En total siete de los 36 aspirantes a la magistratura de conciencia acumularon 10 señalamientos por grupos de la sociedad civil, quienes estiman que por sus antecedentes no son aptos para el cargo.
La función que tendrá a su cargo el próximo PDH será velar por el respeto de los Derechos Humanos de todos los guatemaltecos, emitiendo recomendaciones y fijando procesos de vigilancia por medios de sus defensorías.
También es la PDH la instancia que tiene a su cargo el cumplimiento de la Ley de Libre Acceso a la Información, herramienta vital para procesos de fiscalización para actores de la sociedad civil y para ejercer la libertad de prensa.
Actualmente este puesto es ocupado por Jordán Rodas, actor que ha sido cuestionado a lo interno del Congreso por ser señalado de mantener una agenda político – ideológica.
Su mandato de cinco años finaliza en mes y medio y su sucesor tendrá que tomar el mandato de la PDH el 20 de agosto, tras ser electo por al menos 107 diputados del Pleno del Congreso.
Las responsabilidades del PDH son clave, por ello algunos grupos de la sociedad consideran que de todos los aspirantes siete no tendrían que ser tomados en cuenta para el puesto de magistrado de conciencia por tener en su contra antecedentes que podrían manchar la instancia de Derechos Humanos.
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Diputado de Podemos
Quien recibió la mayor cantidad de objeciones es el único diputado que presentó su expediente como candidato a la PDH. José Alejandro de León Maldonado, del bloque Podemos.
El congresista que presentó una iniciativa para reformar la Ley de Libre Acceso a la Información con la intención de ceder este control al Congreso, recibió tres tachas.
El primer señalamiento fue formulado por Olga Elvira Morales Vail, residente del departamento de Chimaltenango, distrito por el que fue electo de León Maldonado como congresista.
La objeción argumenta que por ser un diputado no podría ostentar el puesto de manera independiente, ya que podría responder a intereses partidarios de su agrupación, misma que en las elecciones pasadas impulso la candidatura presidencial de Roberto Arzú.
La segunda objeción fue firmada por Ericka Mariana Román Javier. Su razón para dejar fuera al diputado es un supuesto conflicto de intereses ya que él es integrante de la Comisión de Derechos Humanos.
Pese a que el diputado presentó su renuncia, a criterio de Román, la Comisión legislativa no estaría completa para la integración de la terna dando pie a acciones legales que podrían ampliar el mandato de Jordán Rodas hasta esclarecer el proceso.
La tercera tacha es firmada por Zoel Antonio Franco, quien señala por la trayectoria parlamentaria del candidato es poco probable que sea un magistrado de conciencia independiente, ya que podría responder a intereses políticos.
Exasesor de la CDAG
El segundo candidato a magistrado de conciencia con más señalamientos recibió dos objeciones por hechos relacionados a su antigua función pública, fue asesor de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG).
Se trata de Diego José Montufar Milian que fue tachado por representantes legales de la CDAG, quienes cuestionan la legalidad de su función en la dependencia deportiva.
En la primera tacha informan sobre una denuncia que recibió el candidato a PDH por los supuestos cargos de abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la constitución, incumplimiento de deberes y asociación ilícita.
La segunda tacha explica que la CDAG declaro a Montufar Milian como persona “no grata” a raíz de sus aparentes resoluciones ilícitas que le costaron una denuncia que está bajo investigación de la Fiscalía de Delitos Administrativos.
Las dos tachas señala que el candidato a PDH no reúne una de las principales características que exige el cargo: honradez.
Magistrado
Giovanni Francisco Soto Santos es magistrado de una sala administrativa y es señalado por Zoel Antonio Franco de no ser idóneo para el rol de PDH por los antecedentes judiciales donde se desempeña como magistrado.
A criterio del impugnante, Soto Santos ha emitido votado a favor de una serie de acciones de amparo que tienen un fondo político más no jurídico, destacando algunas de esas resoluciones.
Según la tacha el voto de Soto fue clave para que la Usac celebrara hace unas semanas una cuestionada elección de rector; detalla en 2018 como el magistrado respaldó al partido político FCN Nación evitando su cancelación; y que ayudó a que la exdiputada Julia Maldonado obtuviera finiquito.
Exdiputado
Exdiputado al Congreso de la República que impulsó, sin éxito, la Ley para la Reconciliación Nacional, que buscaba una amnistía para todos los procesados y condenados por hechos relacionados al conflicto armado interno.
Fernando Linares Beltranena continúa en la contienda por llegar a la magistratura de conciencia, pero está siendo señalado de conductas violatorias a los Derechos Humanos por parte de la Asociación Política de Mujeres Mayas (Moloj).
Fotografa Esbin Garca 16-07-2019
Entre los hechos que la organización considera que Linares Beltranena es no apto, detalla como en su rol de abogado defensor presto servicios profesionales a personas relacionadas con el narcotráfico.
También señalan algunas de los polémicos comentarios del candidato en su paso como diputado, cuando en una sesión plenaria del 2017 dijo que las personas con discapacidad eran “un gasto para el Estado”.
Otro de los comentarios citados en la tacha fue cuando manifestó que las mujeres eran “un accidente biológico”, así mismo exponen que en sus discursos ha manifestado conductas de odio contra grupos vulnerables, incluidas las personas de la diversidad sexual.
Delegada de la PDH
La candidata a PDH es Marillis Guendalin Ramírez, delegada de la institución para el departamento de Chimaltenango, pero su desempeño en el área no ha sido la mejor a criterio de vecinos.
Fue precisamente el Cocode del departamento de Chimaltenango quien objetó su participación, afirmando en que en su rol no ha prestado atención a las violaciones a los Derechos Humanos reportados por los grupos de vecinos.
Según el documento que fue entregado a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, el año pasado los vecinos pidieron al procurador Jordán Rodas la destitución de Ramírez, pero su petición no fue tomada en cuenta.
Dos exrelatores Contra la Tortura
Los últimos dos candidatos comparten objeciones por los mismos hechos, una presunta negligencia y operaciones a favor de actores políticos con procesos penales, hechos presuntamente registrados de de 2014 a 2019, cuando ocupaban el rol de Relatores Contra la Tortura.
Eso según las tachas que presentó la ciudadana Eleonora Muralles, representante de la Asociación de Familiares y Amigos Contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS).
Se trata de los candidatos Carlos Alberto Solórzano Rivera y Silvia Lucrecia Villalta Martínez, que según las objeciones ambos habrían trato de incidir a favor de actores vinculados en procesos penales.
El documento explica que ambos habrían tratado de incidir en órganos jurisdiccionales, violentando así uno de los principios clave del sistema jurídico, la independencia judicial.
La ciudadana @elmuralles presentó objeciones contra los aspirantes a @PDHgt Silvia Villalta y Carlos Solórzano.
Los considera no idóneos por haber usado el cargo de relatores contra la tortura a favor a sindicados de corrupción y otros delitos, ejerciendo presión contra jueces. pic.twitter.com/erVHhcFmbe— FADS (@FADSGuatemala) May 26, 2022
