Los discursos de campaña del presidente Alejandro Giammattei en los que prometía una férrea lucha contra la corrupción quedan cada vez más relegados. A medida que avanza el primer año de gobierno, al menos cinco casos de posible corrupción se han revelado.
La mala administración de recursos públicos ha sido denunciada por parte de distintos sectores en al menos tres carteras: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Ministerio de Cultura y Deportes y Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
Las denuncias son por favorecer proveedores en las adquisiciones públicas y posible fraude, en el caso del MSPAS; baja ejecución presupuestaria y una contratación excesiva de asesores 029, en el MCD y la compra improvisada de galletas por Q14.6 millones con la excusa de combatir la desnutrición.
También se cuestiona la falta de transparencia en los registros de donaciones recibidas durante el estado de calamidad por parte de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred). (Ver recuadros)
Los escándalos por el probable manejo indebido del erario han motivado al procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, a solicitar la destitución de dos ministros, Silvana Martínez, en el MCD, y Hugo Monroy. Ambos fueron removidos de sus cargos en septiembre y junio, respectivamente.
El procurador, que también ha recomendado remociones en el (Mides) y Ministerio de Comunicaciones (Civ), afirma que la corrupción afecta la prestación de servicios públicos y ello representa un obstáculo al goce pleno de los derechos humanos.
“La dignidad es la esencia de los derechos humanos. El Estado debe buscar el bien común, eso dice la Constitución, y el mecanismo para lograrlo es a partir de los servicios públicos”, comenta Rodas.
El titular de la procuraduría considera que el gobierno, dirigido por el presidente, ha sido incapaz de lograr transparencia y probidad en el manejo de fondos públicos y representa “un continuismo, más de lo mismo, con cambio de rostros”, en relación con gobiernos anteriores.
Cuestionamientos
Gabriela Ayerdi, de Acción Ciudadana (AC), reconoce que el gobierno ha tenido avances, entre estos está el trabajo coordinado que hace la Comisión contra la Corrupción, que dirige Oscar Dávila, con el Ministerio Público y los portales de transparencia que habilitó el Ministerio de Finanzas que permiten seguir el curso de los fondos asignados por la pandemia.
Sin embargo, sería aventurado afirmar que la transparencia y la lucha contra la corrupción es un eje de principal de la administración del presidente Giammattei, afirma Ayerdi. Citó como ejemplo el hecho que, al inicio de la pandemia, solicitudes de información pública sobre el manejo de la crisis sanitaria y fueron denegadas con la justificación que había órdenes del presidente de no entregar lo requerido. No se presentaba ningún argumento legal.
Uno de los retos pendientes, dice la entrevistada, es proponer una reforma al sistema de servicio civil que permita que quienes ocupen puestos clave en la administración pública lo hagan por méritos y no por favores políticos.
Por su parte, Pablo Hurtado, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), reconoce los avances que cita Ayerdi. Hurtado agrega que el aparato gubernamental enfrenta desafíos y tiene debilidades desde varios años atrás. Por ese motivo, es difícil endilgar responsabilidades sin tomar en cuenta esos antecedentes.
El experto cuestionó los procesos de selección de las máximas autoridades de algunas instituciones que deben velar por la buena ejecución de los recursos, como la Contraloría General de Cuentas, por ejemplo. No se suele privilegiar la carrera profesional interna y tampoco existen condiciones para garantizar la independencia de los funcionarios.
“Desde la elección (de las autoridades de las instituciones de control) ya hay elementos que ponen cuesta arriba el garantizar un debido cumplimiento de sus funciones”, explicó Hurtado.
“El gobierno está comprometido”
Francis Masek, secretaria de comunicación social de la presidencia, dijo que existe un compromiso por medio de la comisión presidencial contra la Corrupción, en identificar y denunciar posibles casos de corrupción con el fin de recuperar la confianza y credibilidad en las instituciones.
“Se trabaja en concordancia con la disposición gubernamental de transparencia del gasto público, para que este sea de beneficio de toda la población”, dijo Masek.
De momento, hay investigaciones abiertas tanto en la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público y Contraloría General de Cuentas. Las mismas buscan esclarecer todas las denuncias que se han presentado.
Los cinco casos
- Estructura de corrupción en el MSPAS: En abril, cuando recién iniciaba la escalada de contagios, la Comisión contra la Corrupción denunció una estructura que confabuló en el MSPAS para cometer fraude contra la institución. Se integraba por ocho personas del área administrativa, según afirmó el presidente Alejandro Giammattei.En esa ocasión el Procurador de los Derechos Humanos solicitó la destitución del entonces ministro, Hugo Monroy.
- Favoritismo en la compra de pruebas: En la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público hay en marcha una investigación para determinar si el MSPAS favoreció a la empresa Labymed S.A. con la compra de pruebas para detectar coronavirus.La investigación surge a raíz de cuestionamientos de diputados de la UNE en la que se refiere que la empresa había ganado hasta el 26 de agosto el 94 por ciento de las adjudicaciones por pruebas de antígeno, a precios unitarios de Q198, pese a que otras empresas ofertaron menos.Generó dudas el hecho que el 7 de abril Labymed regaló al hospital temporal del Parque de la Industria una máquina para procesar muestras.
- Asesores en Cultura y Deportes: El 9 de septiembre, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, solicitó la destitución de la ministra de Cultura y Deportes, Silvana Martínez derivado que en una citación con la Comisión de Cultura y Deportes en el Congreso se reveló que, de Q622 millones del presupuesto de dicha cartera, solo se había ejecutado Q3 millones en inversión.Sin embargo, paralelo a ello se determinó la existencia de 971 plazas 029, “un exceso de contrataciones de asesorías que no generan beneficios o inversión”, afirmó el PDH.
- Compra millonaria de galletas: El 30 de septiembre, último día que estaba vigente el Estado de Calamidad, el Fondo de Desarrollo Social (Fodes) del Mides publicó a las 10:34 horas un evento para adquirir 11 millones 111 mil 110 galletas tipo dulce de 28 gramos para niños en 22 departamentos. Antes de que culminara el día, a las 18:15 horas, la junta calificadora adjudicó el evento a Continental Alimentos y Bebidas S.A. por Q14 millones 666 mil 664.La compra, que se hizo en tiempo record, fue cuestionada por la bancada UNE en una citación con autoridades del MIDES. Los congresistas reprocharon que no se contaba con aval del Ministerio de Educación, tampoco fue requerido por la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Ministerio de Salud o el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria (Conasan).
- Falta de transparencia en donaciones: Durante los siete meses que duró el estado de calamidad, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres no visibilizó las donaciones que recibió el Estado de parte de empresas. Fue hasta la semana pasada que se habilitó un portal, sin embargo, falta información de 785 donaciones sobre en qué consistió el aporte y quién fue el donante. La justificación de Conred es que la información se debe solicitar vía información pública a cada ministerio.
