Pimentel se convertirá en el tercer ministro del actual gobierno en ser interpelado. El primero fue Raúl Romero, de Desarrollo Social, y el segundo fue Gendri Reyes, de Gobernación.
¿Por qué es llevado al hemiciclo para ser interpelado el titular de Energía y Minas y cuáles son los argumentos que motivaron a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) para convocar a ese juicio político? Algunas de las respuestas son planeadas por analistas que hacen una lectura de ese juego político.
Pagos elevados por dietas para reuniones de trabajo, por las que ya recibe un salario, son algunos de los señalamientos que se estarán presentando contra Pimentel.
La interpelación marcará el inicio del segundo período de sesiones ordinarias del Congreso.
La base de los cuestionamientos son al menos cuatro supuestos eventos con visos de corrupción que le han costado caro al país, según los interpelantes, quienes hicieron un desglose de los hechos cuando se programó el juicio político.
Estos son dejar de percibir regalías por US$66 millones por parte de las empresas petroleras, permitir el funcionamiento, aparentemente ilegal, de una empresa minera que ganó Q134 millones a expensas de los recursos nacionales, junto a contratos millonarios que habrían sido otorgados a firmas con poca experiencia y vinculadas con la familia de Pimentel.
“Lo vamos a demostrar con pruebas, con documentos. Yo casi estoy seguro de que no vamos a llegar a la interpelación, el señor va a renunciar”, aseguro Carlos Barreda, jefe de bloque de la UNE, quien se comprometió con todos los diputados a dar una copia de las pruebas de los supuestos actos irregulares del funcionario.
Pese a que existe la interpelación, la oposición continuará con las citaciones periódicas de fiscalización, para evitar que la inasistencia de otros diputados o que la falta de quorum impidan el ejercicio democrático, como ocurrió de manera recurrente cuando fue interpelado el ministro Romero.
“Aunque tengamos la interpelación, lo vamos a seguir citando todas las semanas. Eso no quiere decir que no lo podamos citar; la interpelación es para pedir el voto de falta de confianza y que se vaya (…) Esto es sujeto de un antejuicio, es sujeto de una denuncia penal contra el señor ministro, porque es en claro desacato a lo que estableció la Corte”, señaló Barreda en una sesión plenaria el pasado 10 de junio.
Repercusiones
Expertos en la rama monetaria aseguran que la interpelación al titular de Energía y Minas sí puede traer complicaciones financieras al país, por ser una entidad clave en materia de combustibles y tener que estar designado periódicamente ante el Congreso.
Édgar Balsells, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), explica que tampoco significa que los diputados deban renunciar a la fiscalización y a la herramienta que les confiere el Organismo Legislativo; por el contrario, es necesario que se expongan los supuestos señalamientos por corrupción, ya que de ser acertados, el Ministerio sería una fuga constante de recursos económicos que son útiles para la inversión nacional, añade.
Édgar Balsells, analista de Ipnusac
Édgar Balsells, analista de Ipnusac
“Hay una gran cantidad de complicaciones en el MEM y en otras carteras (...) Es culpa de los funcionarios, no del sistema”.
“Yo creo que este tipo de ministros lo que debieran evitar es poner al país en aprietos, y tener más prudencia en su actuación pública. Considero que la interpelación es parte de un ejercicio para que pueda rendir cuentas. Hay una gran cantidad de complicaciones en el MEM y en otras carteras, pero eso es culpa de los funcionarios, no es culpa del sistema”, señala Balsells.
Pocos resultados
Aunque el derecho de interpelación asiste a cada diputado, se trata de una figura de control que ha ido perdiendo sentido, dice Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).
El experto comenta que también las constantes citaciones de bancadas o comisiones de trabajo en los últimos años se desarrollan con un desorden e incluso faltas de respeto, que terminan sin dejar resultados positivos en la rama que se está fiscalizando.
Luis Linares, analista de Asíes
Luis Linares, analista de Asíes
“Una interpelación, así como se practica en Guatemala, no ha tenido buenos resultados, no han servido prácticamente para nada”.
Otro de los problemas que evita que la interpelación sea efectiva, añade Linares, va muy de la mano con el propio orden del día. “Hay una irresponsabilidad en cuanto a la dirección del Organismo Legislativo en cuanto a la forma como programan y ponen en agenda la continuación de la interpelación, muchas veces la ponen en un punto hasta el final de la sesión, donde se termina desintegrando el quórum y el ministro ha pasado dos o tres horas en espera”, manifiesta Linares.
El analista es de la opinión que un juicio político con una mala dirección y conducción afectará más al Estado. “Una interpelación, así como se está practicando en Guatemala desde hace varios años, no ha tenido buenos resultados, no han servido prácticamente para nada y afectan el funcionamiento de los ministerios. La reflexión para los diputados es como tener un proceso de interpelación que cumpla con la función de fiscalización, pero sin afectar el funcionamiento de la administración pública”, precisa.
Interés político
Aunque los señalamientos sean legítimos, a criterio de Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), difícilmente va a concluir con el mejor resultado.
Argumenta lo anterior señalando la fuerza que mantiene la alianza oficialista en el Legislativo, que ha demostrado en algunas ocasiones servir como una aplanadora que anula a la oposición, o bien como escudo que protege los intereses del Ejecutivo, en esta ocasión vislumbra el mismo ejercicio a favor de Pimentel.
Sin embargo, los intereses no se quedan únicamente del lado oficial, Hidalgo afirma que los diputados interpelantes, la UNE, también mueven algunos hilos políticos de fondo que en ocasiones pueden pasar inadvertidos, atribuye que el papel que busca la oposición es demostrar que todavía son un partido fuerte.
“Tiene la necesidad de hacer permanente presencia en la retina de los ciudadanos y que los ciudadanos perciban que el partido sigue vigente, que sigue activo, con los propósitos de alcanzar el bien común y que quiere contribuir a la democracia. Me parece que todo esto lo hacen, pero que también está necesitado de fortalecer su figura como partido político, porque internamente tiene contradicciones y corrientes fuertes a la luz de la figura de Sandra Torres”, puntualiza.
Estos son los cuatro señalamientos en contra del ministro y las respuestas enviadas a Prensa Libre:
1. Contrato millonario a empresa sin experiencia
Datos que presentó el bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) semanas atrás, exponen al Ministro de Energía y Minas,en su rol de presidente de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Electrificación (Inde), una adjudicación por Q50.6 millones a una empresa que no contaba con experiencia ni la solvencia económica para poder cumplir con el acuerdo comercial.
Se trata de la empresa Humbrall de Centroamérica Sociedad Anónima, constituida apenas en mayo de 2015 y jamás había participado como proveedor del Estado hasta apenas el año 2019, su representante legal es el mexicano Humberto Navas.
Según el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) dicha empresa tan solo podría trabajar montos que no superen los Q28 millones, pero el contrato otorgado supera por mucho su capacidad, según los registros documentales que trasladó el Ministerio de Finanzas a la bancada.
La empresa se comprometió a dar para Guatemala plantas móviles de energía, pero según diputados cada una de estas tendrían un costo de 2.2 millones de dólares, según el acuerdo comercial entre el Inde y la empresa, cuando en el mercado comercial las mismas oscilan en un costo de 1.2 millones de dólares.
Los motivos que se señalan al ministro de Energía y Minas es el apoyar la adjudicación millonaria a una empresa que no tiene experiencia ni la capacidad económica para cumplir con el acuerdo, según evaluaciones del propio Ministerio de Finanzas, así como el aparente costo sobrevalorado que tan solo dejaría perdidas económicas al Estado.
Esto respondió el ministro Pimentel: “Dicha adjudicación se realizó en 2019, cuando yo no integraba el consejo directivo del Instituto Nacional de Electrificación (Inde) y la misma no ha sido impugnada por ningún medio legal. Asimismo, es necesario informar que el Inde debe cumplir con sus compromisos contractuales y en el caso del consejo directivo, verificar que la contraparte contractual cumpla con los suyos”.
2. Conflicto de intereses
Otro de los eventos que promueve la interpelación al ministro de Energía y Minas también se dio en su rol de presidente de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Electrificación (Inde).
Es un nuevo contrato que levantó sospechas de diputados al momento de fiscalizar por los nombre de los accionistas a quienes pertenece la nueva empresa seleccionada, según los interpelantes el Inde favoreció a una empresa propiedad de la familia del ministro Alberto Pimentel.
El monto adjudicado en esta ocasión son Q39 millones, se trata de una empresa de origen mexicana que a s u vez forma parte de una empresa mayor, en donde familiares director del actual titular de la cartera de Energía y Minas son accionistas.
Lo anterior ocasiona un evento, que para los interpelantes, es un conflicto de intereses, donde incluso podrían existir responsabilidades penales por el supuesto beneficio que hizo Pimentel para favorecer a su familia a costar del dinero público.
Para evidencias los supuestos vínculos el jefe del bloque verde, Carlos Barreda, ofreció ante el Pleno de diputados trasladar los documentos que demuestran los vínculos familiares del ministro.
Los diputados esperan demostrar con el próximo juicio político la forma en que el Inde, encabezado por el ministro Pimentel, habría elaborado un contrato pensado para su empresa familiar, haciendo que durante el evento de licitación su entidad fuera la única beneficiaria.
Esto respondió el ministro Pimentel: “Desconozco sobre la adjudicación de proyectos por 800 millones de dólares. Durante mi gestión, no ha ocurrido. Nadie de mi familia ha recibido ninguna adjudicación ni en el MEM o en el INDE, durante el tiempo en que yo he sido ministro de Energía y Minas. Y tampoco recibirán ninguna mientras lo sea, por impedimento legal”.
3. Caso Mina Fénix
Datos que maneja la bancada interpelante señalan un aparente incumplimiento en las responsabilidades del Ministerio de Energía y Minas, que habría permitido al proyecto de extracción minera Fénix seguir operando pese a que ya existía una resolución de la Corte de Constitucionalidad que les impedía funciones.
Los congresistas de la oposición afirman que estas acciones comenzaron desde la pasada administración y habrían sido consentidas por el nuevo ministro, Alberto Pimentel, a quien consideran ha cometido los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, desobediencia y peculado por sustracción.
El Ministerio de Energía y Minas habría omitido trasladar a la empresa minera Fénix una notificación, retención del aviso legal que se habría extendido por 15 meses, según cita la oposición.
El proyecto minero reportó ventas por Q134.9 millones de quetzales durante el tiempo que debió estar suspendida, así mismo reportó el pago de Q2 millones al Estado y Municipalidades en concepto de regalías, sin embargo esa venta y exportación no debió ser autorizada, a criterio de los congresistas.
El Estado de Guatemala, por medio de la Procuraduría General de la Nación debería, a opinión de la UNE, reclamar la restitución del monto exportado ilícitamente, más daños y perjuicios.
Junto a las responsabilidades penales los diputados también consideran oportuno que la Contraloría General de Cuentas inspeccione a detalle el accionar del exministro y el actual titular de Energía Minas.
Además la bancada también considera que este evento dejó responsabilidades pecuniarias, por lo que la empresa tendría que devolver al Estado de Guatemala los Q134 millones más daños y prejuicios.
Esto respondió el ministro Pimentel: “El derecho minero Fénix operó al amparo de la ley en tanto el mismo no se suspendió sino hasta que se le notificó la resolución MEM-RESOL-66-2021, de fecha 25 de enero de 2021. Dicha resolución, firmada por este servidor, dio cumplimiento al auto de la CC que otorgó el amparo provisional dentro del caso. No puedo saber las razones por la cual la administración anterior no dio cumplimiento a lo ordenado por la referida Corte; lo que sí puedo afirmar es que yo di cumplimiento a lo ordenado en cuanto la situación fue puesta de mi conocimiento”.
4. Sin cobros a petroleras
El no obligar a las empresas petroleras cumplir con el pago de regalías a Guatemala le ha costado 66 millones de dólares, según cifras de la bancada interpelante, que señala una nueva omisión de responsabilidades en el Ministerio de Energía y Minas.
Al igual que en el evento anterior los actos vendrían desde el anterior titular de Energía y Minas, Luis Chang, postura o falta de acción que continuó Alberto Pimentel al momento de ser designado como ministro de la administración de Alejandro Giammattei.
Lo único que el ministerio ha hecho es fijar multas, pero las mismas tampoco han sido canceladas. Ante este incumplimiento constante de las empresas petroleras que operan en el país las autoridades en la materia tampoco han solicitado un acompañamiento legal de la Procuraduría General de la Nación, para que sea ya por una vía legal que se busque el cobro de la deuda.
Los interpelantes señalan que la principal responsabilidad del ministro Pimentel fue no defender el interés del país, ya que en la situación de crisis que está dejando la pandemia y el constante llamado a favor de la reactivación económica, cada recurso cuenta.
Pese a que el llamado presidencial ha sido sacar a flote la nación, el titular de energía y minas ante el incumplimiento de las empresas extranjeras y la gestión de sus antecesores no ha presentado denuncias o reclamos legales que permitan dar una solución pronta al problema. El monto en concepto de multas por las regalías no pagadas a Guatemala asciende a Q280 mil.
Esto respondió el ministro Pimentel: “Rechazo enérgicamente que el MEM no actúe. Se realiza la labor de cobro todos los meses, al amparo del marco legal que nos asiste. Y se ha accionado legalmente, tanto en vía administrativa como judicial. La sospecha está, simplemente, equivocado”.
