Gudy Rivera, diputado del Partido Patriota, manifestó que impugnó la resolución porque se viola el debido proceso, la presunción de inocencia ya no existe y sin eso tampoco el estado de Derecho.
“El TSE se extralimitó en sus funciones, o ellos no pudieron interpretar las leyes. Están vulnerando el estado de Derecho. Que se respete el debido proceso. No se puede condenar a una persona sin ser escuchada y vencida en un juicio. Es una decisión antojadiza porque no es una decisión jurídica, fue más política”, afirmó Rivera.
El politólogo de la Asociación de Investigación y estudios Sociales (Asíes) José Carlos Sanabria indicó que los agraviados actúan dentro del debido proceso, tienen derecho de agotar las instancias judiciales y eso contribuye a la judicialización de los resultados electorales, lo cual genera y pone atención en las diferentes fases.
“Esperaría que las cortes tomen en consideración los argumentos del TSE para respaldar los fallos. Yo esperaría que no sucediera una reversión del fallo, pero la posibilidad existe”, dijo.
Camino legal
A partir de ahora, los 15 diputados electos que fueron excluidos comienzan una batalla legal que los llevaría hasta la Corte de Constitucionalidad.
Si fuera negativa la respuesta, prosigue el recurso de revisión, el cual deberá interponerse en el mismo órgano dentro de los tres días hábiles siguientes de que se les haya notificado la resolución, y será resuelto en el plazo de tres días más al de su presentación. Ese plazo podrá ampliarse si fuera necesario, en dos días más, a efecto de poder recabar cualquier clase de pruebas pertinentes.
De ser rechazado este recurso, los afectados podrán presentar un amparo en la Corte Suprema de Justicia, que es el órgano competente para resolverlo. Si no se otorgara la protección, el afectado podrá apelar en la Corte de Constitucionalidad.
Impedimento
El 24 de noviembre, los magistrados del TSE resolvieron que 12 diputados electos no podrán asumir el 14 de enero del próximo año porque tienen vigente un trámite de antejuicio, lo cual atenta contra la idoneidad que establece la Constitución.
Otros tres también estarían vedados por ser contratistas del Estado, y uno más, hijo del vicepresidente electo, Jafeth Cabrera, por parentesco directo.
