James Milford, exadministrador adjunto de la Oficina para el Control de Drogas de EE. UU. (DEA en inglés), precisó que actualmente la seguridad de la región está comprometida, y en el caso de Guatemala las estructuras criminales han alcanzado a las instituciones públicas encargadas del la seguridad, incluyendo a militares, policía, fiscales e incluso varios círculos de influencia dentro de los partidos políticos.
Añadió que los recientes aterrizajes de avionetas en puntos remotos del país demuestran que la misma población se ha involucrado con estas redes del crimen organizado.
En ese sentido resaltaron la necesidad de atender y revisar las causas por las cuales muchos pobladores, en su mayoría campesinos de escasos recursos y oportunidades muy limitadas de desarrollo económico, terminan involucrados en este flajelo, ya sea alquilando sus terrenos para la siembra o dando otro tipo de servicios.
Ante la pregunta de qué tan cerca o lejos está Guatemala de convertirse en un narcoestado, Milford precisó que la corrupción de la Policía y de militares ha debilitado la habilidad del país para manejar el problema del narcotráfico por lo cual “veo que esto es un narcoestado”.
“La corrupción en la policía, en los militares y otros oficiales ha debilitado la habilidad de este país de manejar la situación de las drogas. En este punto, yo puedo ver… yo veo a un narcoestado, esto es un narcoestado”, precisó Milford.
Hablan de Cicig
Los expertos también se refirieron a la decisión del Gobierno de dar por termina anticipadamente el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y en ese sentido consideran que la administración de EE. UU. no está contenta con la salida de esa misión de al ONU.
Esta decisión, incluso, podría causar que en algún momento el país sea desertificado de la lucha contra las drogas.
“De ser desertificada EE. UU. congelaría recursos para Guatemala —del rubro— de apoyo al cumplimiento de la ley”, indicó Larry Holifield, exdirector Regional de la (DEA) para Centroamérica y México.
Al hablar de cómo visualiza el futuro para Guatemala después de un convulso proceso electoral en el cual fueron elegidos alcaldes y diputados que tienen señalamientos de delitos, unos, y de nexos con narcotráfico y crimen organizado, otros, Holifield expuso que el próximo gobierno tiene que impulsar un fortalecimiento del estado de derecho, así como ganar la credibilidad de la población, y desde una Policía confiable.
Difícil trabajar con un país corrupto
Leslie Alessandra, quien laboró como exagente de la DEA, destacó que las agencias estadounidenses dependen del trabajo que hacen las fuerzas de seguridad locales y el sistema judicial de un país, por lo cual es “extremadamente difícil cuando estos actores están involucrados en corrupción”.
Refirió que cuando se hallan en una situación en la cual las instituciones no son de fiar tienen que volverse muy “creativos” para investigar casos de narcotráfico.
“Algunas veces tenemos que asociarnos con otros países que son más favorables y están dispuestos a trabajar con nosotros —pero—generalmente trabajaremos a pesar de lo que suceda en el país. Se vuelve complicado cuando el país anfitrión tiene una policía corrupta y un corrupto sistema judicial”, expuso Alessandra.
Laborar en un país donde muchos de los actores claves han sido llevados ante la justicia también es complicado.
La exagente de la DEA indicó que construir un caso por tráfico de drogas, no solo de los que involucran a integrantes de un nivel inferior de un cartel es muy difícil y consume muchos recursos estadounidenses, “así que solo se hará lo que podamos hacer”.
Los expertos afirmaron que las agencias del gobierno de EE. UU. no trabajan solo bajo las leyes ese país, sino también se basan en las legislaciones de las naciones que son anfitrionas lo cual le añade dificultades a los procesos de investigación.
Por su parte, Holifield indicó que “Hay una mala percepción de que la DEA solo entra a encargarse de todo. Eso no funciona así, recibimos nuestra inteligencia de una enorme cantidad de fuentes, esas fuentes no están disponibles”.
Instituciones deben cambiar
Holifield expuso que las agencias estadounidenses pueden colaborar con el traslado de recursos y capacitaciones a entidades nacionales, pero que la responsabilidad principal de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado es de la Policía Nacional Civil.
Como ejemplo, citó que EE. UU. tiene asignados unos 30 oficiales de la DEA en Guatemala cuando la cantidad de agentes de PNC llega 38 mil.
Si las instituciones guatemaltecas no cambian continuarán casos de jueces, fiscales, militares o policías involucrados en casos de corrupción.
En ese sentido, el experto comentó que la corrupción en Guatemala “es sistémica” y debe frenarse. Recordó cómo en el Ministerio de Gobernación el año pasado se dieron destituciones de jefes policiales que tenían años de trabajar en la institución y que de alguna forma se habían ganado la confianza.
En sus diversas ponencias, los exfuncionarios estadounidenses coincideron en la necesidad de fortalecer a la PNC y de atender las necesidades de los agentes policiales, empezando con las económicas y la garantía de seguridad para sus familias.
Larry Holifield
Involucramiento
Al hablar de soluciones o alternativas para que Guatemala no se convierta finalmente en un narcoestado, Holifield mencionó que el mismo Estados Unidos atravesó por procesos en los que las mafias alcanzaron a las policías de algunos estados como Nueva York y Chicago, pero a partir de ahí comenzó un proceso de profesionalización de estas instituciones, con oficiales a los cuales se les profesionalizó y educó, pero sobre todo a quienes se les mejoró sus ingresos con lo cual obtuvieron un salario digno.
“Si no se tiene el nivel de recursos que puede pagar el narcotráfico los policías se van a volver corruptos”, indicó Holifield, para quien todos los guatemaltecos tienen la responsabilidad de construir una mejor sociedad; por ejemplo, citó a la Prensa que a su juicio debe desenmascarar y poner en evidencia a los políticos y funcionarios corruptos.
“Estos políticos que están conectados con el narcotráfico viene como Robin Hood diciendo que van a salvar el mundo y ‘voten por mí’. Eso tiene que parar”, señaló el exfuncionario estadounidense.
Una de las conclusiones principales expuestas por los exfuncionarios es la necesidad de que la sociedad guatemalteca, con un rol protagónico de los actores privados empujando y apoyando a los funcionarios públicos, tome un papel más activo en hacer que en Guatemala prevalezca el “imperio de la ley”.
Migración
Los expertos que visitaron Guatemala también se refirieron a la migración masiva de centroamericanos a EE. UU.
Milford indicó que la migración es un “problema masivo” que ha sobrepasado las capacidades de las instituciones estadounidenses, tanto físicas como financieras. Añadió que, debido a las regulaciones existentes, cuando los agentes, hallan personas que pretenden ingresar ilegalmente al país estos deben impedirlo.
El problema, enfatizó, es que existen redes internacionales de traficantes de personas que se dedican a generar falsas expectativas con los migrantes a quienes, incluso, obligan a hacer el riesgoso viaje.
“Les venden la idea de que llegar y quedarse en Estados Unidos será sencillo y sin complicaciones, pero cuando llegan a la frontera se encuentran con una realidad muy distinta”, enfatizó Milford.
El actual año fiscal de EE. UU. ha roto todos los récords sobre migración. De octubre del 2018 a mayo pasado la Patrulla Fronteriza contabilizaba 676 mil 315 detenciones de personas.
La migración es un fenómeno en auge que está condicionando las relaciones entre Guatemala y EE. UU. Esta semana el secretario de Seguridad Interna visito el país para reunirse con el titular de Gobernación, Enrique Degenhart, con quien conversaron de la posibilidad de que Guatemala se convierta en un país de asilo. También de que el país practique pruebas de ADN a los menores migrantes de El Salvador y Honduras como una medida para contrarrestar el tráfico de personas.
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