Casi dos meses después del anuncio del fiscal a los abogados de la agrupación les ha sido negado el acceso al expediente en el Ministerio público (MP) más de 30 veces.
“Nosotros no hemos tenido acceso a ninguna carpeta ministerial en este momento seguimos pendientes de que, aun en este caso, siendo parte, siendo los denunciantes, no hemos tenido acceso incluso después de 30 veces”, declaró la abogada Andrea Reyes que forma parte de la agrupación, aunque señala que en los tribunales si han tenido acceso al archivo.
En dos ocasiones, Curruchiche ha informado sobre los detalles del caso, la primera vez en julio y la siguiente un mes después. Sin embargo, Reyes denuncia que no conocen los detalles por los que se les investiga.
“Desconocemos incluso los cargos de los que se nos acusan, se acusa al partido, luego se dice que no es parte; se acusa a una persona, luego se dice que no es parte”, agregó.
El partido ha mantenido la narrativa que la investigación tiene tintes políticos. Por su parte la fiscalía sostiene que las indagaciones que realizan son sin sesgo político ni ideológico.
“Es una especie de estrategia contra insurgente de algunos actores contra afiliados del partido”, reiteró Reyes.
Durante el periodo de investigación, el fiscal solicitó al Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal que se ordenara la suspensión temporal de la personalidad jurídica del partido que luego fue dictaminada por el juez A, Fredy Orellana, así como dos órdenes de captura contra dos integrantes el partido.
La ciudadanía y el binomio ha tachado al ente de tener como objetivo el rompimiento del orden constitucional. El MP por su parte refiere una campaña de desinformación que busca “generar desestabilización en el país”.
El origen
El caso se deriva de la denuncia de un ciudadano en el Departamento de Organizaciones Políticas en 2022 por la presunta falsificación de su firma en las hojas de adhesión, antes que el partido fuera constituido como tal.
La unidad respondió que no les competía dicha investigación, por lo que la persona acudió al MP, donde la denuncia fue ingresada en la Fiscalía de Delitos Electorales.
Asimismo, en marzo de este año, la agrupación se apersonó en el MP a denunciar una firma falsificada en los mismos folios. Un mes después, Bernard Arévalo confirmó que el caso había sido trasladado a la Feci.
Hallazgos
Los detalles que se conocen hasta el momento indican que en los libros de adhesión se encuentran, por lo menos, 18 personas fallecidas que fueron afiliadas, 319 a quienes no coincide el nombre con el Documento Personal de Identificación (DPI).
También la Feci señala que detectaron que a 613 personas a las que no aparece ni el nombre ni el DPI, también explicó que hay 184 personas repetidas en los libros de afiliación.
Curuchiche aseguró recientemente que han encontrado 1 mil 124 irregularidades contando solamente el 20% de las 25 mil 111 firmas que presentó el partido ante el TSE.
“Esos documentos personales de identificación son inexistentes, son falsos, fueron inventados por el partido político Movimiento Semilla para llegar al número que establecía la ley”, advirtió el fiscal.
Derivado de la investigación también se anunciaron órdenes de captura. En julio el juez Orellana ordenó la captura de dos exintegrantes del partido, Cinthya Rojas y Jaime Gudiel Arias.
Reyes comentó que a pesar de la existencia de la orden de aprehensión, el abogado de Rojas se ha presentado a los juzgados a requerir información; sin embargo, le indican que su defendida no es parte del caso.
“El abogado de la afiliada que en este momento se encuentra bajo resguardo, por la orden de captura en su contra se apersonó al juzgado y le dijeron que no era parte”, refirió Reyes.
Además, añadió que han tenido acceso a la carpeta en Tribunales y no existen órdenes de captura.
Otros alcances
Otros datos dados a conocer por Currichiche han permitido conocer que también se hacen averiguaciones al respecto del Sistema Informático de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep) y sus digitadores.
De acuerdo con lo señalado por el fiscal en agosto, la Feci tiene ya en curso una investigación en contra de Gustavo Villamil, de nacionalidad colombiana. Supuestamente, Villamil tuvo acceso al Trep, además de otras personas extranjeras.
Misma razón por la que se investiga al subdirector del Departamento de Informática del TSE, Jorge Santos. En esa línea, la Feci solicitó los listados de digitadores contratados para el proceso electoral.
Cuando la investigación inició, se realizó una diligencia de allanamiento y secuestro de evidencia en las oficinas de Registro de Ciudadanos para obtener los archivos relacionados con el partido Semilla.
Suspensión
Derivado de la orden de Orellana de suspender al partido, la semana pasada el Registro de Ciudadanos dejó provisionalmente en pausa a la agrupación.
Sin embargo, el pleno de magistrados resolvió no conocer de fondo el recurso de nulidad de Semilla respectivo, ya que consideran que “no resulta razonable ni prudente exponer la vigencia de la personalidad jurídica de las organizaciones políticas”.
