Hasta octubre del 2016, los Codedes habían erogado la mitad de su asignación, lo que significa que si la tendencia continúa como hasta ahora, este año terminaría sin haber ejecutado ni el 70 por ciento.
Eso repercute en que no se concretan obras como la construcción de infraestructura para salud y educación, la rehabilitación de caminos vecinales y proyectos de agua entubada, entre otros.
Las causas
Las tres pesadillas del Ejecutivo y de los Codedes durante todo el año fueron la Ley de Contrataciones del Estado, la del Presupuesto 2017 y el cambio constante de gobernadores departamentales.
Las tres han sido consideradas obstáculos para la adecuada ejecución por el presidente Jimmy Morales, alcaldes y otros funcionarios.
En el primer año de gobierno generalmente se considera que la inexperiencia de los nuevos funcionarios administrativos y el tiempo que lleva capacitarse es la causa de la baja ejecución, pero esta vez son los candados legales.
El Gobierno se imaginaba que la ejecución sería baja, por lo que desde mayo comenzó a hacer llamados al Congreso para modificar la legislación.
El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) también pidió modificar la Ley del Presupuesto de este año.
“Desde el Conadur hacemos este llamado al Congreso para que haga los cambios pertinentes en la Ley del Presupuesto, ya que los artículos 100, 97, 68, 23 y 76 están frenando —la ejecución—”, expresó el gobernante.
La Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) se sumó al pedido.
Varios alcaldes abogaron por que el Legislativo modifique la normativa, al justificar que están a favor de la transparencia, pero en contra de “candados malintencionados” que no permiten la fácil ejecución de los recursos.
El artículo 100 es el que más ha interferido, porque obliga a la integración de una comisión especial para que haga un inventario de obras que presenten obligaciones pendientes de pago y que debe ser presentado al Congreso.
El incumplimiento en ese requisito hizo que la Contraloría General de Cuentas presentara denuncias, lo que a la vez generó temor entre personal administrativo que piensa dos veces qué pagos y compras firma.
A esa situación se sumó la remoción de gobernadores que ordenó al presidente la Corte de Constitucionalidad.
Coyuntura impactó
Para el experto en gobiernos locales Edy Cifuentes, la crisis política “hizo pólvora” algunas expectativas de inversión que había para este año.
“Recursos había, y se quiso creer que los alcaldes eran por sí los malos ejecutores, pero no; radica al final en el Ministerio de Finanzas esa oprobiosa jugada”, dijo el analista.
De acuerdo con Cifuentes, es difícil que a estas alturas del año se cumplan las expectativas o mejore de manera sustantiva la ejecución.
¿Influyó la crisis?
Aunque la crisis política no tuvo por qué haber afectado los desembolsos hacia los Codedes, pues de hecho el presidente Jimmy Morales ha mencionado en varias ocasiones que se ha cumplido con las entregas puntuales a estos, la influencia de la incertidumbre los pudo haber alcanzado, aparte de los problemas esgrimidos por el Gobierno.
De ser así, el impacto fue mucho menor que hace dos años, porque si bien el 2017 terminaría bajo, en el 2015, cuando renunciaron los gobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, la ejecución terminó en un 30 por ciento.
Plan sin candados
En el proyecto de presupuesto del 2018 no se contempla ninguno de los candados, pero eso también despierta dudas en algunos diputados de oposición y sectores que cuestionan el grado de transparencia que existiría para hacer transferencias.
Tanto el artículo 100 como el 97, que también incluía un criterio en el que la Contraloría y otras entidades debían supervisar qué proyectos podían ser elegibles para recibir fondos, fueron eliminados.
