Durante la noche del 30 de julio no hubo acuerdos en la mesa de diálogo y la toma del campus continuará. Además, las clases quedaron suspendidas.
El Consejo Superior Universitario, máxima autoridad sancarlista integrada por decanos, estudiantes, docentes y egresados, se declaró en sesión permanente, expresó su disposición a dialogar con los estudiantes y negó intentos por privatizar la enseñanza.
No obstante, señaló que la suspensión de clases este 30 de julio afectó a miles de usuarios, al patrimonio de la universidad y puso en riesgo la continuidad de diversos proyectos científicos.
Motivo de la protesta
- No represión y no persecución académica legal, física o de otra naturaleza similar en contra los manifestantes.
- La no utilización de los espacios universitarios para usos políticos de otras instituciones ajenas a los intereses de la Usac.
- Pronunciamiento del rector Murphy Paiz y del Consejo Superior Universitario en contra del acuerdo firmado por el gobierno de Guatemala y el gobierno de los Estados Unidos en torno a la crisis migratoria.
- Así mismo, el pronunciamiento en contra del intento de violación al acceso público del Archivo Histórico de la Policía Nacional y del Archivo General de Centroamérica.
- Rescisión del convenio entre la Universidad de San Carlos y la Cámara de Industria, donde se pretende condicionar al ejercicio de práctica supervisada para favorecer los intereses del sector privado organizado.
- Destitución inmediata del Jefe de Seguridad Física de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Alejandro Morfín,
- Establecer la gratuidad general y total del Programa Académico Preparatorio (PAP) y del Examen de Orientación Vocacional.
- La conversión de los programas autofinanciables que tengan una relación directa con los intereses estudiantiles para una financiación directa y tomar y total de la administración de la Usac con el presupuesto ordinario a no centralización del control de la investigación universitaria.
- Exigir el 5 por ciento del presupuesto, sin instrumentalizar a la Usac para la adquisición de préstamos.
- Anular las nuevas cuotas de servicios deportivos y apoyar al deporte universitario.
- Eliminación completa de las cámaras con reconocimiento facial, en virtud de que la Universidad es un ente académico y no una cárcel.
- Nos declaramos en total rechazo al préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que ha generado una deuda pública externa por más de 120 millones de dólares.
- Rescisión inmediata de los contratos de arrendamiento con el sector privado, esencialmente el contrato de arrendamiento del Club Deportivo los Arcos.
- La participación de las representaciones de Centros Regionales, Escuelas no Facultativas y demás organismos académicos no facultativos dentro del Consejo Superior Universitario en virtud de ser un derecho que hasta la fecha se les ha vedado.
- La restitución de las votaciones del sector estudiantil para la elección de representantes catedráticos ante el Consejo Superior universitario y demás órganos administrativos colegiados.
- Freno inmediato del acoso a los vendedores formales e informales y la no concesión de espacios a cadenas de comida rápida dentro de la Universidad.
- Establecer que las sesiones del Consejo Superior Universitario sean públicas y se permita la transmisión de las mismas. Así mismo, solicitamos que de manera inmediata se suban al portal oficial de la Universidad las actas de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias que hasta la fecha se han llevado a cabo.
- Readecuación del proceso de reforma universitaria, respetando la participación tripartita de la Universidad.
Con información de Andrea Domínguez
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