lanza un proyecto para construir oficinas. Roberto Alejos negoció y dejó el dinero para comprar los terrenos y construir un edificio.
Su sucesor, Gudy Rivera, en el 2012, fue más ambicioso. Buscó adquirir el antiguo edificio del hotel Ritz Continental por US$48 millones. Sin embargo, Prensa Libre reveló un estudio que advertía de riesgos en la infraestructura y varios diputados denunciaron corrupción.
Tres años más tarde, Luis Rabbé nombró una comisión liderada por Carlos Herrera y Édgar Cristiani —ambos señalados de ser contratistas del Estado— para evaluar la construcción del edificio en los terrenos que ahora Taracena se propone lograr con expropiación.
En el 2012, el entonces alcalde Álvaro Arzú ofreció al Congreso el Parque Centenario, siempre que no se dañara la Concha Acústica. Eduardo Meyer, presidente del Legislativo vinculado con el desvío de Q82.7 millones en el 2008, buscó la donación de un terreno en la zona 16.
Revela corrupción en alquileres
Pese a que el alto costo de los arrendamientos ha sido criticado, no se ha frenado esa práctica porque, según el presidente del Congreso, Mario Taracena, sus antecesores han recibido Q1 millón cada uno.
“Yo siempre me pregunté cómo funciona el negocio de los alquileres, y me pasaron el norte. El primer mes de cada año, el presidente del Congreso se quedaba con todos los alquileres. Es decir, si se pagan Q13 millones anuales, él recibía Q1 millón”, denunció Taracena.
Agregó: “Se los traían en efectivo a su escritorio. Es difícil de probar porque fue dinero en efectivo, pero acá en el Congreso todo se sabe, y eso fue de todos los presidentes para atrás. Uno de los dueños fue quien nos contó”.
Según el presidente del Legislativo, varios dueños intentaron repetir la táctica; pero no lograban acercarse a él, por lo que utilizaron a un trabajador que le comentó lo que ocurría. “Yo les dije que no quería nada, pero fue así como me comencé a enterar de qué había pasado antes”, detalló.
El año pasado, el Congreso retrasó el pago de alquileres porque se intentó hacer un incremento del 10 por ciento. Fuentes administrativas indicaron que los dueños argumentaron que era una práctica común, pero se negaron a hacerlo y se retuvo el pago hasta que se logró evitar el alza.
